Junto con el engranaje electoral, el alperovichismo pondrá en marcha una batería de obras públicas en la capital y en el interior. A tal punto llega el apuro oficialista que, debido al feriado del jueves, la Cámara será convocada para sesionar en la mañana del sábado.
El primer paso lo dará el bloque mayoritario de legisladores. El presidente de Tucumán Crece, Roque Alvarez, convocó para hoy a las 12 a los restantes 40 miembros de la bancada. Seis son, hasta el momento, los asuntos que el oficialismo pretende llevar al recinto.
Con la intención de dar un fin específico a los recursos que prestará la Provincia a municipios y comunas, mediante el Fondo Fiduciario ya instrumentado, se creará el Programa Provincial de Infraestructura Vial. Se facultará al Ministerio del Interior a firmar convenios con Vialidad provincial para pavimentar, según la idea del Gobierno, entre cuatro y cinco cuadras por semana, tanto en la capital como en el interior. “Sin dudas, el equipamiento de Vialidad es el más importante del país, hoy contamos con 29 máquinas pesadas, 13 camiones grandes y cuatro chicos. Sólo tenemos que comprar el cemento y el combustible, porque la repartición cuenta con una planta para hacer concreto y una trituradora de áridos”, detalló Alvarez, que participó de una reunión con el vicegobernador, Juan Manzur, con el ministro del Interior, Osvaldo Jaldo, y con los titulares de Vialidad, Raúl Basilio y de la Vivienda, Gustavo Durán.
Otro de los objetivos del Gobierno es reimpulsar las obras de repavimentación de rutas. La Legislatura deberá aprobar un mecanismo de pago para que, una vez licitados y adjudicados los trabajos, el Poder Ejecutivo sea garante de una línea de créditos que las empresas contratistas podrán tomar con el Banco Tucumán, por hasta $ 20 millones. Si bien se trata de proyectos financiados por la Nación mediante aportes no reintegrables, el circuito legal establece que los dos primeros certificados de obra deben ser pagados por la Provincia (se instrumentarán cheques diferidos a 90 días) y, a partir del tercero, los fondos son girados desde el poder central. El proyecto establece que, si a los 180 días de remitidos los certificados de obra, Vialidad no hubiese recibido los recursos, el PE deberá cancelar la deuda de los contratistas con el Banco Tucumán.
Las obras por ejecutar en seis rutas del interior responden a convenios firmados en 2007 entre la Nación y la Provincia, pero cuyos precios fueron actualizados en enero a un valor global de $ 340 millones.
El tercer proyecto referido a obras públicas involucra la construcción -mediante contrataciones directas- de 1.348 viviendas. La Legislatura debe autorizar al PE a firmar el convenio con la Nación. A diferencia de las anteriores operatorias, estos módulos serán financiados por la Anses mediante un fideicomiso del Banco Nación, por lo que la Provincia deberá devolver los recursos. Cada vivienda, de 47 metros cuadrados, tiene un costo de unos $ 100.000 (la Nación aportará $ 92.000, por lo que $ 8.000 es lo que, se estima, afrontará el PE con recursos propios).
Además, los legisladores tratarán en el recinto la adhesión provincial al decreto nacional que coparticipa un 30% de los ingresos correspondientes a las retenciones a las exportaciones (denominado Fondo Federal Solidario).
