Ex empleados de la firma Diavil SRL, que durante los 90 tuvo a su cargo la recolección de residuos en San Miguel de Tucumán, presentaron una denuncia en contra del Gobierno provincial y de la Municipalidad ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Según los trabajadores, del Estado depende el pago de las sentencias en los juicios iniciados contra la empresa. Denunciaron que alrededor de 500 familias se encuentran afectadas por las "reiteradas e inconstitucionales leyes de emergencia económica dictadas y por la poca voluntad de los funcionarios de dar una solución a este problema, que afecta a 500 familias que cuentan con sentencias definitivas en su favor desde 1996".







