Mientras continúa la polémica sobre la cobertura de la treintena de vacantes en Tribunales, sigue adelante la tramitación de las causas por las que se ha cuestionado la constitucionalidad de la Ley 8.136. Esta norma posibilitaba que los poderes políticos designaran directamente jueces provisorios o subrogantes sin un mecanismo que permitiera sopesar la idoneidad de los postulantes.
La fiscala ante la Cámara en lo Contencioso Administrativo, Elena Sangenis, aconsejó que sea rechazado el planteo de nulidad que había planteado la Fiscalía de Estado (la Provincia es la parte demandada) contra la importante resolución del 21 de diciembre del año pasado. Ese día, Rodolfo Novillo, vocal de la Sala II de dicha cámara, ordenó cautelarmente la suspensión del polémico sistema que preveía la Ley 8.136.
En el dictamen, si bien no es vinculante, Sangenis también destacó que la Cámara en lo Contencioso Administrativo y no la Corte Suprema de Justicia -como sostiene el Gobierno- es la competente para entender en una causa como la intentada por los abogados Guillermo Avila Carvajal y Félix R. de la Peña contra la Ley 8.136
La fiscala ante la Cámara en lo Contencioso Administrativo, Elena Sangenis, aconsejó que sea rechazado el planteo de nulidad que había planteado la Fiscalía de Estado (la Provincia es la parte demandada) contra la importante resolución del 21 de diciembre del año pasado. Ese día, Rodolfo Novillo, vocal de la Sala II de dicha cámara, ordenó cautelarmente la suspensión del polémico sistema que preveía la Ley 8.136.
En el dictamen, si bien no es vinculante, Sangenis también destacó que la Cámara en lo Contencioso Administrativo y no la Corte Suprema de Justicia -como sostiene el Gobierno- es la competente para entender en una causa como la intentada por los abogados Guillermo Avila Carvajal y Félix R. de la Peña contra la Ley 8.136







