Es incierta la construcción de un edificio legislativo

Manzur dice que todo dependerá de la crisis.

Por Redacción Política 04 Marzo 2009

La construcción del nuevo edificio del Poder Legislativo dependerá del impacto que tenga la crisis económica en las finanzas provinciales. Así lo reconoció el vicegobernador, Juan Manzur, quien justificó la inversión de casi $ 93 millones en el proyecto.
La Ley 8.073, promulgada en junio de 2008, faculta al presidente de la Cámara a contratar en forma directa a la empresa que construirá el inmueble. El año pasado, cuando se sancionó la norma, los propios legisladores del justicialismo barajaban un costo aproximado de $ 35 millones. Sin embargo, el presupuesto oficial de la obra es tres veces mayor a la cifra inicial.
“Evaluó el proyecto con los montos presupuestados y dio el acuerdo para poder continuar. A partir de ahora viene el proceso administrativo para ver cómo ponerlo en marcha”, aseveró ayer el vicegobernador, en alusión a la intervención del Tribunal de Cuentas, que no formuló observaciones al monto estimado que demandará la obra.
A pesar de que no existen objeciones legales, Manzur aclaró que la marcha del proyecto dependerá de la disponibilidad de recursos. Incluso, pese a que el plazo estipulado es de 24 meses, el vicegobernador estimó que el tiempo de ejecución será de “por lo menos tres años”. “Aunque con la situación económica no sabemos. La idea es tener el proyecto y avanzar hasta donde lleguemos”, enfatizó.
La elaboración del proyecto ejecutivo de la obra, en manos del estudio porteño Peralta Ramos-Sepra (sigla de Sánchez Elía, Peralta Ramos y Agostini) Arquitectos SA, fue justificada por Manzur. “Buscamos a la gente que más experiencia tiene en edificios administrativos de estas características. El estudio es reconocido en el ámbito nacional e internacional. “Todos los actos del Gobierno son transparentes, por eso todo lo que hacemos va a los órganos de contralor, tal cual lo dicen las normas”, dijo.
Manzur, finalmente, adelantó que se cursarán invitaciones para que empresas locales coticen el precio de la obra, dentro del presupuesto oficial elaborado por el estudio de arquitectura foráneo.

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