Mediante cinco acordadas, el Tribunal de Cuentas (TC) frenó la contratación de un paquete de obras habitacionales por casi $ 118 millones, requerido por el Instituto Provincial de Vivienda y Desarrollo Urbano (Ipvdu).
Las objeciones del órgano de contralor refieren a cuestiones administrativas de los expedientes enviados por la repartición provincial. Se trata de resoluciones en las que el Ipvdu, luego de que fracasaran los intentos licitatorios y de cotejo de precios, autorizó varias contrataciones directas para la construcción de 850 viviendas con infraestructura (180 en El Chañar, 300 en la capital, 40 en Rumi Punco, 80 en Bella Vista y 250 en Famaillá).
En todos los casos, los argumentos esgrimidos por el Tribunal de Cuentas se repiten a la hora de “observar con carácter de formal oposición” cada resolución. Según consta en los Acuerdos Nº 212 a 216, inclusive, por distintas razones fracasaron los procesos licitatorios abiertos, tras lo cual el Ipvdu recurrió a efectuar cotejos de precios entre las empresas interesadas. Estos procedimientos también fueron declarados nulos por el organismo, por lo que optó por la vía de las contrataciones directas.
El Tribunal de Cuentas puso el acento en los presupuestos de las obras que se deben ejecutar. Ocurre que, desde el llamado a licitación hasta la contratación directa, cada proyecto fue elevando su presupuesto. Por ejemplo, el pliego licitatorio para la construcción de 250 casas e infraestructura en Famaillá incluyó un presupuesto oficial por $ 28,6 millones, mientras que para la contratación directa (tercera y última alternativa), el desembolso del Ipvdu sería de $ 33,7 millones. En el caso de la capital, el cotejo de precios inicial para la edificación y realización de obras de infraestructura de 300 viviendas partió desde $ 32,6 millones; pero hubiese sido contratada en forma directa por $ 42,2 millones.
En los considerandos de sus acordadas, el Tribunal de Cuentas cuestiona que el Instituto de la Vivienda haya modificado las condiciones iniciales de cada llamado a licitación, con la sóla explicación de que “el presupuesto original resulta insuficiente a los fines de la obra”. Reconoce, a su vez, que la Ley de Obras Públicas permite al Ipvdu prescindir de la licitación pública, pero que “entre las diversas posibilidades de excepción a la licitación pública debe elegirse una, quedando en tal caso excluida la otra”.
“El Ipvdu acudió ya a la licitación pública y al concurso de precios, por lo que queda excluido el procedimiento de adjudicación directa. El presupuesto de la obra ha variado y, en consecuencia, ha variado una de las bases de la licitación. El nuevo valor habilita la necesidad de un nuevo llamado a licitación pública. Ello es así por cuanto no se lo utiliza dentro de un mismo procedimiento (concurso de precios), en cuyo caso no se hubiera violado el principio de igualdad, sino que se lo actualiza a posterior y a los efectos de una adjudicación directa”, cuestionaron el presidente del TC, Miguel Terraf, y el vocal Sergio Díaz Ricci.
En tanto, el órgano de control objetó que se hayan modificado las fuentes de financiamiento, ya que inicialmente los recursos serían aportados directamente por la Nación pero, finalmente, también la Provincia aportaría dinero para las obras en cuestión.
