Por Redacción Política
16 Febrero 2009
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Representantes del Poder Legislativo y de los colegios de abogados de la provincia se reunirán mañana para dialogar sobre una eventual salida al conflicto por la cobertura de una treintena de vacantes en la Justicia tucumana.
"El vicegobernador, Juan Manzur, no me impuso ninguna restricción, salvo la necesidad de que la designación de los futuros jueces responda a un sistema lo más transparentemente posible", aseguró a LA GACETA Francisco Sassi Colombres.
El ex secretario general y ex fiscal de Estado de José Alperovich fue designado por Manzur para que mañana, a las 12, se reúna con los representantes de los colegios de letrados de la capital y del sur tucumano.
"Recabaré las posiciones de cada uno y trataré de consensuarlas. Luego le comunicaré los resultados al vicegobernador, que adoptará las decisiones más convenientes para terminar con este conflicto", aseveró el ex funcionario.
Aclaró, además, que su actitud en las conversaciones será amplia, franca y sin ningún tipo de reservas. "El Poder Judicial necesita una urgente solución para su normalización, ya que es nuestra obligación es preservar los derechos de quienes asisten a la Justicia".
El de mañana será el segundo cónclave, ya que el primero tuvo lugar hace una semana, cuando representantes de los letrados visitaron a Manzur en la Casa de Gobierno que, por el viaje a España de Alperovich, se encontraba al frente del Ejecutivo.
La polémica radica en que el oficialismo pretende que el acuerdo con los abogados se limite a la selección y designación de jueces subrogantes, para que una futura reforma de la Constitución defina la integración definitiva del Consejo Asesor de la Magistratura (CAM).
Los letrados, mientras tanto, insisten en que cualquier solución pasa por la conformación de un Consejo de la Magistratura único, que se encargue de la selección de los jueces subrogantes y de los definitivos mediante la celebración de concursos públicos.
Una controversia de larga data
Desde julio de 2006, representantes de los abogados no visitaban la Casa de Gobierno, como consecuencia de la controversia judicial que la entidad profesional de la capital mantiene con el Gobierno.
La cantidad de vacantes por cubrir (suman 32) se debe, principalmente, al hecho de que, desde mediados de 2008, numerosos jueces iniciaron los trámites para jubilarse luego de que la provincia consiguió que, al igual que los federales, pudieran retirarse con el beneficio del 82 %.
El 21 de diciembre de 2008, Rodolfo Novillo, camarista en lo Contencioso Administrativo, dictó una medida cautelar por la que prohibió la aplicación de la Ley 8.136, que permitía a los poderes políticos designar directamente, sin ningún mecanismo de selección previa, jueces provisorios o subrogantes.
La Ley 8.136 había sido sancionada, porque, en estos momentos, en Tucumán no se pueden designar jueces en forma definitiva, como consecuencia de la causa que enfrenta al Colegio de Abogados y al Gobierno sobre la constitucionalidad de normas de la Carta Magna reformada en 2006. LA GACETA ©
"El vicegobernador, Juan Manzur, no me impuso ninguna restricción, salvo la necesidad de que la designación de los futuros jueces responda a un sistema lo más transparentemente posible", aseguró a LA GACETA Francisco Sassi Colombres.
El ex secretario general y ex fiscal de Estado de José Alperovich fue designado por Manzur para que mañana, a las 12, se reúna con los representantes de los colegios de letrados de la capital y del sur tucumano.
"Recabaré las posiciones de cada uno y trataré de consensuarlas. Luego le comunicaré los resultados al vicegobernador, que adoptará las decisiones más convenientes para terminar con este conflicto", aseveró el ex funcionario.
Aclaró, además, que su actitud en las conversaciones será amplia, franca y sin ningún tipo de reservas. "El Poder Judicial necesita una urgente solución para su normalización, ya que es nuestra obligación es preservar los derechos de quienes asisten a la Justicia".
El de mañana será el segundo cónclave, ya que el primero tuvo lugar hace una semana, cuando representantes de los letrados visitaron a Manzur en la Casa de Gobierno que, por el viaje a España de Alperovich, se encontraba al frente del Ejecutivo.
La polémica radica en que el oficialismo pretende que el acuerdo con los abogados se limite a la selección y designación de jueces subrogantes, para que una futura reforma de la Constitución defina la integración definitiva del Consejo Asesor de la Magistratura (CAM).
Los letrados, mientras tanto, insisten en que cualquier solución pasa por la conformación de un Consejo de la Magistratura único, que se encargue de la selección de los jueces subrogantes y de los definitivos mediante la celebración de concursos públicos.
Una controversia de larga data
Desde julio de 2006, representantes de los abogados no visitaban la Casa de Gobierno, como consecuencia de la controversia judicial que la entidad profesional de la capital mantiene con el Gobierno.
La cantidad de vacantes por cubrir (suman 32) se debe, principalmente, al hecho de que, desde mediados de 2008, numerosos jueces iniciaron los trámites para jubilarse luego de que la provincia consiguió que, al igual que los federales, pudieran retirarse con el beneficio del 82 %.
El 21 de diciembre de 2008, Rodolfo Novillo, camarista en lo Contencioso Administrativo, dictó una medida cautelar por la que prohibió la aplicación de la Ley 8.136, que permitía a los poderes políticos designar directamente, sin ningún mecanismo de selección previa, jueces provisorios o subrogantes.
La Ley 8.136 había sido sancionada, porque, en estos momentos, en Tucumán no se pueden designar jueces en forma definitiva, como consecuencia de la causa que enfrenta al Colegio de Abogados y al Gobierno sobre la constitucionalidad de normas de la Carta Magna reformada en 2006. LA GACETA ©
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