Cada provincia es autónoma e indepediente para disponer el mecanismo de designación de jueces más conveniente en la Constitución local, según sea el criterio político predominante. Esta posición fue reiterada por la Corte Suprema de Justicia de la Nación hace tres años, en una causa impulsada por el Colegio de Abogados de Tucumán, antes de que se iniciaran los procesos contra la reforma en los tribunales tucumanos.
La trascendencia del fallo fue remarcada en un relevamiento realizado por la Asociación por los Derechos Civiles (ADC), en el que destacaron las sentencias más importantes emitidas por la Corte de la Nación en el período 2003/2007. Esto evidencia, además, que la situación generada en torno de este tema en la provincia es motivo de seguimiento y análisis de distintos organismos y especialistas en el país.
La decisión del tribunal supremo de la Argentina fue dictada en la presentación efectuada por el colegio profesional tucumano en diciembre de 2004. En su planteo, la entidad cuestionaba la supresión del Consejo Asesor de la Magistratura de entonces (ocurrió un año antes del planteo, a poco de asumir José Alperovich su primer mandato). En el escrito reclamaba la implementación de un proceso de selección de postulantes a través de concursos públicos, para que se garantice la idoneidad de los futuros jueces. El pronunciamiento judicial fue en marzo de 2006, antes de la reforma de la Constitución provincial.
En su sentencia, la Corte nacional determinó que el tema no podía ser resuelto en su competencia originaria, aunque posiblemente sí podría actuar en caso de recursos de apelación sobre fallos de tribunales inferiores, como el planteado tanto por el Gobierno como por la representación de los letrados en la causa contra la reforma, sobre la sentencia del máximo tribunal provincial.
La Corte nacional recordó que las provincias tienen autonomía para diseñar el régimen de designación de magistrados. Esta es una facultad no delegada a la Nación, y que debe ser analizada por los magistrados locales en caso de cuestionamientos. El tema se reactualiza frente a la decisión del gobernador, José Alperovich, de reformar la Carta Magna.
"Sano criterio"
La decisión firmada por Santiago Petracchi, Elena Highton de Nolasco, Carlos Fayt, Juan Carlos Maqueda y Carmen Argibay fue elogiada por la ADC, que calificó como "sano criterio" el mantenerse al margen de esa disputa en tanto no sean violados principios de la Constitución nacional.
"Los fuertes desacuerdos y las luchas internas sobre el modo de designar a los jueces locales ponen en evidencia la fragilidad institucional que exhibe la mayoría de las provincias argentinas. A su vez, el hecho de que se recurra a la Corte Suprema federal pone de relieve la carencia de mecanismos viables en el ámbito local o la desconfianza que se tiene de que ellos puedan resolver esos conflictos", advirtieron Juan González Bertomeu, Sebastián Schvartzman y Marcela Aisenstein, miembros de la ADC que elaboraron el capítulo sobre "Designación, garantías y destitución de magistrados", en el informe de esa ONG.
