“Aráoz sólo mantuvo reuniones a título personal y no ha acordado nada”

Integrantes de la Alianza Alberdi-Moreno-Verde, sector interno al que pertenece el presidente del Colegio de Abogados, Eudoro Aráoz, se manifestaron ayer con contundencia. "El ya ha dejado aclarado que no acordó absolutamente nada respecto del sistema de designación de jueces, y que a las reuniones con funcionarios las mantuvo a título personal, para informar luego al consejo directivo". Esto expresaron Francisco García Posse, Jorge Contrera, Juan Abraham Musi, Carlos Caramuti, Marcelo Fajre, Diego Lamoglia, Eduardo Rufino, Sara Asad, José Bulacio, Juan C. Ghiringhelli, Rodolfo Moisá, Antonio Tejerizo, Marcelo Billone y Jose María Adle, entre otros.
Los dirigentes revalorizaron el diálogo como mecanismo eficaz e indispensable para encontrar consensos en la diversidad, lo propio del sistema democrático. Sin embargo, aclararon: "esto debe tener estado público y debe darse en ámbitos oficiales y con la presencia de todos los actores sociales y políticos involucrados".
También ratificaron que, de acuerdo con los principios que la Alianza sostiene desde hace cuatro años, sin distinguir entre transitorios o definitivos, la designación de jueces independientes requiere por mandato constitucional: "a) la selección previa de los postulantes a través de un Consejo de la Magistratura integrado de manera equilibrada por todos los estamentos interesados en la administración de justicia, evitando la prevalencia de cualquiera de ellos, especialmente de los políticos. b) La ausencia del Poder Ejecutivo en la reglamentación del CAM. c) El sometimiento de todos los postulantes a un procedimiento trasparente e imparcial de concurso de antecedentes y oposición, que garantice el acceso de los mejores a todos los cargos del Poder Judicial".
Finalmente, cargaron contra el Poder Ejecutivo. "Es sospechosa la sobrevalorada difusión que hizo de las reuniones en las que participaron sus propios funcionarios. El cumplimiento de las normas legales y constitucionales, y el acatamiento de las sentencias, por parte de los poderes públicos, no depende de pactos, sino de un auténtico compromiso con la república y de una sincera vocación democrática. Bien haría el PE si respetara y aceptara los pronunciamientos judiciales sin inmiscuirse en la vida interna de las instituciones", recalcaron.