Con el fin de la feria judicial de verano, se reanudará la actividad normal en los tribunales federales a partir de mañana y se reactivarán las causas sobre delitos de lesa humanidad que involucran, principalmente, al ex gobernador Antonio Domingo Bussi.
Los procesos son tramitados en el Juzgado Federal Nº 1, al frente del cual está el juez federal subrogante Daniel Bejas, quien trabajó durante enero. El magistrado interino debe resolver si declara cerrada la etapa instructoria y eleva a juicio oral dos causas de peso contra el ex mandatario: el funcionamiento de centros clandestinos de detención en la ex Jefatura de Policía (avenida Sarmiento al 800) y en el ex arsenal Miguel de Azcuénaga (Las Talitas).
De pronunciarse en este sentido, los procesos podrían llegar a sustanciarse en este año en el Tribunal Oral en lo Criminal Federal. Este cuerpo condenó en agosto de 2008 a prisión perpetua al ex comandante del Operativo Independencia y a Luciano Benjamín Menéndez por la desaparición del senador justicialista Guillermo Vargas Aignasse. Hasta tanto la pena quede firme (está en revisión en la Cámara Nacional de Casación Penal), el fundador de Fuerza Republicana seguirá alojado en su casa del country del Jockey Club en Yerba Buena.
Por las reformas introducidas al Código Procesal Penal a principios del año pasado, aunque las defensas de los imputados apelen la elevación de una causa a juicio oral, el proceso no se suspende.
Además, Bejas tiene en su escritorio para la firma el procesamiento de Bussi en el juicio por supuestos tratos inhumanos y asesinatos cometidos contra militantes políticos en el penal de Villa Urquiza.
Instrucciones de la Corte
La aceleración de las causas vinculadas a los derechos humanos es una preocupación de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. En la acordada 42, del 29 de diciembre de 2008, el máximo tribunal exhortó a los jueces a extremar los recaudos en estos procesos y a imprimir celeridad a sus decisiones para resolver las situaciones de las personas inculpadas en un plazo razonable. Para ello dispuso la creación de una unidad de superintendencia en su ámbito, con la función de relevar las causas para lo que podrá requerir información relacionada con cada caso y evaluar las dificultades operativas que demoren los trámites.
“Todos los poderes del Estado han asumido una clara determinación para el juzgamiento de estos delitos, lo que no está exento de considerables inconvenientes que constituyen un desafío y exigen un alto nivel de coordinación”, destacó el tribunal supremo.
