BUENOS AIRES.- Uno de los deportes preferidos de la política argentina es el reclamo por una nueva ley de Coparticipación.
El dirigente que lo realiza lo puede hacer con la certeza de no correr el menor riesgo: sabe que la deseada ley no va a salir (hace 12 años que se está violando un mandato constitucional en ese punto y nadie se inmuta) y, además, queda ante su electorado como un defensor de los derechos federales.
Pero los tiempos que corren dan motivos más que valederos para insistir con el reclamo. Para decirlo en términos más que claros: la distancia entre los porcentajes de coparticipación fijados en la ley de 1988 y los vigentes marca la diferencia entre el déficit y el superávit en las cuentas públicas. Las de las provincias y las de la Nación.
Diez de los 12 meses del año pasado transcurrieron en medio de una puja sobre las retenciones a los granos y sus múltiples derivaciones. Una de ellas apuntaba al corazón de las relaciones fiscales argentinas: las retenciones no sólo no se coparticipan, sino que a su vez afectan a la base imponible de Ganancias, que sí se distribuye entre Nación y provincias. Quizás esa sea la razón principal del mantenimiento de un esquema tributario que pasó a constituirse en la garantía del más acérrimo centralismo de las últimas décadas: en veinte años, el porcentaje de recursos a repartir entre las provincias cayó del 57 a menos del 30. Y ese centralismo cobró nuevos bríos con la decisión del Gobierno nacional de declarar la Emergencia Agropecuaria pero sin ceder ni un milímetro en las retenciones. Como se señaló, estas últimas no se coparticipan, cualquier recorte afecta a las arcas nacionales. No es el caso de los tres impuestos comprendidos por la Emergencia (Ganancias, Ganancia Mínima Presunta y Bienes Personales), de los que las provincias deberán costear el 46% de los $ 5.000 millones de pérdida de recaudación. “A nivel provincial, Buenos Aires recibirá $ 337,7 millones menos producto de la reforma, seguida por Santa Fe ($ 191,1 millones) y Córdoba ($ 188,3 millones), de manera que estas tres jurisdicciones afrontarían cerca del 35% de la pérdida de recursos provinciales por coparticipación”, destacó la consultora Economía y Regiones.
De resultados
Los números de ese sesgo centralista muestran la existencia de un país con dos realidades diferentes, como ser un Estado nacional superavitario y provincias que año tras año profundizan su déficit. Las proyecciones privadas dan cuenta de un déficit financiero de U$S 600 millones en 2007 que pasó a 3.040 millones en 2008 y, en el mejor de los casos, llegará a 6.300 millones al finalizar este año. Más allá de las malas administraciones que pudieron haber en varias provincias, la duda que tienen varios gobernadores pasa por saber cómo habrían evolucionado esas cuentas si se hubiesen respetado los porcentajes de distribución primaria del régimen de Coparticipación.
Para no caer en un análisis de corto plazo, debe tenerse en cuenta que los tironeos al reparto de recursos entre la Nación y las provincias no comenzaron con el kirchnerismo. Mucho antes del 25 de mayo de 2003, el régimen de coparticipación había tenido tantas modificaciones que sus disposiciones originales quedaban absolutamente desvirtuadas. Cualquier consulta a un archivo mostrará una realidad invariable, consistente en una reunión de gobernadores en la sede del Consejo Federal de Inversiones, un acuerdo con el Gobierno nacional que supuestamente pone fin a las discusiones y 15 días después se reinician los reclamos, lo que da pie a un nuevo encuentro de gobernadores y a la continuidad del círculo vicioso. Que la puesta en escena se haya modificado no implica que los motivos de reclamo hayan desaparecido. Simplemente, las formas de acuerdo han cambiado. Si es que se puede llamar “acuerdo” a una relación entre un Estado nacional cada vez más poderoso y provincias cada vez más dependientes de la “caja”.
Y ese es el verdadero talón de Aquiles de todos los regímenes de coparticipación que se sucedieron desde 1935 hasta la actualidad: no hay posibilidad de que todas las jurisdicciones queden conformes porque el mecanismo es intrínsicamente negador del federalismo, a pesar de su pomposa denominación. En la medida que quienes participen del debate lo hagan convencidos de que federalismo es repartir recursos desde Plaza de Mayo, sólo queda por acordar si lo que se distribuye es mucho o poco, sin ir al meollo de la cuestión: el ABC del federalismo indica que son las provincias las facultadas para establecer y recaudar impuestos.
El caso testigo
Buenos Aires viene mostrando la consecuencia de un esquema que por más de siete décadas la condenó a recibir menos de lo que aporta. Es la necesaria contrapartida de otras provincias en la que se da la situación inversa, pero en ningún caso se puede asegurar que es reparto les haya dado a estas mayor independencia económica del poder central.
Transcurrido el primer mes del año, desde la provincia gobernada por Daniel Scioli ya se hicieron notar reclamos en los que subyace el señalado desfase entre lo aportado y lo recibido. El ministro de Justicia, Ricardo Casal, reclamó que la recaudación del impuesto al cheque se coparticipe conforme a la ley 23.548. El pedido apunta a necesidades de una provincia con dimensiones geográficas superiores a muchos países del planeta, pero que periódicamente debe recurrir a la asistencia financiera de un Estado nacional que se apoderó de sus recursos. De eso pudieron dar fe hace dos años el gobernador Felipe Solá y su ministro de Economía Carlos Fernández, virtual interventor de emergencia ante el creciente déficit local.
Una provincia que reclama asistencia financiada con los recursos que ella misma aporta. Cualquier semejanza con una persona que para comprar un automóvil o un calefón debe solicitar un crédito financiado con sus aportes jubilatorios, es pura coincidencia. (DyN)
