Para "descartar posibles adicciones a estupefacientes por parte de los legisladores", el dirigente azucarero Hugo Santillán (Bella Vista) pidió al presidente de la Cámara, Juan Manzur, que dé cumplimiento con la Ley 7.240. La norma ordena que los funcionarios superiores del Ejecutivo, Legislativo y Judicial se realicen los exámenes pertinentes "para determinar la presencia de drogas ilegales".
Santillán basó su pedido en la denuncia realizada por el legislador Hugo Balceda sobre supuestas relaciones entre el poder político y las drogas. "Estas imputaciones pusieron un manto de sospecha sobre los representantes del pueblo", consideró.
Por otro lado, Santillán solicitó al vicegobernador que, en base a la Ley de Etica Pública (25.188), el Gobierno dé a conocer las declaraciones juradas acerca de los bienes patrimoniales de los parlamentarios, intendentes y comisionados rurales, así como también sus dietas y demás sumas de dinero que perciban.
Santillán basó su pedido en la denuncia realizada por el legislador Hugo Balceda sobre supuestas relaciones entre el poder político y las drogas. "Estas imputaciones pusieron un manto de sospecha sobre los representantes del pueblo", consideró.
Por otro lado, Santillán solicitó al vicegobernador que, en base a la Ley de Etica Pública (25.188), el Gobierno dé a conocer las declaraciones juradas acerca de los bienes patrimoniales de los parlamentarios, intendentes y comisionados rurales, así como también sus dietas y demás sumas de dinero que perciban.







