El planteo de un grupo de concejales del interior para que se elimine el tope salarial de la dieta (establecida por el Pacto Social en $ 2.500 mensuales), generó críticas de parte de algunos intendentes e incluso de propios ediles.
La polémica surgió ayer, cuando se conoció la queja de los concejales que argumentaron que no les alcanza el dinero para responder a las urgencias sociales de los vecinos. Dijeron que debían sacar plata de su bolsillo para atender a esas urgencias de la gente. Sin embargo, otros dirigentes no coincidieron con ese criterio. "Los concejales tienen una caja chica a disposición", afirmó ayer el intendente de Monteros, Alberto Olea (PJ), al ser consultado por LA GACETA.
"Cada Concejo Deliberante tiene su presupuesto con partidas especiales asignadas para esos fines", resaltó. El jefe municipal insistió en que hay maneras de resolver esos casos. "Si alguien les pide una chapa o medicamentos, con sólo hablar por teléfono se puede solucionar en el acto, sobre todo cuando se trata de una cuestión social urgente", remarcó.
Además, Olea dijo que hay concejales que cobran más de $ 2.500 por mes. "Algunos tienen un título profesional, otros son empleados de carrera del municipio y a otros les corresponden las asignaciones familiares, lo que supera tranquilamente ese tope. Algunos pueden llegar a cobrar $ 4.500 o $ 5.000", precisó.
Pedidos vecinales
El reclamo había sido expuesto por los concejales Jesús Salim (de Famaillá), Ramón Carrizo y Marcelo Santillán (de Bella Vista), José Sosa (Aguilares) y Raúl Silva Soria y Sebastián Luna (de Banda del Río Salí). Ellos habían resaltado que las necesidades de la gente no pueden esperar a que se abriera un expediente administrativo, sino que debían resolverlo de manera inmediata. También habían explicado que los vecinos piden ayudas económicas para medicamentos o para pagar la boleta de la luz, entre otras razones.
El intendente de Lules, César "Kelo" Dip (PJ), mencionó que en esa ciudad tanto el Departamento Ejecutivo municipal como el Concejo Deliberante trabajan en forma conjunta ante los problemas de esa naturaleza. "En Lules, en esos casos los concejales, como una autoridad más, recurren ante la repartición municipal que corresponde y se buscan las soluciones", resaltó.
"No rechazo el planteo de los concejales, pero no coincido con los argumentos que señalaron. Hablo de lo que ocurre en Lules, porque no conozco cómo se manejan en otros municipios. Aquí trabajamos de manera conjunta, uno al lado del otro", aseveró.
El concejal de Monteros, Víctor Peralta (Participación Cívica), se manifestó contrario al planteo de sus pares de otras ciudades. "Es un despropósito plantear una suba de la dieta. Nosotros tenemos que trabajar para lograr la institucionalidad y recuperar la confianza del vecino. Hay que ser solidario por convicción, no por obligación", afirmó.
Peralta, vicepresidente del Concejo Deliberante de Monteros, dijo que el objetivo de los ediles debe ser lograr la autarquía y autonomía municipal. "Debemos pedir a los legisladores que se modifique la Ley Orgánica de Municipalidades que es obsoleta", señaló.
"Creo que mis colegas han equivocado el camino. No se va a recuperar la confianza de la gente pidiendo un aumento de la dieta. Además eso le quita transparencia a la gestión", advirtió.
