La inflación pondrá su firma este año en la asistencia financiera del Poder Ejecutivo para las municipalidades. Los refuerzos salariales concedidos a los estatales y el incremento en los costos de los materiales y de la mano de obra para la realización de obras públicas determinaron que, según las estimaciones que se maneja en el seno de la Casa de Gobierno, vayan a incrementarse entre un 15% y un 20% los recursos del Pacto Social para 2009.
Durante la mañana de ayer, el gobernador, José Alperovich, el vicegobernador, Juan Manzur, los ministros Jorge Jiménez (Economía), Osvaldo Jaldo (Interior) y Jorge Gassenbauer (Desarrollo Productivo), y el presidente subrogante de la Legislatura, Sergio Mansilla, estuvieron reunidos para definir buena parte del esquema que regirá este año.
Uno de los participantes del encuentro confió a LA GACETA que mañana, probablemente, estaría definido el cuadro general, en el que se detallará cuánto se remitirá a cada municipio. El año pasado, con la excepción de La Cocha, la otras 17 administraciones del interior y la de la Capital suscribieron el Pacto Social para Obras Públicas, por 146,7 millones. Y, salvo La Cocha, Trancas, Burruyacu, Simoca, Graneros y Las Talitas, las demás suscribieron el acuerdo para garantizar el pago de los salarios de sus empleados, que totalizó $ 421,3 millones. Para el actual ejercicio presupuestario, se calcula que la asistencia financiera rondará entre los $ 650 millones y los $ 680 millones, incluyendo sueldos y trabajos públicos.
El mecanismo
Las municipalidades que adhieren al Pacto Social ceden los fondos que les corresponden por coparticipación de impuestos al Poder Ejecutivo provincial. El Gobierno, a su vez se compromete a garantizar el pago de la planilla salarial de cada administración. Por este motivo, los concejos deliberantes de cada ciudad deben ratificar los acuerdos que celebran sus intendentes con el gobernador.
De manera complementaria, la Casa de Gobierno también financia obras públicas en las poblaciones del interior, para lo cual las respectivas administraciones deben presentar un plan de proyectos.
El esquema fue diseñado por Alperovich cuando era ministro de Economía de la gobernación de Julio Miranda, para garantizar la paz social (de allí el nombre del programa oficial) en las municipalidades, en las cuales las huelgas por deudas salariales habían marcado el final de la gestión del republicano Antonio Domingo Bussi.
Sin dilaciones
Otro de los participantes del encuentro de ayer manifestó que, en principios, el Poder Ejecutivo dictará un Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) el próximo viernes, para que el Pacto Social 2009 entre en vigencia de inmediato, y el conjuren eventuales demoras para la liquidación de sueldos. El alperovichismo descuenta la posterior aprobación en la Legislatura.
Según trascendió, la norma mantendría una cláusulas clave ya aplicadas durante 2008, teniendo en cuenta el contexto económico nacional.
Concretamente, se establecería nuevamente que el monto de los recursos pactados con los municipios para el pago de haberes podrá incrementarse a partir de las necesidades que surjan durante el año, previendo la posibilidad cierta de que se produzcan aumentos salariales.
Al respecto, también se autorizaría al Gobierno a redistribuir los fondos según las necesidades que surjan.
