En el oficialismo, algunas voces invocaron el sistema de subrogancias que rige en el orden nacional para justificar el mecanismo sancionado en Tucumán. Este permite que el gobernador, José Alperovich, proponga directamente a la Legislatura candidatos para que se desempeñen como jueces interinos sin ningún mecanismo previo que permita constatar la idoneidad o la calificación de los postulantes. Sin embargo, hay claras diferencias entre ambos sistemas.
La primera distinción tiene que ver con la finalidad y la denominación. La Ley Nº 26.376, sancionada el 21 de mayo, no declaró en emergencia al Poder Judicial de la Nación y se limitó a establecer cómo iban a ser elegidos los subrogantes en caso de recusación, excusación, licencia, vacancia u otro impedimento que afectara a los jueces federales. Al mismo tiempo, en la hipótesis de que hubiera una vacancia, por ejemplo, el sistema se presenta como complementario de los concursos que, en forma paralela, debe llevar adelante el Consejo de la Magistratura para que sea cubierto el cargo acéfalo.
En cambio, la Ley provincial Nº 8.136 habilita la designación de jueces interinos, y prevé que estos se desempeñarán mientras dure la emergencia de la Justicia y hasta que se fije el sistema de selección de magistrados definitivos, con lo que da por supuesto que no hay uno vigente en Tucumán.
Además, pese a declarar la emergencia y la existencia de una “grave situación institucional”, la Ley 8.136 posibilita llamativamente que jueces en propiedad puedan inscribirse para que los designen interinamente en otros cargos. Esto generaría nuevas vacantes, que se sumarían a las que ya hay por jubilaciones y que a partir de diciembre sumarán 24. Esta posibilidad de ascensos -en una emergencia- no está prevista por la ley nacional.
Por sorteo
Asimismo, en el orden nacional, cuando se produzca alguna de las causales establecidas, la primera salida será que la Cámara Federal que actúe designe como subrogante a un juez de idéntica competencia de la misma jurisdicción, en aquellos casos en que hubiera más de un juzgado. Sólo cuando esto no sea posible, la Cámara recurrirá a la lista de conjueces que, cada tres años, confeccionará el Poder Ejecutivo (con el correspondiente acuerdo del Senado) con abogados que reúnan los requisitos exigidos para el cargo en que se desempeñará provisoriamente.
Además, cuando haya que recurrir a la nómina de entre 10 y 30 conjueces que se establecerá por jurisdicción, el jefe de Estado no seleccionará directamente a uno de los abogados que figuren en la lista, sino que cada Cámara Nacional o Federal concretará un sorteo de entre quienes figuren en aquella. La presidenta, Cristina Fernández de Kirchner, aún no ha remitido las nóminas al Senado.
Muy diferente es el sistema tucumano. Una vez que venza el plazo para que los interesados se inscriban en el registro habilitado por el Ministerio de Gobierno, Alperovich elegirá directamente a 31 y solicitará los acuerdos de la Legislatura.
