Los jueces quieren irse cuando la jubilación esté liquidada

La Corte Suprema de Justicia de la Provincia pretende determinar si los magistrados y los jueces de Paz que se jubilan pueden seguir prestando servicios y, por ende, cobrando su sueldo, hasta tanto se les liquide el primer haber como pasivo. De este modo, el retiro del cargo se concretaría en el momento en que cobren su jubilación y no antes, como ocurre actualmente.
La inquietud surgió a partir de un planteo formulado por el juez de Paz de La Cocha, Julio César Leguizamón, cuya jubilación comenzará a correr a partir del 1 de diciembre. Al presentar su renuncia, interpuso también un escrito reclamando que el Poder Judicial le siga abonando parte de su sueldo en actividad (el 61%) hasta tanto la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) comience a pagarle el haber como pasivo. Este hecho se produce, en promedio, a los tres meses del retiro (normalmente ese lapso se liquida en forma retroactiva para todos los trabajadores, sin distinción de actividad o rubro).
La presentación se basó en cuestiones alimentarias y de salud, ya que Leguizamón alegó que su principal sostén familiar es el ingreso como juez de Paz y que dejar de cobrarlo le generaría un sensible perjuicio, ya que no tendría cómo sostenerse en ese tiempo.

Consulta a Buenos Aires
Frente a este argumento, el presidente de la Corte Suprema, Antonio Gandur, le consultó al director ejecutivo de la Anses a nivel nacional, Amado Boudou, sobre la posibilidad de implementar un mecanismo especial de liquidación de haberes a magistrados, fiscales, defensores y jueces de Paz, para evitar que se discontinúe la percepción de ingresos salariales frente a la demora en la primera liquidación de la jubilación.
En términos operativos, la estrategia consistiría en que quien se retire presente la renuncia formal pero condicionada al momento en que la Anses le notifique fehacientemente de que se encuentra confirmado su derecho a la prestación jubilatoria.
Para concretar este trámite de dimisión condicionada, debería existir una autorización expresa del organismo nacional, en la que conste la fecha de recepción de la notificación y la de pago de la primera jubilación, oportunidad en que se produciría el cese definitivo del juez en su cargo.
En su consulta, Gandur puntualiza que no habría ninguna clase de perjuicio económico para la Anses en esta operatoria, ya que el magistrado o funcionario seguiría prestando servicios y percibiendo su remuneración normal y habitual de parte de la Provincia. Incluso se le harían los aportes de ley al sistema previsional.