Antonio Bussi se desvinculó indirectamente del asesinato de los hermanos Francisco Isauro y Arturo René Arancibia, cometido en los primeros minutos del 24 de marzo de 1976, en momentos en que se producía el golpe de Estado.
Ayer, durante la sesión indagatoria realizada en el Juzgado Federal Nº 1, a cargo de Daniel Bejas, Bussi destacó en que el ataque a la sede de ATEP ubicada entonces en Congreso 295 (gremio del cual los Arancibia eran los principales dirigentes) fue previo a su asunción como interventor militar de la Provincia, lo que se concretó alrededor de las cinco del 24 cuando llegó a la Casa de Gobierno. Luego se abstuvo de declarar.
Este dato es central en la estrategia defensiva del ex gobernador, ya que la patrulla que actuó estaba integrada por policías provinciales. Formalmente, el grupo dependía aún del Gobierno constitucional de Amado Juri, en ejercicio hasta que fue reemplazado por Bussi, quien comandaba las tropas del Operativo Independencia.
Los Arancibia resistieron la agresión con dos escopetas de caza, y lograron ultimar al sargento primero Luis Faggioli antes de caer abatidos con numerosos disparos, muchos de ellos hechos desde corta distancia y con impactos en la misma zona de cada cuerpo. La causa fue caratulada Homicidios calificados, y están imputados por Bejas una decena de efectivos de la Policía que habrían participado de este hecho, entre los que figuran Héctor Amaya, Carlos Neme y Jorge Ragonese.
Antes de comenzar la audiencia, Bussi fue revisado por los médicos clínicos del Siprosa para constatar su cuadro cardiológico y respiratorio (fue monitoreado en distintos momentos) y por un psiquiatra para certificar de que comprendía los alcances del acto procesal. Pese a estas medidas, la defensora oficial, Amalina Assaf, insistió en que no estaba en condiciones de declarar.
“Los exámenes que se le hacen son muy superficiales. Mi defendido se descompensó el sábado y el domingo, por problemas de presión que viene arrastrando desde la semana pasada”, remarcó.
Assaf sostuvo que no se le exhibió la prueba a Bussi, por lo cual el acto procesal no estaría plenamente cumplido y podría plantear su nulidad por haberse violado el derecho de defensa en juicio. Ayer mismo interpuso una cuestión al respecto, que fue rechazada por Bejas.
Desde el Juzgado negaron esa versión y aclararon que todo el expediente está a la vista para el control y revisión del imputado y de sus abogados, incluyendo las diferentes pruebas, lo que garantiza el cumplimiento de los principios constitucionales.
