20 Agosto 2008
BUENOS AIRES.- El secretario de Transporte de la Nación, Ricardo Jaime, destacó que los gobernadores saben la importancia de los vuelos de Aerolíneas y de Austral para las provincias, y reiteró que es inviable la propuesta de quiebra que impulsa la oposición. Asimismo, recordó que Aerolíneas y Austral operan el 80% del servicio de cabotaje.
Jaime mencionó que solamente reciben servicios regulares de estas empresas las ciudades de Bahía Blanca, El Calafate, Comodoro Rivadavia, Catamarca, Corrientes, Esquel, Formosa, La Rioja, Mar del Plata, Neuquén, Posadas, Resistencia, Río Gallegos, Río Grande, San Juan, San Luis, San Martín de los Andes, San Rafael, Santa Rosa, Santiago del Estero, Trelew y Viedma. "De producirse la quiebra de ambas empresas, todas quedarían incomunicadas por vía aérea", dijo el funcionario.
Jaime mencionó que solamente reciben servicios regulares de estas empresas las ciudades de Bahía Blanca, El Calafate, Comodoro Rivadavia, Catamarca, Corrientes, Esquel, Formosa, La Rioja, Mar del Plata, Neuquén, Posadas, Resistencia, Río Gallegos, Río Grande, San Juan, San Luis, San Martín de los Andes, San Rafael, Santa Rosa, Santiago del Estero, Trelew y Viedma. "De producirse la quiebra de ambas empresas, todas quedarían incomunicadas por vía aérea", dijo el funcionario.
a favor y en contra
"ES UNA MUESTRA CLARA de defensa de los intereses nacionales, con sentido de integración regional". Así definió el gobernador de Jujuy, Walter Barrionuevo, el proyecto de reestatización de Aerolíneas. "Lo que está haciendo el Gobierno -dijo Barrionuevo-, es garantizar un servicio que ha sido, en los últimos años, objeto de especulaciones de mercado y no de prioridades sociales o integración regional". Recordó que la provincia de Jujuy ha tenido largas disputas con la empresa porque la distribución de la frecuencia de vuelos nunca se hizo desde un espíritu solidario e integracionista, sino más bien desde las variables del negocio.
"SIENTO PREOCUPACION, porque el oficialismo se esfuerza en cargar al pueblo argentino el pago de una deuda privada de U$S 900 millones", dijo el diputado macrista Federico Pinedo.
"EL ESTADO YA PUSO $ 565,1 millones en la empresa que fueron sustraídos de planes sociales, particularmente de vivienda a través de los superpoderes dados al jefe de Gabinete", sostuvo el radical Pedro Azcoiti. (NA)
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