Dos historias, 32 años de incógnitas, un juicio

"En la guerra no existe represión, existen operaciones militares. Muertos por asesinato no existen en la guerra, existen muertos por combate. En la guerra no hay ese tipo de figuras delictivas. En la guerra hay operaciones militares, hay bajas en combate, hay persecución. En la guerra el límite de las armas no es de carácter jurídico, es de carácter táctico, porque en la guerra, el que no mata, muere".
A más de 24 años de haber formulado estas declaraciones, luego de presentarse ante la Justicia Federal el jueves 9 de febrero de 1984, el ex gobernador Antonio Domingo Bussi afrontará desde este martes el juicio oral y público por el secuestro y la desaparición del ex senador provincial justicialista Guillermo Vargas Aignasse.
El dirigente fue detenido por encapuchados, según concluyó en su investigación el fiscal federal Nº 1, Emilio Ferrer, durante la misma madrugada lluviosa del 24 de marzo de 1976 en la que el militar retirado juró como interventor militar. A las 3.30 Vargas Aignasse fue retirado de su casa de Villa 9 de Julio, tal lo descripto por Ferrer. A las 5.30, en la Casa de Gobierno, Bussi asumió su cargo, según lo relató LA GACETA.
En el momento en que fue secuestrado, el padre del actual diputado nacional Gerónimo Vargas Aignasse tenía 35 años y figuraba, según la investigación del fiscal, en la lista de personas consideradas "opositoras al régimen". Vargas Aignasse, licenciado en Física y miembro de la Federación de Agrupaciones Nacionales de Estudiantes de Tucumán (Fanet), había resultado electo senador provincial el 11 de marzo de 1973 por el Frejuli. De fuerte raigambre peronista, se caracterizó durante sus años en el Poder Legislativo por su alta exposición política. Así lo prueban las crónicas de LA GACETA de aquellos años. "Imprevistamente, la Cámara de Senadores afrontó anoche una acusación de ?abuso de poder? y de lesión al ?honor del cuerpo?, lanzada contra su vicepresidente primero, José Emilio Ale, por su compañero de bancada, Guillermo Vargas Aignasse", sostuvo este diario en su edición del 13 de noviembre de 1974.

Contra el imperialismo
Casi un año después, el por entonces senador se refirió a la crisis nacional que desembocaría, en 1976, en el golpe militar. En sesión, pidió que se examinara la situación nacional a la "luz de la crisis que desde hace dos años enfrentan los imperialismos yanqui y ruso". También acusó a la acción de esos imperialismos de ser los responsables de la situación de los países en desarrollo. "Expresó también que las grandes mayorías, representadas por el peronismo, el radicalismo y los partidos federales, son los canales para superar la situación" (LA GACETA 06/08/1975).
A 16 días del 24 de marzo de 1976, Vargas Aignasse logró la sanción de un proyecto considerado clave por él para el desarrollo del interior: la declaración de interés provincial y de prioridad presupuestaria para el desarrollo socio-económico de la zona correspondiente a todos los ingenios que habían sido cerrados en 1966. "Se procura restituir a los pobladores de las fábricas clausuradas la posibilidad de subsistir y restituir a sus hogares la dignidad que la fuerza de los malos gobiernos les arrebató", fundamentó su propuesta Vargas Aignasse, en su última intervención política (LA GACETA 10/03/1976).
Ocho años después y con el retorno de la democracia, Bussi fue citado a declarar ante la Justicia Federal como "imputado no procesado" por la desaparición de Vargas Aignasse. No lo hizo, porque entendió que debía actuar el fuero militar, pero sí formuló declaraciones a la prensa: "Acá se llevó a cabo una guerra donde se jugó nada más y nada menos que el destino de la República. Yo he respondido a una requisitoria de los señores jueces conforme al carácter y con las limitaciones propias de las operaciones militares que se realizaron en la provincia" (LA GACETA 10/02/1984).
A 32 años de aquella madrugada de 1976, el fundador de Fuerza Republicana se apresta a cumplir hoy 1.752 días de arresto y a protagonizar, desde el martes, el primer juicio oral y público en Tucumán por la presunta comisión de delitos de lesa humanidad durante la última dictadura militar.