Martel aseguró a la fiscala que le armaron una causa para inculparlo

"Se trata de algo armado", respondió el inspector, Julio Martel, cuando el jueves fue interrogado en Tribunales por la fiscala María de las Mercedes Carrizo.
El empleado de la Secretaría de Trabajo, que permanece detenido en la Brigada de Investigaciones por presunto cohecho, brindó ante la fiscala otra versión de los hechos. "Una persona me hizo que sacara las cosas que tenía en el bolsillo y entraron varios sujetos; uno de ellos fue hacia el escritorio y levantó la carpeta negra que estaba en el lugar; me preguntó si era mía y yo le respondí que sí. Sacaron el dinero y me preguntaron si era mío, a lo que yo respondí que no, que yo no sabía nada respecto de ese dinero", relató. Ante la fiscala, Martel deslizó que, cuando en un momento se levantó para dialogar con un compañero, le podrían haber colocado los billetes en la carpeta.
La abogada Leda María Atterbury, que representa a Martel, aseguró que prepara una serie de medidas tendientes a propiciar la rápida liberación de su defendido. "En principio, el 7 de agosto se cumplen los 10 días hábiles en los que la jueza debe resolver si se dicta la prisión preventiva o no. Esperamos que pueda quedar en libertad antes de esa fecha", dijo.
Admitió que estudiará la causa que impulsaron empleados de la Secretaría de Trabajo contra el Gobierno por el traslado de 37 trabajadores. Pero aclaró que aún no prevé relacionar los procesos. "Trato de no meterme con la causa que tramita la Cámara en lo Contencioso Administrativo. Martel y sus compañeros entienden que hay vinculación entre ambas causas. Lo analizaré para estar más al tanto del tema, pero por ahora me aboco a la parte técnica para demostrar la inocencia de mi defendido", acotó. La letrada buscará el cambio de carátula de la causa y planteará la nulidad del procedimiento.

Inspectores y asesores
* En marzo, el secretario de Trabajo anunció el traslado de 37 empleados y la creación de un cuerpo de inspectores dedicados sólo al control laboral.

* Los empleados afectados cuestionaron ante la Justicia la legalidad de la medida oficial. Los recursos de amparo aún no fueron resueltos.

* El miércoles, un inspector fue detenido acusado de haber cobrado una coima al propietario de un lavadero de autos. El denunciante es empleado del Gobierno.