En Trabajo hay inspectores que son "ciegos y sordos"
El secretario del área defendió el desplazamiento de 37 empleados y dijo que busca terminar con los hechos de corrupción en la repartición. "Uno se puede equivocar, pero nunca recibir dinero", aseveró Jiménez. Justificó la contratación de 30 jóvenes estudiantes para los controles.
En el Gobierno están convencidos de que, si se hubiese desplazado a los actuales inspectores de la Secretaría de Trabajo, se habrían terminado los hechos de corrupción en esa repartición. "Esto nos da la razón", aseveró el titular del área, Roberto Jiménez, en alusión al escándalo desatado por la detención del empleado Julio Martel, acusado de haber cobrado una coima de $ 1.000 a un empresario.
El funcionario defendió la decisión oficial tomada en enero de crear un nuevo cuerpo de inspectores dedicados exclusivamente al control laboral. Fundamentó el cambio en la necesidad de jerarquizar el rol de los empleados.
"La recomendación que hace la Organización Internacional del Trabajo (OIT) es que las personas dedicadas al control laboral deben tener, preferentemente, estudios universitarios. La tecnología avanzó tanto que los inspectores deben estar preparados para toparse con cualquier situación en cualquier tipo de empresa. El problema es que en la repartición algunos de los empleados apenas tienen completos los estudios primarios", se justificó Jiménez.
El arresto de Martel por presunto cohecho reavivó el conflicto judicial que mantienen los empleados con el secretario de Trabajo. Incluso, de los 37 trabajadores afectados por la decisión de Jiménez, apenas ocho fueron efectivamente trasladados a otras reparticiones. El resto objetó ante la Justicia su desplazamiento y obtuvo una medida cautelar de no innovar favorable, aunque aún resta por resolverse la cuestión de fondo: la legalidad o no del traslado.
Paralelamente, desde el 1 de febrero, cuando el Poder Ejecutivo lanzó los operativos para erradicar el trabajo en negro fueron afectados a los controles, pero designados en la Dirección de Rentas, 30 nuevos empleados. En su gran mayoría, según lo reconoce el propio Jiménez, son jóvenes que venían realizando una pasantía en esa repartición y que están próximos a obtener el título universitario.
Si bien Jiménez no dramatiza respecto del freno circunstancial impuesto por la Justicia al desplazamiento de los inspectores, sí aclara que este tipo de situaciones (la detención de Martel) podrían haberse evitado. "Obedecemos lo que dice la Justicia, pero esto no hubiese pasado si hubiésemos podido producir los cambios que pretendemos. Lo que buscamos es que se termine la corrupción. Cuando asumí, les pedí a los empleados que atendieran muy bien a los trabajadores, porque quien recurre a la Secretaría de Trabajo lo hace por un problema grave. Por eso es inadmisible que surjan estas novedades", cuestionó.
Carriles separados
Jiménez no cree que la condición de empleado estatal de Gustavo Rolando Carrizo, el empresario que denunció por presunto cohecho a Martel, invalide el procedimiento que acabó con la detención del inspector. Tal como lo adelantó ayer LA GACETA, el propietario de un lavadero de autos fue designado en diciembre como "Personal de Gabinete" del Ministerio de Gobierno con un sueldo equivalente al de un empleado de categoría 24 (decreto Nº 1.161/14).
Incluso, el funcionario reconoció que conoce desde antes de este hecho a Carrizo, también ex delegado rural de Delfín Gallo. "Claro que lo conozco. Sus empleados me hicieron llegar la denuncia para que se los blanqueara, por eso yo les mandé los inspectores. Lo que hice después es dejar todo en manos de la fiscal (María de las Mercedes Carrizo). Son cosas distintas", consideró Jiménez.
¿Por qué los empleados se rehusan a ser trasladados?, se le preguntó. "Yo se por qué, pero no lo puedo decir. Sospecho cuál es la razón. Uno se puede equivocar, pero nunca recibir dinero para hacerse el ciego y el sordo. Eso es imperdonable para un empleado de la Secretaría de Trabajo", respondió.
Rotaciones y planteos judiciales
* 120 empleados trabajan en la Secretaría de Trabajo.
* 37 son los trabajadores afectados por los desplazamientos.
* 8 fueron los inspectores efectivamente trasladados. El resto cuestionó ante la Justicia la decisión del Gobierno. El pleito aún no fue resuelto.
* 30 nuevos inspectores designó el Poder Ejecutivo para la realización de los controles laborales. Trabajan desde la estructura de la Dirección de Rentas. En su mayoría son estudiantes universitarios.
* $ 1.600 es el sueldo promedio de los actuales inspectores de Trabajo. Revisten las categorías 20 y 21 del escalafón general de la administración pública.
* $ 1.900 es el salario promedio que perciben los nuevos inspectores. Si bien fueron designados con haberes equivalentes a los de un trabajador de categoría 18, gozan de un bonus por extensión horaria y por título universitario.
El funcionario defendió la decisión oficial tomada en enero de crear un nuevo cuerpo de inspectores dedicados exclusivamente al control laboral. Fundamentó el cambio en la necesidad de jerarquizar el rol de los empleados.
"La recomendación que hace la Organización Internacional del Trabajo (OIT) es que las personas dedicadas al control laboral deben tener, preferentemente, estudios universitarios. La tecnología avanzó tanto que los inspectores deben estar preparados para toparse con cualquier situación en cualquier tipo de empresa. El problema es que en la repartición algunos de los empleados apenas tienen completos los estudios primarios", se justificó Jiménez.
El arresto de Martel por presunto cohecho reavivó el conflicto judicial que mantienen los empleados con el secretario de Trabajo. Incluso, de los 37 trabajadores afectados por la decisión de Jiménez, apenas ocho fueron efectivamente trasladados a otras reparticiones. El resto objetó ante la Justicia su desplazamiento y obtuvo una medida cautelar de no innovar favorable, aunque aún resta por resolverse la cuestión de fondo: la legalidad o no del traslado.
Paralelamente, desde el 1 de febrero, cuando el Poder Ejecutivo lanzó los operativos para erradicar el trabajo en negro fueron afectados a los controles, pero designados en la Dirección de Rentas, 30 nuevos empleados. En su gran mayoría, según lo reconoce el propio Jiménez, son jóvenes que venían realizando una pasantía en esa repartición y que están próximos a obtener el título universitario.
Si bien Jiménez no dramatiza respecto del freno circunstancial impuesto por la Justicia al desplazamiento de los inspectores, sí aclara que este tipo de situaciones (la detención de Martel) podrían haberse evitado. "Obedecemos lo que dice la Justicia, pero esto no hubiese pasado si hubiésemos podido producir los cambios que pretendemos. Lo que buscamos es que se termine la corrupción. Cuando asumí, les pedí a los empleados que atendieran muy bien a los trabajadores, porque quien recurre a la Secretaría de Trabajo lo hace por un problema grave. Por eso es inadmisible que surjan estas novedades", cuestionó.
Carriles separados
Jiménez no cree que la condición de empleado estatal de Gustavo Rolando Carrizo, el empresario que denunció por presunto cohecho a Martel, invalide el procedimiento que acabó con la detención del inspector. Tal como lo adelantó ayer LA GACETA, el propietario de un lavadero de autos fue designado en diciembre como "Personal de Gabinete" del Ministerio de Gobierno con un sueldo equivalente al de un empleado de categoría 24 (decreto Nº 1.161/14).
Incluso, el funcionario reconoció que conoce desde antes de este hecho a Carrizo, también ex delegado rural de Delfín Gallo. "Claro que lo conozco. Sus empleados me hicieron llegar la denuncia para que se los blanqueara, por eso yo les mandé los inspectores. Lo que hice después es dejar todo en manos de la fiscal (María de las Mercedes Carrizo). Son cosas distintas", consideró Jiménez.
¿Por qué los empleados se rehusan a ser trasladados?, se le preguntó. "Yo se por qué, pero no lo puedo decir. Sospecho cuál es la razón. Uno se puede equivocar, pero nunca recibir dinero para hacerse el ciego y el sordo. Eso es imperdonable para un empleado de la Secretaría de Trabajo", respondió.
Rotaciones y planteos judiciales
* 120 empleados trabajan en la Secretaría de Trabajo.
* 37 son los trabajadores afectados por los desplazamientos.
* 8 fueron los inspectores efectivamente trasladados. El resto cuestionó ante la Justicia la decisión del Gobierno. El pleito aún no fue resuelto.
* 30 nuevos inspectores designó el Poder Ejecutivo para la realización de los controles laborales. Trabajan desde la estructura de la Dirección de Rentas. En su mayoría son estudiantes universitarios.
* $ 1.600 es el sueldo promedio de los actuales inspectores de Trabajo. Revisten las categorías 20 y 21 del escalafón general de la administración pública.
* $ 1.900 es el salario promedio que perciben los nuevos inspectores. Si bien fueron designados con haberes equivalentes a los de un trabajador de categoría 18, gozan de un bonus por extensión horaria y por título universitario.







