07 Septiembre 2007 Seguir en 
La mala temporada por la que atraviesa la firma Papelera Tucumán parece no concluir. A la larga lista de problemas que tuvo que afrontar la compañía este año, se sumó ahora la escasez de soda cáustica en la Argentina, como consecuencia de la clausura preventiva de las dos principales plantas que producen este insumo en el país. Esta situación podría derivar en un inminente cese de las actividades de la fábrica de Lules.
Así lo informó a LA GACETA el gerente de Papelera Tucumán, Gerardo Cigliutti. “Si no se normaliza la producción de soda cáustica en el país, nos veremos obligados a cerrar la planta elaboradora de papel en los próximos 15 o 20 días”, advirtió el ejecutivo. Recalcó que la compañía emplea alrededor de 50 toneladas diarias de este insumo, pero en el último mes sólo recibe entre 30 y 35 toneladas. “Al déficit lo cubrimos con el consumo de nuestro stock de soda caústica, pero así no podemos continuar”, subrayó.
Cigliutti comentó que el problema se originó a raíz de la clausura de las dos plantas productoras de soda caústica que funcionan en el país: Petroquímica Río Tercero y Fabricaciones Militares, ambas instaladas en Córdoba. Según el ejecutivo, la soda cáustica es un producto tan necesario para la producción de papel como lo son el gas, la electricidad y el bagazo. “El problema de la escasez de soda cáustica lleva ya un mes y medio, y lo peor es la incertidumbre, porque no tenemos ninguna noticia sobre cuándo se restablecerá el suministro del insumo”, reconoció Cigliutti.
Este año, Papelera Tucumán soportó restricciones energéticas y posteriormente resultó afectada por la caída de cables de alta tensión por efecto de la quema de caña. En las últimas semanas, operarios de la planta comenzaron una protesta porque la empresa se negó a otorgar un incremento salarial del 35% y porque la compañía inició un procedimiento de crisis para reducir su nómina de personal. En el camino, la firma denunció penalmente a dos de sus trabajadores, a quienes filmó mediante cámara oculta mientras estos recibían dinero que habían solicitado para neutralizar la protesta. El conflicto laboral llevó a que el Consejo Provincial del Trabajo se viera obligado a dictar la conciliación obligatoria para que se intente un entendimiento entre las partes.
Para sustentar el pedido de salvataje, la firma argumentó que los incrementos en los precios de la energía eléctrica, del gas y de productos químicos pusieron a la compañía en situación difícil para exportar. Ante esta situación y con el conflicto laboral en marcha, la firma llegó a anunciar la posibilidad del cierre definitivo.
Así lo informó a LA GACETA el gerente de Papelera Tucumán, Gerardo Cigliutti. “Si no se normaliza la producción de soda cáustica en el país, nos veremos obligados a cerrar la planta elaboradora de papel en los próximos 15 o 20 días”, advirtió el ejecutivo. Recalcó que la compañía emplea alrededor de 50 toneladas diarias de este insumo, pero en el último mes sólo recibe entre 30 y 35 toneladas. “Al déficit lo cubrimos con el consumo de nuestro stock de soda caústica, pero así no podemos continuar”, subrayó.
Cigliutti comentó que el problema se originó a raíz de la clausura de las dos plantas productoras de soda caústica que funcionan en el país: Petroquímica Río Tercero y Fabricaciones Militares, ambas instaladas en Córdoba. Según el ejecutivo, la soda cáustica es un producto tan necesario para la producción de papel como lo son el gas, la electricidad y el bagazo. “El problema de la escasez de soda cáustica lleva ya un mes y medio, y lo peor es la incertidumbre, porque no tenemos ninguna noticia sobre cuándo se restablecerá el suministro del insumo”, reconoció Cigliutti.
Este año, Papelera Tucumán soportó restricciones energéticas y posteriormente resultó afectada por la caída de cables de alta tensión por efecto de la quema de caña. En las últimas semanas, operarios de la planta comenzaron una protesta porque la empresa se negó a otorgar un incremento salarial del 35% y porque la compañía inició un procedimiento de crisis para reducir su nómina de personal. En el camino, la firma denunció penalmente a dos de sus trabajadores, a quienes filmó mediante cámara oculta mientras estos recibían dinero que habían solicitado para neutralizar la protesta. El conflicto laboral llevó a que el Consejo Provincial del Trabajo se viera obligado a dictar la conciliación obligatoria para que se intente un entendimiento entre las partes.
Para sustentar el pedido de salvataje, la firma argumentó que los incrementos en los precios de la energía eléctrica, del gas y de productos químicos pusieron a la compañía en situación difícil para exportar. Ante esta situación y con el conflicto laboral en marcha, la firma llegó a anunciar la posibilidad del cierre definitivo.
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