Podrían decomisar producción y maquinaria

El Gobierno prepara una batería de acciones para que se efectivicen los castigos a los productores que queman caña, con el fin de disuadirlos de emplear esta práctica. Una de esas medidas podría ser el secuestro y el decomiso de la producción y de herramientas y máquinas de cosecha (aún no está prevista en la legislación vigente), además de un aumento en las multas.
Esta posibilidad fue planteada ayer, durante una reunión realizada en el Ministerio de Seguridad Ciudadana. Allí, funcionarios de distintas áreas del Gobierno estudiaron las opciones para el endurecimiento de la legislación vigente y las acciones para la detección más rápida de las infracciones, mediante el uso de tecnología y de información de la Dirección de Catastro e, inclusive, del helicóptero de la Provincia (ver “Acciones en carpeta”).
La quema de cañaverales puede generar múltiples perjuicios. Entre los de índole productiva, pérdidas del rinde de la caña; y entre los de índole social, contaminación; incendios con consecuencias mortales, a causa de la propagación del fuego; accidentes viales, debido al humo; y daños al tendido eléctrico, que pueden redundar en el colapso del servicio.
Esto último, precisamente, estuvo a punto de ocurrir ayer y el martes, cuando quedó fuera de servicio durante casi dos horas, a causa del fuego, una línea de alta tensión, en El Bracho.
A pesar de que ellos lo niegan, se atribuye a los productores la quema de cañaverales, con el objetivo de apurar la cosecha y de presionar en los ingenios para obtener una rápida molienda.
Esto, a su vez, ocurre porque la molienda de caña lleva un mes de retraso con respecto a la zafra 2006 y por los daños ocasionados por las heladas que se sintieron con fuerza durante julio.
En la reunión, los funcionarios coincidieron en destacar que la prioridad es proteger el tendido eléctrico, teniendo en cuenta la crisis energética y que un eventual colapso del sistema repercutiría no sólo en Tucumán, sino también en el resto de la región.
“Queremos seguir centralizando todas las acciones en la prevención. Por eso es que se sumó Catastro, que nos brindará la información sobre los dueños de los fundos, cruzando esos datos con los del Registro Inmobiliario”, dijo el secretario de Medio Ambiente, Alfredo Montalván.
El funcionario precisó que aproximadamente 150 son los campos con caña que se encuentran próximos a líneas de alta tensión y remarcó que los ingenios ya se comprometieron el lunes pasado a dar prioridad en la cosecha a esos fundos. Montalván también informó que la Fiscalía Penal de la VIII Nominación -a cargo de Adriana Giannoni- ya está interviniendo en los casos de quema de caña ocurridos en los últimos días. “Las 40 actuaciones que enviamos a la Justicia -a instancias de una presentación del defensor del Pueblo, Jorge García Mena- fueron hechas por la Policía Ecológica y por Medio Ambiente, y corresponden sólo al viernes, al sábado y al domingo. Ahora, la Fiscalía deberá discriminar los delitos penales de los ambientales. Y a estos últimos, derivarlos Justicia Federal”, dijo.
Del encuentro participaron el secretario y el subsecretario de Seguridad Ciudadana, Eduardo Di Lella y César Nieva, respectivamente; el subjefe de Policía, Nicolás Barrera; el director general de Delitos Rurales y Ecológicos, José Carrizo; el jefe de la División Ecológica de la Policía, Marcelo Antonio Godoy; Montalván y sus colaboradores; el director de Defensa Civil, Fernando Torres; y el director adjunto de Catastro, Alejandro Navarro, junto a técnicos de esa repartición.