Un año moreno

BUENOS AIRES.- Animado por una peculiar interpretación de la célebre frase keynesiana que indica que “en el largo plazo estamos todos muertos”, el Gobierno nacional apostó aquel 12 de abril de 2006 todas las fichas al control de las variables del corto plazo en materia de precios.
Ese día se resolvió crear la Secretaría de Comercio Interior y colocar a su frente a Guillermo Moreno, hasta entonces un funcionario de bajo perfil que comandaba el área de Comunicaciones. Y si bien desde entonces su exposición pública siguió siendo limitada, su desempeño no pudo pasar inadvertido y su radio de acción excedió largamente las atribuciones de su repartición.
Los inusuales rasgos del “morenismo” (¡¡¡calma, trotskistas!!!: no es por Nahuel, sino por Guillermo) que trascendieron al conocimiento público luego de las denuncias de los trabajadores del Indec y -en un off the record no exento de cierta complicidad- una legión de empresarios, quizás podrían tener una forzadísima justificación en los resultados obtenidos.
Pero por estos días previos al primer aniversario de su gestión pueden percibirse las consecuencias negativas de la política de acuerdos de precios, desbordada como siempre por los hechos de la realidad.
Si el propósito original fue el de contener los aumentos en los precios de artículos de primera necesidad, el fracaso quedó puesto en evidencia a través del Indec, el organismo que terminó por transformarse en la obsesión de Moreno.
Es precisamente el Indec el que viene señalado mes a mes el crecimiento de la brecha entre el índice de precios al consumidor (IPC) y la canasta básica alimentaria (CBA). O si se prefiere, entre la inflación general y la que afecta a los indigentes.
Desde que en enero se resolviera “meter mano” dentro de la estructura del Instituto, vulnerando una historia de casi cuatro décadas de una independencia profesional internacionalmente reconocida, los números muestran un creciente desfase entre las dos mediciones.
En el primer trimestre de 2007, el IPC acumulado llegó al 2,22%, notoriamente inferior al 7,14% que en el mismo lapso aumentó la CBA. Dicho de otro modo, para un indigente hubo en lo que va del año una sobreinflación del 4,8% por encima de lo que marca la inflación oficial.
Pero esa brecha puede seguir incrementándose en los meses venideros, ya que los precios supuestamente “acordados” son en gran medida los alimentos que integran la CBA que en noventa días triplicó la inflación oficial con una preocupante progresión: fue 2,36 veces la inflación oficial de enero, 2,66 veces la de febrero y 4,5 veces la de marzo.

La brecha
Si se cree en la palabra oficial, que asegura que los controles de precios son transitorios (“puente de plata hacia las inversiones”, como dijera hace tiempo la ministra Felisa Miceli), y se mantienen sin aumento las tarifas de los servicios (que no integran la canasta básica alimentaria y, en consecuencia, llevan a la baja al índice general), habrá que preguntarse cuánto se ampliará la brecha una vez que se liberen los precios sometidos a acuerdos.
Al respecto, no está de más advertir que ese desfase es posterior a la medición de la indigencia del segundo semestre de 2006. La baja al 8,7% que por entonces registró esa franja de la población difícilmente pueda mantenerse en niveles de un dígito con estos aumentos de la canasta básica. Tampoco podrán apreciarse mejoras en la brecha entre el decil más rico y el más pobre, establecida en 31 veces en la última medición oficial.
Lo que sí podrá comprobarse es el fracaso de una estrategia utilizada hasta el hartazgo en la historia argentina con un final inevitable: la reaparición de la inflación artificialmente contenida, más allá de los arreglos cosméticos que se intenten aplicar sobre las estadísticas. Que en el largo plazo estemos todos muertos, no implica que en el corto algunos intenten pasarse de vivos.