Alejandro Urueña
Ética e Inteligencia Artificial (IA) - Founder & CEO Clever Hans Diseño de Arquitectura y Soluciones en Inteligencia Artificial. Magister en Inteligencia Artificial.
María S. Taboada
Lingüista y Magíster en Psicología Social. Profesora Titular de “Linguística General I” y “Política y Planificación Linguísticas” de la Fac. de Filosofía y Letras de la UNT.
Mientras escribíamos esta columna, la realidad nos ganó de mano. El viernes por la noche, Anthropic —creadora del chatbot Claude— tuvo que desconectar de golpe sus dos modelos más potentes, lanzados el martes, por orden del gobierno de Trump vía control de exportaciones (la facultad del Estado de decidir qué tecnología puede llegar a manos extranjeras). El corte alcanzó a “todo ciudadano extranjero”, incluidos los propios empleados extranjeros de la empresa. Una compañía estadounidense, en la cima de la industria, descubrió en una noche quién manda de verdad: el Estado aprieta un botón y los extranjeros quedan afuera primero. Si le pasa a Anthropic en su propio país, ¿qué lugar ocupamos nosotros?
“Inaceptable”
En la misma semana, el comité de la Cámara de los Comunes, en su informe “Reconfigurando el Estado: hacia un estado verdaderamente digital”, declaró que la presencia de Palantir (empresa estadounidense de análisis masivo de datos) en el sector público es “un punto de debilidad inaceptable”. Recomienda ejercer la cláusula de rescisión de febrero de 2027 del contrato con el sistema de salud y publicar “un plan de salida completamente costeado antes de fines de 2026”. Lo que desde Tucumán venimos advirtiendo hace dos años, hoy tiene sello parlamentario.
En julio de 2024, cuando todavía sonaba a ciencia ficción jurídica, publicamos en LA GACETA que el problema de la inteligencia artificial no era la tecnología sino la falta de control sobre ella, y que la pregunta del 9 de Julio ya no era retórica: ¿somos verdaderamente libres cuando un algoritmo (la fórmula de instrucciones con la que una computadora elige qué mostrarnos o recomendarnos en tiempo real) decide qué leemos, qué trabajo conseguimos, si entramos a un país o no? Nadie se escandalizó demasiado. Era solo una columna.
Guerra en silencio
En mayo de 2025, junto a María S. Taboada, pusimos el mapa sobre la mesa: la guerra fría entre Estados Unidos y China ya no se libraba por bienes sino por chips, códigos y datos. América Latina aporta en silencio la materia prima de ese festín. Numerosos investigadores de uno y otro lado del océano definen el “aporte” como mecanismo de colonización digital, que para la mayoría de los usuarios resulta invisible: la extracción de sus datos sin pagar nada a cambio, para utilizarlos como mercancía redituable. Por otro lado, Éric Sadin advierte desde hace años que confiar en la regulación de la IA como solución mágica es pedirle al zorro que cuide a las gallinas.
En enero de este año fuimos más concretos y más antipáticos: exportamos soja con retenciones y exportamos datos con tarifa cero, mientras Meta y Alphabet declaran ante la SEC (el organismo que controla a las empresas que cotizan en bolsa en Estados Unidos) ganancias que superan el presupuesto de varias provincias argentinas juntas. Y dejamos una advertencia con fecha: la moratoria de la OMC (Organización Mundial del Comercio) —el acuerdo que desde 1998 prohíbe cobrar aranceles, es decir impuestos de frontera, a las transmisiones electrónicas: el software, las películas, los datos que cruzan países por internet— vencía el 31 de marzo de 2026.
Pasó lo que tenía que pasar. El 30 de marzo, en Yaundé (Camerún), la Conferencia Ministerial de la OMC terminó sin consenso y la moratoria caducó por segunda vez en 28 años. Por primera vez en una generación, los países en desarrollo pueden, legalmente, tratar el flujo transfronterizo de datos como lo que es: un commodity (una materia prima que se comercia, como la soja o el petróleo) que cruza la frontera. La alineación fue inmediata: caída la moratoria, 66 países firmaron por afuera un acuerdo para seguir sin arancelar los bits (la información que viaja por internet: un software, una película, un libro electrónico). El indirecto está en quién dice qué: el lobby tecnológico (las cámaras que presionan a los gobiernos en nombre de las grandes empresas del sector) pide “moderación”, pero el palo lo pone el Estado —vía Sección 301 (una ley de EE.UU. que le permite castigar con aranceles a los países que perjudican su comercio), la USTR (la oficina comercial del gobierno estadounidense) ya investiga a quien se atreva a gravar (cobrar impuestos): Italia, España, India, Reino Unido—, con el antecedente de los aranceles del 100% que amenazó contra Francia.
La perspectiva contraria parece liderarla ahora el Parlamento británico, que acaba de publicar el informe “Reconfigurando el Estado”. Allí se sostiene que la creciente presencia de Palantir en el sector público es un “punto de debilidad inaceptable”, con una clara incompatibilidad respecto de los valores del Reino Unido. La historia que cuenta el informe es de manual: Palantir entró al sistema de salud durante la pandemia cobrando una libra simbólica, y hoy maneja un contrato de 330 millones de libras sobre los datos de hasta 240 organismos del sistema sanitario (trusts —entes que agrupan varios hospitales— y sistemas de atención integrada). La recomendación del comité es ejercer la cláusula de rescisión de febrero de 2027 (la opción prevista en el contrato para terminarlo anticipadamente) y publicar “un plan de salida completamente costeado antes de fines de 2026”. También exige al gobierno explicar qué hará si Estados Unidos activa el Cloud Act (la ley estadounidense de 2018 que permite a su gobierno exigir a las empresas de su país los datos que almacenan, aunque estén guardados en otro territorio) para acceder a los datos de sus ciudadanos. La conclusión del comité cabe en una línea: la dependencia tecnológica no es un problema técnico, es un problema de soberanía geopolítica.
Conviene tener en cuenta en este contexto el estado de la cuestión sobre producción de algoritmos avanzados que presenta el “Artificial Intelligence Index Report 2026” de la Universidad de Stanford. El informe refleja, por una parte, quiénes son los dueños de los datos —empresas y países— y, por otra, quiénes los proporcionan y quedan literalmente en una situación de vasallaje. Los países que lideran y concentran el desarrollo de los algoritmos de punta son Estados Unidos, con 50 modelos producidos el año pasado, y China, con 30. A partir de allí, la geopolítica de la industria de la IA evidencia distancias casi abismales en cuanto a la representatividad de otros países: Corea produjo 5; Francia, 1; Reino Unido, 1. La preocupación de este último no es casual: se encuentra en una situación de enorme desventaja frente a los líderes. Podría sospecharse que su alarma ante el extractivismo corre pareja o tiene sus fuentes en su posición de poder en la OTAN y en el planeta respecto del mercado que hoy acapara la economía mundial y decide el destino de los países: los ciudadanos de éstos pasan a ser los vasallos involuntarios —y tal vez inconscientes— de las “áreas geográficas” desde donde operan los lobbys tecnológicos.
El mapa que ofrece este mismo informe sobre la distribución del poder digital es más que elocuente: desde México a Ushuaia el territorio es virgen (de producción de alta tecnología y de regulación para evitar la colonización). Idéntica situación se constata con toda África.
En ese mapa, Argentina no solo mira para otro lado, sino que ofrece a sus ciudadanos como conejillos de Indias (o de la IA). Hoy, un Estado del G7 (el grupo de las siete economías más industrializadas del mundo) discute cómo salir de la nube ajena, mientras nosotros ni siquiera discutimos qué entra y qué sale por la nuestra. La moratoria cayó, el precedente existe, los números están publicados. Lo que falta no es información: es decisión. Y la próxima vez que alguien diga que esto era imprevisible, los links están a un clic. Los autores de esta columna, como miles de investigadores en IA, seguimos insistiendo por escrito y a viva voz: si nuestros gobiernos no toman las riendas de nuestra soberanía digital y humana, y no garantizan nuestros derechos como personas, pasaremos a ser parte de un mapa histórico de la colonización en el siglo XXI. Dejaremos de figurar como humanos, reducidos a metadatos.
