21 Agosto 2025
FOTO AFP
Según datos del Instituto de Estadística y Censo de la Ciudad de Buenos Aires (IDECBA), la población en situación de calle en CABA aumentó un 27% entre abril de 2024 y mayo de 2025, pasando de 3.560 a 4.522 personas. Sin embargo, organizaciones sociales que realizaron un tercer censo popular estiman que el número real asciende a 11.890 personas, lo que evidencia un subregistro oficial.
El incremento se da en un contexto de crisis habitacional y económica, y se observa un aumento tanto en la vía pública como en los Centros de Inclusión Social (CIS), conocidos como paradores.
Perfil de las personas en situación de calle
En CIS: 65% de la población relevada; 74% son hombres; 83% mayores de 18 años; 34% nacidos en la Ciudad y 12% en el extranjero.
En vía pública: 35% de la población; 80% hombres; 84% asentados en veredas; 75% con documento argentino; 27% con estudios secundarios incompletos.
Casi el 65% de las personas mayores de 10 años realizan alguna actividad remunerada, principalmente changas y cartoneo.
Comunas con mayor concentración
Las Comunas 1, 3 y 4 concentran el 53% de la población en situación de calle, con el microcentro como epicentro. Por el contrario, las Comunas 8 y 12 presentan los niveles más bajos.
Críticas de organizaciones sociales y especialistas
Leandro Vera Belli, del CELS, asegura que existe un subregistro en el relevamiento oficial y que, a pesar de esto, el aumento es sostenido. Horacio Ávila, de Proyecto 7, denunció que la situación empeoró por represión, estigmatización y desalojos. Fernando Bercovich, del Centro de Estudios Metropolitanos, relaciona el crecimiento con la crisis habitacional y económica que obliga a muchas personas a dejar hoteles, inquilinatos o rescindir contratos de alquiler.
Cambios normativos y responsabilidades
En junio de 2025, el Gobierno nacional transfirió la atención de personas en situación de calle a provincias y municipios mediante el Decreto 373/2025, reduciendo su rol a la coordinación de políticas y lineamientos generales. Esta medida modificó la Ley 27.654, creada para proteger derechos de las personas en situación de calle, pero organizaciones sostienen que su impacto hasta ahora ha sido nulo.
El Gobierno argumenta que la atención debe priorizar el abordaje territorial local, mientras que especialistas critican la falta de recursos y políticas públicas coordinadas desde Nación.
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