Por Marcelo Aguaysol
15 Marzo 2024
“Si no sale la reversión de Ganancias, no sé qué sucederá en mi provincia. No tengo forma de financiar los gastos en medio de la caída de la actividad”. Esta fue la reflexión de uno de los gobernadores al salir, la semana pasada, de la reunión en la Casa Rosada de la que participó el presidente Javier Milei. La preocupación no es sólo de ese mandatario, sino también, en mayor o en menor medida, de todos sus pares. Tucumán no está exento de este escenario. La no vigencia del impuesto a las Ganancias para la cuarta categoría de trabajadores implica una disminución de transferencias federales por coparticipación del orden de los $ 125.000 millones, un monto que se actualiza mes a mes de acuerdo con los incrementos que se les otorga a los empleados públicos y privados. La cifra no es menor: representa casi dos planillas salariales mensuales en el Estado tucumano.
¿Qué hace el Gobierno? “Administrar el día a día, peso por peso”, señala a LA GACETA el ministro de Economía Daniel Abad. El gobernador Osvaldo Jaldo ya le comunicó al Gobierno nacional, a través del ministro del Interior Guillermo Francos, que Tucumán respalda los cambios en Ganancias y el apoyo integral a la Ley Bases, un compendio de reformas que encontró escollo en varios gobernadores no sólo patagónicos. Abad explica que el apoyo a Ganancias es una cuestión básica que se explica en su distribución: 60% va a las provincias y el 40% restante a la administración nacional. Admite la existencia de diferencias, pero el ministro sostiene que se trata de matices que pueden ser resueltas en la discusión parlamentaria del proyecto.
El titular de Economía ha tenido una semana en la que tuvo que viajar a Buenos Aires para insistir ante el Ministerio del Interior de que Tucumán, como gran parte del resto de los distritos del país, necesita una refinanciación de la deuda contraída a través del Fondo Fiduciario para el Desarrollo Provincial (FFPD). Hasta ahora, la Nación prácticamente le ha descontado dos cuotas a la provincia, de unos $ 7.500 millones en promedio por mes. Eso se sostendrá hasta fines de año, si es que no hay una respuesta afirmativa al planteo formulado también por el gobernador Jaldo.
Desde el punto de vista del sector privado, los conflictos entre Nación y provincias se han terminado resolviendo con suba de carga tributaria, que luego no baja a los niveles previos. Y el caso testigo ha sido la disputa entre la Nación y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA), plantea el Instituto Argentino de Análisis Fiscal (Iaraf). “Esta situación pone de manifiesto la necesidad imperiosa que los gobernantes discutan y promuevan un sistema de coparticipación de impuestos simple, clara y previsible. La evidencia argentina demuestra que la carga tributaria no ha sido indiferente a las pujas por los recursos nacionales. En este sentido que el Pacto de Mayo contenga este punto es una oportunidad significativa”, expone el instituto.
Abril con aumentos
La recesión hace estragos, dicen los funcionarios y repiten los empresarios. Los primeros sienten el impacto en la recaudación de Ingresos Brutos, por la menor actividad. Los segundos, a su vez, en el incremento de la carga tributaria. Un ejemplo de esa situación es el revalúo impositivo. Si bien el Ministerio de Economía informó en noviembre que en el primer trimestre de este año cambiará los valores de los impuestos Inmobiliario y Automotor, la Provincia necesita compensar ingresos para sostener el equilibrio fiscal. El ministro de Economía recuerda que, este mes, la caída de las ventas no serán tan profundas, ya que el Estado no sólo pagó en término los salarios estatales (unos $ 60.000 millones se volcaron al circuito comercial), sino que además desembolsó otros $ 30.000 millones por las recomposiciones salariales.
La próxima semana se definirá de cuánto será el reajuste por el revalúo de las propiedades y de los autos en Tucumán. Según trascendió, esa nueva valuación que llegará con las boletas de abril rondará el 35% tomando en cuenta la evolución inflacionaria del período. A fines del año pasado, las valuaciones fiscales de las casi 460.000 propiedades urbanas y rurales se incrementaron entre un 70% y un 98%, según el lugar de radicación. Para evitar el impacto del revalúo, el Gobierno había dado la posibilidad a los contribuyentes de los impuestos patrimoniales de pagar anticipadamente todas las posiciones de este 2024.
Otra definición en materia tributaria está relacionada con el Plan de Facilidades de Pago de impuestos provinciales, que fue prorrogado hasta el 31 de este mes. Abad, en ese sentido, anticipó que será el último plazo para que los deudores se pongan al día con la Dirección General de Rentas. Luego de ese proceso, la Provincia activará las ejecuciones judiciales e iniciará otras.
Mediante un Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU), el Poder Ejecutivo había decidido suspender temporalmente el inicio de los juicios de ejecución fiscal para el cobro de tributos, intereses y multas. Y suspendió hasta el 31 de este mes las ejecuciones de sentencia de trance y remate firmes y consentidas derivadas del cobro de impuestos. Según esa norma, “quedan comprendidos en la suspensión todos los trámites de cobro de honorarios de abogados del Estado ya sea judicial o extrajudicial, cualquiera sea en la etapa que se encuentre. Estos plazos también se acaban.
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