10 Noviembre 2023
Octubre de 2016: el entonces Gobernador Manzur y su Vice Jaldo, se comprometieron ante la Asociación de Entidades Periodísticas Argentinas (Adepa), a adherir nuestra provincia, a la Ley Nacional N° 27.275 de Acceso a la Información Pública. Hoy, el Señor Jaldo es Gobernador de Tucumán y espero que cumpla con lo que prometió en su momento. La historia nos enseña que desde la antigüedad, quienes gobiernan, han buscado centralizar y controlar la información ya que les confiere poder e impunidad sobre el resto de la comunidad. La transparencia y el derecho de acceder a la información pública, son los cimientos constitutivos de un sistema de gobierno democrático – republicano. El acceso a la información, hoy es reconocido como un derecho humano. Estos derechos son bienes básicos y esenciales que incluyen a toda persona, por el solo hecho de su condición humana. Una democracia con aspiraciones de crecimiento y desarrollo sustentable, implica el reconocimiento y las garantías para el ejercicio pleno de los derechos humanos. El acceso a la información pública es uno de ellos y este carácter ya no se discute desde que la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en el caso Claude Reyes Vs. Chile, el 19/09/2006, lo reconoció como derecho humano, como parte del derecho a la libertad de pensamiento y de expresión. En el mismo fallo se reafirmó la obligación que tiene el estado de suministrarla. Están también contemplados en el Pacto Internacional de Lima (año 2000). Tucumán parece que no pertenece a una república democrática, ya que este derecho se nos niega de modo deliberado, usando argumentos insostenibles. Cada día que pasa, parecemos más súbditos y siervos de un régimen absolutista monárquico que ciudadanos. Lo más grave: las instituciones públicas, con competencia en la defensa de los derechos humanos que funcionan en Tucumán, permanecen sordas, ciegas y mudas ante esta situación. La falta de transparencia de los actos de gobierno favorecen la corrupción. Además, permitiría a los ciudadanos juzgar la actuación de sus representantes y hacerlos responsables de los perjuicios que provocan.
Juan Francisco Segura
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