14 Diciembre 2017
A fines de noviembre, el Tribunal de Cuentas (TC) frenó el pago de un subsidio estatal de $ 36 millones a favor de la Mutual local de la Asociación Bancaria para la compra de un hotel en Tafí del Valle. Dos semanas después, el Poder Ejecutivo insiste con la entrega del aporte financiero, aunque esta vez por otra vía: la Legislatura.
En el orden del día que será tratado en la sesión de hoy aparece el proyecto de ley firmado el lunes por el gobernador, Juan Manzur, y su ministro de Economía, Eduardo Garvich. “Facúltese a la Caja Popular de Ahorros a instrumentar el pago del subsidio previsto en la presente (norma) en 24 cuotas mensuales y consecutivas”, expresa la iniciativa en su artículo 2°.
El mandatario argumentó que la ayuda financiera será destinada “a la adquisición del Hotel Mirador de Tafí, ubicado en la localidad de Tafí del Valle”. “La beneficiaria es una institución de raigambre local, con amplia trayectoria en la prestación de servicios y asistencia para sus asociados”, agregó Manzur. Detalló que la mutual “se encuentra en la ejecución de un plan estratégico para maximizar servicios para sus asociados y terceros que se vinculen con la misma”. Y señaló que “parte de ese proyecto es la adquisición del Hotel Mirador de Tafí, con la finalidad de lograr mayores beneficios en las prestaciones de la entidad y en la industria turística de la zona”. El gobernador destacó que se trata de “una actividad que generará beneficios a la comunidad y que trasciende el interés de la institución”.
El gobierno recurre a la vía legislativa para otorgar este subsidio, tras haber fracasado en un intento administrativo. El 7 de noviembre, la Caja Popular, a través de una resolución del entonces interventor Armando Cortalezzi -hoy presidente del Concejo capitalino-, aceptó el pedido de la Mutual de la Bancaria para aportar 24 cuotas mensuales de $ 1,5 millón para la compra del hotel, totalizando así los $ 36 millones en dos años.
El 29 de noviembre, el Tribunal de Cuentas, con las firmas de Miguel Terraf (presidente), Marcelo Vidal y Sergio Díaz Ricci (vocales), había formulado observación con carácter de formal oposición a la resolución de la CPA. Indicó que hubo una “omisión” en los controles por parte de las oficinas internas de la Caja a la hora de analizar el expediente; que la entrega de la ayuda financiera “se encontraba instrumentada y perfeccionada con anterioridad a la presentación de la nota” de la Mutual al ente crediticio; y que los informes remitidos por Fiscalía de Estado y el Ministerio de Economía resultaban “jurídicamente inidóneos” para el caso. Incluso, el TC planteó el interrogante de si el subsidio en cuestión “responde estrictamente a la finalidad ‘predominantemente social’ establecida como principio rector del funcionamiento institucional de la Caja”.
Lo más popular
