Narcopolítica III

15 Ago 2017

Las PASO ya fueron. Quedan dos meses para que los tucumanos elijan quiénes serán sus representantes en el Congreso. Fue interesante observar que en un sondeo previo los precandidatos tenían al narcotráfico como uno de los temas centrales de su futura gestión. Sin embargo, hasta el momento ninguno presentó propuestas para frenar el ingreso de la droga en la provincia ni sobre cómo harán para recuperar a los habitantes de este suelo en el que se mueren o matan por una dosis. Y peor aún: es una utopía pensar que firmarán un acta compromiso antes de ser electos para apoyar cualquier iniciativa que sirva para acabar con el monstruo que se oculta en papel glasé brillante.

La senadora Silvia Elías de Pérez, que no aspiró a ningún cargo, fue la única dirigente que en tiempos de campaña se reunió con jueces federales, fuerzas de seguridad y la mismísima ministra de Seguridad Patricia Bullrich para tratar de conseguir recursos que permitan luchar contra los señores de la muerte. Lo hizo sola porque en las reuniones que tuvo no estuvieron José Jorge Alperovich ni Beatriz Mirkin, los otros representantes tucumanos en la Cámara Alta. Si los planteos se hicieran de manera conjunta, dejando de lado los intereses particulares y partidarios, los resultados serían distintos. O por lo menos las voces de quejas se escucharían con más fuerza.

La mayoría de los precandidatos sí utilizaron la palabra narco en sus campañas. Pero lo hicieron como herramienta para destruir al rival. Se acordaron de Julio César Trayán, el empleado legislativo que está acusado de integrar una banda que distribuía drogas a nivel nacional, para lastimar la imagen del adversario. También hicieron un ranking sobre cuáles son las zonas donde se vende más droga, pero no dijeron ni una palabra sobre qué harían para erradicar los quioscos que se instalan a lo largo y a lo ancho de la provincia esparciendo muerte por todos lados.

Hace una semana, el ministro fiscal Edmundo Jiménez, en una charla informal, dejó una frase preocupante: “la droga nos está llevando puestos. Seguimos sin poder reaccionar. No sé bien qué podemos hacer para ponerle un freno, pero algo tenemos que hacer”. Esas palabras son una invitación concreta a discutir el problema que pocos quieren ver. Y no lo ven porque no hay un análisis a conciencia de lo que está ocurriendo en la provincia. Con el narcotráfico pasa lo mismo que con la inseguridad. Nadie suma para hablar de políticas de seguridad, sino que se hace política con la seguridad a costa de la sangre de los tucumanos.

Las señales de alarma se siguen encendiendo en todos lados y nuestros dirigentes miran para otra parte. En menos de una semana, en diferentes puntos de Santiago del Estero se secuestraron más de 80 kilos de marihuana que tenían a Tucumán como destino final. Ambos cargamentos habían salido desde Corrientes, provincia a la que supuestamente la Nación había blindado y por la que no entraría más “faso”. El domingo, en Catamarca, se incautaron 259 kilos de cocaína que eran trasladados a Córdoba. Antes, según la teoría de los investigadores, la “merca” había sido acopiada en algún lugar de Tafí del Valle. No quedan dudas entonces de que la provincia está ocupando un importante lugar en el mapa del narcotráfico nacional.

Dura batalla

Los que resulten electos tendrán la obligación moral de gestionar ante las autoridades nacionales medidas para poner un freno a los narcos, ya que el tráfico de drogas es un delito federal. Deberán pedirles que refuercen la frontera (también se podrían sumar los diputados jujeños, salteños y santiagueños), que haya controles exhaustivos en los 22 pasos fronterizos de la provincia y no sólo en dos como ocurre actualmente y, de manera urgente, conseguir ayuda para intentar recuperar a los esclavos de las dosis que comercializan los transas. Al narcotráfico no sólo se lo combate atacando la oferta, que es lo más fácil, sino que se debe atender la demanda para tener éxito. Si la batalla no se desarrolla en ambos frentes, nada cambiará y el verso seguirá siendo el mismo. Quizás los candidatos no lo sepan, pero desde que comenzó la veda electoral y hasta las 18 del domingo, la droga se cobró la vida de seis personas, todas menores de 35 años. Al menos cuatro jóvenes se quitaron la vida sólo en el ámbito del Centro Judicial de la Capital. No importan sus nombres, sí que se suicidaron porque no tuvieron fuerzas para hacerle frente a la adicción y porque el Estado los abandonó al no tener un centro para tratar de salvarlos.

Ayelén Gómez es el nombre de la joven trans que fue asesinada en el parque 9 de Julio. Dicen que gran parte del dinero que ganaba prostituyéndose lo gastaba en paco. Cansada de que se le cerraran todas las puertas y de que la sociedad le diera la espalda por su condición sexual, terminó refugiándose en la cruel calle. Así le fue. También tuvo una injusta muerte un joven de Cebil Redondo al quedar en medio de una pelea que se habría originado por cuestiones vinculadas al narcomenudeo.

Mientras los candidatos votaban, en los barrios de la periferia se descubría la peor de las miserias humanas. Jóvenes adictos no pudieron emitir su sufragio porque los transas no les devolvíeron los documentos que habían empeñado para comprar dosis, como lo reflejó crudamente Martín Dzienczarsky en una crónica publicada ayer por LA GACETA. Ese cachetazo de realidad refleja algo: que los señores de la muerte ya se adueñaron de la identidad y de la vida de los jóvenes. Y si nuestros representantes no toman cartas en el asunto, toda la provincia quedará en manos de los narcos.

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