Un enfermero ratifica que firmó un recibo en blanco en ATSA

Un testigo describió ayer en el fuero penal de la Justicia provincial cómo fue que su firma y sus datos personales llegaron a un recibo en blanco de los “gastos sociales” del Poder Legislativo.

 El enfermero Luis Sebastián Made relató a la salida de la Fiscalía de Instrucción en lo Penal de la II Nominación, a cargo de Claudio Bonari, que confirmó en su declaración testimonial sus dichos de enero pasado, cuando explicó a LA GACETA que había puesto su rúbrica en un comprobante sin rellenar en la sede de la delegación local de la Asociación de Trabajadores de la Sanidad Argentina (ATSA). Este gremio tiene por secretario general al legislador manzurista Edgar Reneé Ramírez, quien el año pasado admitió que cobraba $ 150.000 al mes en “gastos sociales” del Poder Legislativo.

 Made, que es afiliado a ATSA desde hace 10 años, manifestó que había concurrido a la entidad sindical en 2015 para que le solucionaran “un inconveniente”.

 “Fui a buscar asesoramiento legal porque me había desvinculado de un trabajo y tenía que enviar unas cartas documento. Y alguien me recomendó que fuera al gremio. Ahí me recibió una abogada que hizo el trámite y me dijo que no debía abonar nada porque era afiliado. Pero, a la hora de presentarse en la Secretaría de Trabajo no fue ella, sino su hija, que puso su sello en el escrito. A los meses me llegó una notificación con un cobro de $ 7.600 por honorarios. Eso no es lo que estaba pactado”, señaló el enfermero.

 Made apuntó que, ante esta situación, decidió contactarse con Ramírez para obtener una respuesta. “Le expliqué que me estaban cobrando $ 7.600 ‘de arriba’. Entonces, tuve que hacer una nota dirigida al gremio donde explicaba lo que había pasado. Y después me mandaron a decir que pasara (por ATSA), que me iban a ayudar a resolver el problema”, añadió Made.

El testigo dijo que finalmente acudió a la sede de la entidad de Ramírez para recoger el dinero -$ 4.500 que estaban en un sobre cerrado-, y que puso su firma en un comprobante en blanco porque no pensó que ello acarreara consecuencias.

El papel que rubricó el enfermero, según reconoció luego, es idéntico al que se utilizaba en el Poder Legislativo para la rendición de cuentas de los investigados “gastos sociales”. Esos recibos fueron aportados por un informante anónimo a la Justicia Federal, donde se investiga una presunta evasión impositiva mediante la entrega de subsidios del Poder Legislativo. También son del interés de Bonari, quien está a cargo de la causa por la supuesta malversación de fondos públicos iniciada en virtud de la denuncia del abogado y peronista disidente Oscar López.

Made señaló que en un principio prefirió decir que los $ 4.500 otorgados por el gremio eran para ayudar a su madre porque le preocupaban posibles represalias. “Por mi resguardo, no quería ir en contra de esta gente. De hecho, yo no denuncié nada. A mí me citaron como testigo, me puse a disposición de la Justicia y conté todo lo que pasó. Siento que he sido doblemente engañado. No hice nada incorrecto y ahora me veo afectado con todo lo que pasó”, agregó.

Cuando fue consultado en enero sobre este tema, Ramírez negó la versión enfáticamente y aseguró que era víctima de operaciones de prensa por una interna gremial. En 2016, poco antes de que se derogara el sistema de “gastos sociales”, admitió que cobraba $ 150.000 al mes en paralelo a la dieta. El mecanismo de ayudas discrecionales sigue vigente para personas jurídicas mientras que la Legislatura optó por bancarizar sus movimientos de fondos. Todo ello ocurrió luego de que este diario publicara -hace ya 641 días- que el dinero en efectivo para los subsidios era trasladado en valijas desde el banco hasta la sede legislativa que presidía el entonces vicegobernador Juan Manzur, hoy jefe del Poder Ejecutivo. Las erogaciones sociales ascendieron a $ 615,6 millones en 2015: se desconoce el destino concreto de esos gastos discrecionales.

Un caso vuelve del archivo

Según trascendió, Bonari había requerido informes bancarios y a otras instituciones, e incluso citado a declarar como testigos a agentes del Tribunal de Cuentas, además de a Made. No estaba claro si iba a pedir también los recibos de los gastos sociales legislativos, tal y como había hecho el fiscal federal Carlos Brito en el ámbito de una investigación de una posible evasión tributaria, sin lograr acceder a los papeles (se informa por separado).

Como la causa atañe a funcionarios públicos con fueros, la intervención del fiscal provincial N°2 Bonari ha de limitarse a reunir elementos que le permitan definir si pide o no que un juez investigue la denuncia del peronista disidente López. Esas actuaciones fueron acumuladas a las que de oficio inició el fiscal federal general Gustavo Gómez, quien apuntaba a un posible lavado de activos. Con el aval del fiscal federal Pablo Camuña, en 2016 el juez Daniel Bejas giró el sumario de Gómez a la Justicia provincial por considerar que la investigación no era de su competencia. Bonari recibió el proceso “malherido” puesto que el fiscal Washington Navarro Dávila (N°5) lo había archivado el 12 de septiembre de 2015. Horas después, el ministro público Edmundo Jiménez deshizo la orden de Navarro Dávila y mandó el caso a la Fiscalía de Instrucción N°2, que entonces estaba de turno.