Según la Nación, en el Estado tucumano hay más de 40.000 trabajadores precarizados

En el informe que transmitió ayer Panorama Tucumano se reflejaron diversas maneras en las que el Estado vulnera el derecho de los trabajadores. Personas que prestan sus servicios en diversos contextos denunciaron la falta de estabilidad. Además, no se les paga la obra social, los aportes jubilatorios, el aguinaldo o las vacaciones.

15 Jun 2017

El Estado es el responsable de proteger a los ciudadanos, de garantizarles un efectivo goce de sus derechos. ¿Qué pasa cuando es precisamente el Estado quien vulnera esos derechos? Esta es la situación de distintos grupos de personas que, según explicaron a LA GACETA TV, están trabajando para la Provincia o para los municipios de manera precarizada. Según explicó el delegado regional del Ministerio de Trabajo de la Nación, Gonzalo Guerra, en Tucumán hay aproximadamente 130.000 personas que prestan sus servicios al Estado. El funcionario estimó que un tercio de ellos -o sea más de 40.000 trabajadores- se encuentran bajo alguna modalidad de precarización.

El secretario de Trabajo de Tucumán, Roberto Palina, fue consultado acerca de los reclamos de los trabajadores. Aportó explicaciones sobre algunas de las modalidades de trabajo, pero afirmó que no recibió denuncias sobre estos casos.

Distintos casos

Hay tres tipos de situaciones en las que quien presta sus servicios al Estado carece de los derechos que le corresponden por ley a los trabajadores. En las municipalidades y en las comunas es frecuente encontrar a personas que, en concepto de “plan de asistencia” o “ayuda social”, reciben dinero a cambio de realizar diversas tareas de acondicionamiento de la vía pública. A pesar de que técnicamente pertenecen a iniciativas orientadas a mejorar la calidad de vida de quien lo necesita, muchas de estas personas consideran que se trata de trabajo “en negro” ya que desarrollan actividades ocho horas por día y se encuentran en esas condiciones desde hace años.

También es frecuente que el Estado contrate profesionales bajo la figura jurídica de la locación de obras o de servicios, que no genera relación de dependencia. Estos trabajadores aseguran que este mecanismo es utilizado para evitar que tengan estabilidad (los contratos suelen abarcar un período de entre dos y seis meses) y para evadir el pago de los beneficios de la seguridad social (obra social, aportes jubilatorios, vacaciones y aguinaldo). En los hospitales del Sistema Provincial de Salud (Siprosa) los servicios de seguridad y de limpieza se encuentran tercerizados a través de cooperativas y empresas privadas. Muchos de los trabajadores de estas entidades están en situación irregular, es decir, están “en negro”, según los funcionarios del área.

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