Quieren ratificar por ley que hubo 30.000 desaparecidos

La sentencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación que benefició con el 2x1 en el cómputo de la pena a un represor condenado por delitos de lesa humanidad genera repercusiones en los cuerpos legislativos de todo el país.

En ese lote se inscribe la Legislatura tucumana, que alista una serie de proyectos de ley para pronunciarse en contra de la última dictadura militar. Entre ellos figura una propuesta para establecer que “en todo documento oficial emanado de los tres poderes del Estado se deberá utilizar, con carácter obligatorio, el término ‘dictadura cívico militar’ y la cifra de ‘30.000’ para referenciar el número de desaparecidos”, cada vez que se aluda al gobierno de facto (1976-83).

Mañana, además, en la sede del Poder Legislativo recibirán a las referentes de Abuelas de Plaza de Mayo, Estela de Carlotto, Rosa de Roisinblit y Delia Giovanola, para entregarles la medalla al mérito “Bernardo de Monteagudo”.

El debate sobre el rol del Estado respecto del golpe se profundizó a partir del fallo que otorgó el 2x1 al represor Luis Muiña. Esto llevó por ejemplo a la Legislatura de provincia de Buenos Aires a sancionar un proyecto de ley -impulsado por el justicialismo- que obliga a consignar los 30.000 desaparecidos en la dictadura. Mientras la gobernadora María Eugenia Vidal (PRO-Cambiemos) analiza la aplicación de esa norma, peronistas del cuerpo colegiado tucumano impulsan un proyecto en idéntico sentido.

“Lamentablemente, a cuatro décadas del golpe cívico-militar que trajo años de sangre y muerte en nuestra Argentina, todavía existen sectores que buscan relativizar el horror de la dictadura”, señala la propuesta de los oficialistas Guillermo Gassenbauer, Julio Silman y Nancy Bulacio, entre otros. Y agrega: “(hay quienes) se preguntan (...) si son 8.000, 9.000 o 30.000 los casos de desapariciones comprobadas en aquellos años”. En los fundamentos, el proyecto objeta además al presidente, Mauricio Macri, y a funcionarios de Cambiemos por distintas declaraciones públicas.

Desde la oposición también surgieron iniciativas sobre el tema. Los radicales Rubén Chebaia y Ariel García firmaron una propuesta que prevé la creación, en el ámbito de la Legislatura, de una comisión “para el seguimiento y monitoreo de la situación procesal de los detenidos y alojados por crímenes de lesa humanidad, genocidio y guerra en unidades penales de Tucumán”. “Se establece la obligación en cabeza del Servicio Penitenciario de informar el estado y cualquier modificación o vía incidental que pudiera cambiar la situación de las personas sujetas a proceso por los delitos referenciados”, explicaron los radicales.

En la sede de Muñecas 951

En la última sesión, el Poder Legislativo aprobó un proyecto que repudió el fallo de la Corte que otorgó el 2x1 a Muiña. Ahora los legisladores concretarán otra manifestación formal en ese sentido.

La oficialista Silvia Rojkés, titular de la comisión de Educación y Cultura, coordinó un acto que contará con la presencia de Estela de Carlotto y de otras referentes de Abuelas de Plaza de Mayo.

Mañana, a partir de las 11, legisladores y autoridades del cuerpo parlamentario harán entrega en la sede de calle Muñecas 951 de las distinciones de honor a aquellas referentes sociales y al ex secretario de Derechos Humanos de la Provincia, Humberto Rava.

Cannabis medicinal

El legislador bussista Claudio Viña, titular de la comisión de Prevención de las Adicciones, advirtió que los proyectos para la adhesión a la ley nacional del Cannabis Medicinal no fueron estudiados por el grupo de trabajo legislativo a su cargo. “Si bien se refiere a una problemática de salud, no es menos cierto que el uso de un producto que se obtiene a partir de una planta cuyo cultivo está penado por ley (la marihuana) merece el análisis de una comisión específica en la materia”, consideró Viña.