El apoderado del PJ-FpV propone que los casos electorales vayan directo a la Corte

El oficialismo legislativo puso en agenda una nueva reforma a la Ley Orgánica del Poder Judicial.

Pero el proyecto que presentó el legislador Marcelo Caponio, apoderado local del PJ-FpV, no contempla sólo medidas de impacto directo en el mundo tribunalicio. De hecho, la propuesta del titular de la comisión de Asuntos Constitucionales de la Legislatura apunta a cambiar un aspecto central del sistema político de esta provincia, al pretender que se le otorgue a la Corte Suprema de Justicia de Tucumán (CSJT) la competencia originaria “en materia electoral y de partidos políticos”.

En caso de que el texto sea convertido en ley, todas las causas referidas a comicios provinciales (las legislativas nacionales de este año están bajo la órbita de la Justicia Electoral Nacional) o a agrupaciones políticas registradas en esta jurisdicción dejarán de pasar, en primera instancia, por los camaristas del fuero administrativo. Esos expedientes, según la iniciativa de Caponio, deberán ser elevados directo al alto tribunal tucumano.

“El proyecto encuentra fundamento en la necesidad de evitar una nueva crisis institucional como la que vivió nuestra provincia tras los comicios del 23 de agosto del 2015”, recordó el peronista.

Aludía a las denuncias de fraude electoral por parte de la fórmula del Acuerdo para el Bicentenario (ApB-Cambiemos), José Cano y Domingo Amaya, en contra de la dupla ganadora, Juan Manzur y Osvaldo Jaldo, del PJ-FpV. Según Caponio, la cautelar que anuló en primera instancia los comicios, dictada en septiembre de 2015 por los camaristas Salvador Ruiz y Ebe López Piossek, generó una “situación de máxima gravedad institucional” y una “crisis en la soberanía popular y los principios mismos del sistema democrático y republicano de gobierno”. El peronista aseveró que el conflicto podría haber sido peor, teniendo en cuenta que el amparo favorable a la alianza opositora fue revocado luego por la Corte Suprema de Tucumán. “Dados los plazos establecidos en nuestra Constitución provincial y leyes electorales, resultaba imposible la convocatoria a nuevas elecciones antes del vencimiento de los mandatos de las autoridades provinciales, en fecha 28 de octubre de 2015”, sostuvo Caponio, remarcando que la provincia quedó “virtualmente al borde de una intervención federal”.

“Hay que tener presente también el absurdo que significa que una resolución de la Junta Electoral provincial, que está integrada -entre otros- por el presidente de la Corte, sea revisada por jueces inferiores al máximo tribunal de Tucumán”, fundamentó el oficialista.

Hoy, la causa por presunto fraude que tramita el ApB-Cambiemos está en la órbita de la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

En las últimas semanas el runrún del oficialismo indicaba que el fallo definitivo ya había sido dictado. Esto incluso, eso fue celebrado en la última sesión legislativa en pleno recinto por Guillermo Gassenbauer, vicepresidente 1° del cuerpo colegiado y ex secretario privado del ex gobernador y actual senador del PJ-FpV, José Alperovich. Sin embargo, el máximo tribunal argentino todavía no dio a conocer la sentencia oficialmente.

Proceso de revisión

En diciembre pasado, la bancada de legisladores afín a la Casa de Gobierno comenzó un proceso de sanción de diversas normas relativas al funcionamiento del Poder Judicial de Tucumán.

Entre las leyes aprobadas estuvo la creación de seis juzgados de primera instancia para el fuero Contencioso Administrativo. Esos cargos permanecen vacantes, pero su sola habilitación generó críticas de los legisladores opositores, quienes interpretaron la decisión del bloque oficialista como un intento de “licuar” el poder de acción de los camaristas del fuero contencioso.

En esta nueva propuesta, el oficialismo busca que los magistrados de los tribunales ubicados en calle 24 de Septiembre 677 directamente no participen en las causas electorales ni en aquellas vinculadas a los partidos políticos provinciales. Caponio, en los fundamentos, dejó a las claras que el tenso clima vivido en los comicios locales de 2015 está lejos de quedar en el olvido para el FpV-PJ.

“Se debe evitar una nueva crisis institucional, como la sucedida cuando un tribunal inferior a la Corte Suprema de la Provincia, la Sala I de la Cámara en lo Contencioso Administrativo, hizo lugar a un amparo interpuesto por el ApB-Cambiemos, y declaró la nulidad total de las elecciones provinciales, las cuales habían arrojado un rotundo triunfo, por más de 110.000 votos, a favor de la fórmula Manzur-Jaldo”, recordó el apoderado del partido gobernante. Y mencionó que los camaristas Ruiz y López Piossek “habían ordenado al PE convoque a nuevas elecciones”.

Caponio no aludió en los fundamentos a la reforma política y electoral que anunciaron el gobernador y el vicegobernador tras su asunción. Tampoco mencionó la comisión legislativa que fue creada con ese objetivo en octubre del año pasado, aunque ese grupo de trabajo aún no avanzó con su misión.

Claves para entender la iniciativa

¿Este proyecto puede impactar en estas elecciones?
No. Las elecciones de este año (permitirán a los tucumanos renovar cuatro bancas de diputado nacional) son reguladas por el Código Electoral Nacional. El proyecto de Caponio, de ser aprobado, impactaría en las elecciones provinciales de 2019.

¿Qué cambiaría, en la práctica, esta iniciativa?
Ejemplo: tras los comicios de 2015, José Cano y Amaya, del ApB-Cambiemos, acudieron a la Cámara en lo Contencioso Administrativo para denunciar fraude. Con los cambios que propone el PJ, hubieran tenido que ir directo a la Corte.

¿Actuó la Corte en algún caso electoral?
Sí, pero como tribunal de revisión de sentencia. En 2015, por ejemplo, la Corte -integrada por René Goane, Daniel Posse (únicos vocales originales), Raúl Horacio Bejas, Benjamín Moisá y Miguel Ibáñez-, participó tras un “per sáltum” del PJ.

¿Por qué el PJ-FpV apunta al fuero contencioso?
La oposición califica al fuero contencioso como uno de los pocos estrados aún no conquistados por el PJ-FpV. Desde allí no sólo se anularon los comicios 2015; también hubo fallos que complicaron al gobierno por los “gastos sociales”.

El proyecto, ¿condiciona a la Junta Electoral?
No. Incluso, la iniciativa presentada por el apoderado del PJ-FPV remarca que el órgano constitucional provincial tiene entre sus deberes “realizar el escrutinio definitivo, juzgar la validez de las elecciones, proclamar y diplomar a los electos”. 

¿Se utiliza en otros distritos el sistema propuesto?
El peronista Caponio señaló en el proyecto de ley que “el Tribunal Superior de Justicia de Ciudad de Buenos Aires viene ejerciendo la competencia originaria en materia electoral y de partidos políticos desde 1998 hasta la actualidad”.