Provincia de frontera

21 Mar 2017

Secuestros de mercaderías por más $ 80 millones que venían de Bolivia, se acopiaban en estas tierras y luego eran distribuidas a las “saladas” de todo el país. Contactos comprobados de que grandes organizaciones narcos utilizan nuestro suelo como centro de operaciones a nivel regional y nacional. Más del 80% de los más de 30 homicidios que ocurrieron en lo que va del año tienen que ver con algún tipo de disputas donde la droga siempre estuvo presente. Estas son pruebas categóricas de que Tucumán se está convirtiendo en una provincia de frontera donde el contrabando y la violencia se apoderan de sus calles. Si el diagnóstico es malo, es al menos penosa la indiferencia de la dirigencia política que no termina de asumir la problemática.

La conexión de supuestos narcos con la política volvió a salir a luz en “tuculandia”. José “Pico” Peralta, sospechado de ser el líder de Los 30, banda que estaría manejando el narcomenudeo en el sur de la ciudad, recuperó la libertad por un polémico fallo de la Cámara Federal de Apelaciones que generó casi el mismo escándalo que cuando supuestamente se fugó de la comisaría de Delfín Gallo. Antes de que saliera en libertad, confirmó que él y su esposa trabajaron en el Concejo Deliberante capitalino para el peronismo.

Quizás, sin conocerlo, “Pico” se cruzó varias veces con Julio César Trayán, detenido por ser sospechoso de integrar una banda que comercializaba estupefacientes, ya que también ocupó un cargo en el mismo edificio de Monteagudo y San Martín y luego en la Legislatura, bajo las órdenes del oficialista Ramón Cano que presidió el Consejo cuando Peralta trabajó allí. Hasta aquí, ambos casos fueron tapados bajo la alfombra. No hubo sanciones ni reproches. Ahora pareciera que representantes de Cambiemos analizan el fallo de la Cámara para ver si encuentras elementos para pedirle juicio político a sus integrantes.

Los políticos toman a la seguridad como caballito de batalla para hacerse notar en las redes sociales. Pero a la hora de buscar alternativas y soluciones dejan mucho que desear. Eso quedó demostrado en la tarea que realizó la Comisión de Seguimiento de la ley de Emergencia de Seguridad. Sus integrantes, representantes de los tres poderes, tardaron casi seis meses para elaborar propuestas que están lejos de ser un aporte. Por ejemplo, pese a que ya está contemplada en la norma, pretenden que empleados públicos se encarguen del papeleo en las comisarías y los uniformados que cumplen con esa tarea salgan a la calle a realizar tareas de prevención.

La tribuna comprará esa información y quizás haya varios que la aplaudan, pero lo harán porque no conocen la letra chiquita. Según las estimaciones de la fuerza, unos 800 hombres (10% del total) cumplen con tareas administrativas. De ese número, unos 400 son profesionales (médicos, bioquímicos, ingenieros y analistas de sistemas, entre otros) que no están para pararse en una esquina, más de 200 están destinados allí por problemas de salud y, el resto, por cuestiones de edad, están esperando el retiro. ¿Qué aporten podrán realizar? Esa es una pregunta que deberán responderse los impulsores de este proyecto.

También sueñan con crear la oficina de Asuntos Internos de la Policía, cuando en realidad ya existe la Oficina de Sumarios Administrativos que vigila la actividad de los uniformados. ¿No sería mejor preguntar qué hace falta para mejorar esa dependencia y no crear otra? Ni hablar de las intenciones de invitar a los jefes de la policía de Los Ángeles (Estados Unidos) y Holanda para que cuenten sobre las políticas que aplicaron en sus países que son completamente diferentes a nuestra provincia. Se animarán a contarles que en estas tierras existe un centro de recuperación de adictos –con poco más de 20 plazas y sólo para hombres-, pese a que el 80% de los que cometen delitos tienen problemas de adicción.

En los últimos días quedó demostrado que los políticos también arrastran a otros a cumplir un papel que roza con lo ridículo. La fiscala Adriana Giannoni inició una investigación por los supuestos abusos de autoridad y otros delitos que cometieron los vigías y policías de la comisaría de Banda del río Salí. Darío Monteros, intendente de esa ciudad, en vez de abrir las puertas para demostrar que se trataba de un caso aislado y que expulsará a esos hombres, se puso a la defensiva. Primero, en su fan page de Facebook le dio fuerzas a un acusado de abuso sexual. Luego, a través de una solicitada anunció que no permitirá que la Justicia arruine el trabajo que realizan sus hombres. Y consiguió sumar a los referentes de la sociedad, como lo son el sacerdote, las autoridades educativas, concejales y empresarios de esa localidad. ¿Qué mensaje recibieron los bandeños? ¿Se debe proteger a los que cometen ilícitos? Tristísimo.

Un legislador oficialista no se cansa de repetir en off que para mejorar la seguridad es necesario poner plata. Y la gestión de Juan Manzur, hasta el momento, no realizó ninguna inversión importante para comprar vehículos o equipos. Pero ese pensamiento no sale a la luz porque el parlamentario, al igual que sus colegas, sabe que cruzarse de vereda les puede jugar muy en contra. Eso sí, seguirán utilizando las redes sociales para exigir cambios, cuestionar, y prometer soluciones mágicas que nunca ocurrirán. Y no será así porque para combatir la inseguridad se necesita de un trabajo a largo plazo y el esfuerzo de todos los poderes con el acompañamiento de la sociedad. Lo demás es puro verso.

Comentarios