Por Gustavo Rodríguez
06 Marzo 2017
El desesperado grito de #NiUnaMenos volverá a escucharse el miércoles en esta y en todas las provincias del país. Otra vez, miles de mujeres se concentrarán para implorar que no las golpeen, que no las maten, que los legisladores insistan en tratar las normas que vienen reclamando desde hace años, que la Justicia las escuche de una vez por todas y, fundamentalmente, que el Estado no las deje abandonadas en medio del infierno en el que viven desde hace mucho tiempo.
Las mujeres del NOA sufren. En el informe estadístico que elabora La Casa del Encuentro, una de las asociaciones civiles que brindan asistencia a las víctimas, está registrado un dato que no es menor: cuatro de las cinco provincias de la región aparecen en el ranking de las 10 en las que más femicidios se produjeron. En ese trágico top ten, liderado por Buenos Aires (90 casos) aparecen Salta (11), Jujuy (11), Tucumán (8) y Santiago del Estero (8). Y en el listado elaborado por la tasa de este tipo de homicidios cada 100.000 habitantes, Jujuy ocupa el primer puesto con comodidad.
La región también quedó en la vidriera a nivel internacional por dos tragedias que rozan lo indignante. Henry Coronado y Gabriel Herrera, hombres que estaban detenidos esperando ser enjuiciados por haber matado a sus ex mujeres, asesinaron a sus actuales parejas en la cárcel de esta provincia y de Salta, respectivamente, durante las visitas íntimas. En la vecina provincia, por este hecho, se anularon todas las visitas íntimas a hombres procesados por femicidios. En la nuestra, por ahora, no se tomó ninguna medida.
Costumbres argentinas
En este país ya se hizo costumbre creer que con endurecimiento de las penas se acaban los delitos. En 2012 se modificó el artículo 80 del Código Penal, aplicando prisión perpetua para el femicida. Sin embargo, desde esa fecha, este tipo de homicidios no sólo no han disminuido, sino que se incrementan año tras año. Las soluciones de fondo, las que realmente importan, siguen sin aparecer, pese a los multitudinarios reclamos.
España puede ser considerada un buen ejemplo en lo que se refiere a la lucha contra la violencia de género. Alarmada por la cantidad de femicidios que se producían año tras año, las autoridades decidieron convocar a todos los sectores para debatir -palabra que en nuestro país pareciera no existir- cómo resolver el problema. Durante meses, representantes de todas las áreas del gobierno, especialistas, organizaciones civiles y víctimas, se sentaron en una mesa y acordaron una serie de medidas con las que lograron bajar los índices que espantaban a toda Europa.
La receta del éxito fue simple, nada descabellada, sino práctica y concreta. Tampoco hubo anuncios rimbombantes, sino una decisión de ponerla en marcha y hacerla cumplir a rajatabla. Las víctimas, luego de denunciar el caso, reciben ayuda del Estado. Las ayudan a conseguir un trabajo o les otorgan un subsidio económico y un lugar para que puedan vivir ellas y sus hijos, y así cortar ese enfermizo vínculo.
El victimario afronta un proceso judicial sumarísimo, es decir, veloz para recibir una condena, si es que llegara a ser encontrado culpable. A esas medidas les agregaron agresivas campañas para desnudar el problema y, desde la escuela misma, recalcar que golpear a una mujer es un delito penado por la Ley. Y lo que es fundamental: el golpeador o el asesino está obligado a recibir tratamiento psicológico de por vida, algo que Coronado y Herrera jamás recibieron.
Padecimiento
Las víctimas tucumanas viven dos infiernos. Por un lado, los golpes, humillaciones y vejaciones. Por el otro, que es mucho más grave aún, la sordera de los actores que no escuchan sus gritos de auxilio. Una mujer que es agredida debe realizar la denuncia en la Policía, después pasar por un médico de la fuerza para que constate la lesión, ratificar la denuncia en tribunales y esperar que un fiscal de turno tome alguna medida, que en el mejor de los casos será una prohibición de acercamiento o la exclusión del hogar. Esos trámites pueden durar varios días y hasta semanas. Y esas medidas no garantizan nada, porque es probable que el golpeador no las cumpla o que la víctima, que se quedó sin el sostén del hogar, termine permitiendo el regreso del victimario y, lo que es peor aún, el levantamiento de la denuncia.
La Legislatura aprobó hace muy poco tiempo la Ley de Emergencia contra la Violencia de la Mujer que, en definitiva, fue apenas un paliativo para la tribuna. Cuestiones fundamentales como asistencia económica y habitacionales siguen en veremos. Ni hablar de asegurar la atención psicológica para las víctimas y los victimarios. Las organizaciones civiles casi fueron dejadas de lado en el seguimiento de la problemática. Tampoco se realizaron las campañas de prevención que se aprobó realizar. La Nación también aportó su granito de arena para acrecentar la desilusión: recortó los fondos de las ONG que se dedican a atender estos casos.
En la Justicia tampoco hubo cambios de consideración, pese a que se estima que cada fiscal recibe entre 10 y 12 denuncias por día. La creación de una fiscalía especializada en la materia, como ocurre en la mayoría de las otras jurisdicciones del país, que tenga personal capacitado en cuestiones de género, con gabinetes psicológicos, con trabajadores sociales y médicos, es una verdadera utopía. El miércoles, las mujeres volverán a marchar por las calles de todo el país. Una vez más, buscarán que sus gritos sean escuchados y, fundamentalmente, quieren demostrar que caminar portando pancartas no es en vano.
Las mujeres del NOA sufren. En el informe estadístico que elabora La Casa del Encuentro, una de las asociaciones civiles que brindan asistencia a las víctimas, está registrado un dato que no es menor: cuatro de las cinco provincias de la región aparecen en el ranking de las 10 en las que más femicidios se produjeron. En ese trágico top ten, liderado por Buenos Aires (90 casos) aparecen Salta (11), Jujuy (11), Tucumán (8) y Santiago del Estero (8). Y en el listado elaborado por la tasa de este tipo de homicidios cada 100.000 habitantes, Jujuy ocupa el primer puesto con comodidad.
La región también quedó en la vidriera a nivel internacional por dos tragedias que rozan lo indignante. Henry Coronado y Gabriel Herrera, hombres que estaban detenidos esperando ser enjuiciados por haber matado a sus ex mujeres, asesinaron a sus actuales parejas en la cárcel de esta provincia y de Salta, respectivamente, durante las visitas íntimas. En la vecina provincia, por este hecho, se anularon todas las visitas íntimas a hombres procesados por femicidios. En la nuestra, por ahora, no se tomó ninguna medida.
Costumbres argentinas
En este país ya se hizo costumbre creer que con endurecimiento de las penas se acaban los delitos. En 2012 se modificó el artículo 80 del Código Penal, aplicando prisión perpetua para el femicida. Sin embargo, desde esa fecha, este tipo de homicidios no sólo no han disminuido, sino que se incrementan año tras año. Las soluciones de fondo, las que realmente importan, siguen sin aparecer, pese a los multitudinarios reclamos.
España puede ser considerada un buen ejemplo en lo que se refiere a la lucha contra la violencia de género. Alarmada por la cantidad de femicidios que se producían año tras año, las autoridades decidieron convocar a todos los sectores para debatir -palabra que en nuestro país pareciera no existir- cómo resolver el problema. Durante meses, representantes de todas las áreas del gobierno, especialistas, organizaciones civiles y víctimas, se sentaron en una mesa y acordaron una serie de medidas con las que lograron bajar los índices que espantaban a toda Europa.
La receta del éxito fue simple, nada descabellada, sino práctica y concreta. Tampoco hubo anuncios rimbombantes, sino una decisión de ponerla en marcha y hacerla cumplir a rajatabla. Las víctimas, luego de denunciar el caso, reciben ayuda del Estado. Las ayudan a conseguir un trabajo o les otorgan un subsidio económico y un lugar para que puedan vivir ellas y sus hijos, y así cortar ese enfermizo vínculo.
El victimario afronta un proceso judicial sumarísimo, es decir, veloz para recibir una condena, si es que llegara a ser encontrado culpable. A esas medidas les agregaron agresivas campañas para desnudar el problema y, desde la escuela misma, recalcar que golpear a una mujer es un delito penado por la Ley. Y lo que es fundamental: el golpeador o el asesino está obligado a recibir tratamiento psicológico de por vida, algo que Coronado y Herrera jamás recibieron.
Padecimiento
Las víctimas tucumanas viven dos infiernos. Por un lado, los golpes, humillaciones y vejaciones. Por el otro, que es mucho más grave aún, la sordera de los actores que no escuchan sus gritos de auxilio. Una mujer que es agredida debe realizar la denuncia en la Policía, después pasar por un médico de la fuerza para que constate la lesión, ratificar la denuncia en tribunales y esperar que un fiscal de turno tome alguna medida, que en el mejor de los casos será una prohibición de acercamiento o la exclusión del hogar. Esos trámites pueden durar varios días y hasta semanas. Y esas medidas no garantizan nada, porque es probable que el golpeador no las cumpla o que la víctima, que se quedó sin el sostén del hogar, termine permitiendo el regreso del victimario y, lo que es peor aún, el levantamiento de la denuncia.
La Legislatura aprobó hace muy poco tiempo la Ley de Emergencia contra la Violencia de la Mujer que, en definitiva, fue apenas un paliativo para la tribuna. Cuestiones fundamentales como asistencia económica y habitacionales siguen en veremos. Ni hablar de asegurar la atención psicológica para las víctimas y los victimarios. Las organizaciones civiles casi fueron dejadas de lado en el seguimiento de la problemática. Tampoco se realizaron las campañas de prevención que se aprobó realizar. La Nación también aportó su granito de arena para acrecentar la desilusión: recortó los fondos de las ONG que se dedican a atender estos casos.
En la Justicia tampoco hubo cambios de consideración, pese a que se estima que cada fiscal recibe entre 10 y 12 denuncias por día. La creación de una fiscalía especializada en la materia, como ocurre en la mayoría de las otras jurisdicciones del país, que tenga personal capacitado en cuestiones de género, con gabinetes psicológicos, con trabajadores sociales y médicos, es una verdadera utopía. El miércoles, las mujeres volverán a marchar por las calles de todo el país. Una vez más, buscarán que sus gritos sean escuchados y, fundamentalmente, quieren demostrar que caminar portando pancartas no es en vano.
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