Caponio dice que vio a Estofán por la ley del Ministerio Público

Son días delicados para el futuro de la ley que dividió en dos al Ministerio Público, y libró a los nuevos órganos del control que la Corte Suprema de Justicia de Tucumán ejercía sobre los recursos humanos y materiales. Dos demandas radicadas en el alto tribunal reclaman la declaración de inconstitucionalidad de la norma (se informa por aparte). En esa coyuntura, Marcelo Caponio, legislador oficialista, visitó ayer a Antonio Estofán, uno de los cinco vocales de la Corte. “Fui a defender el nuevo sistema: es la solución para la impunidad”, explicó.

Caponio negó que existiese la posibilidad de reformar la ley sancionada hace dos semanas -que ya está en vigor- con la incorporación de algunas de las principales objeciones, como sucedió respecto de la enmienda del proceso laboral (fue aprobada en diciembre y re-reformada el mes pasado). “No debería haber más retoques normativos. La ley del Ministerio Público es técnicamente correcta y esencial para poner en marcha el nuevo Código Procesal Penal (adoptado en octubre pasado y que debía entrar en vigencia en septiembre)”, dijo el oficialista en una entrevista. Estofán prefirió no hacer comentarios.

El alto tribunal debe dejar de lado las cuestiones personales y considerar el interés general, según Caponio. “El sistema actual de persecución del delito está en crisis y no es cuestión de dar más poder a ‘Pirincho’ (Edmundo Jiménez, ministro público fiscal), sino de que los imputados vayan a juicio oral y, si corresponde, reciban una condena. Me da pena que por diferencias pequeñas se pierdan cosas importantes para la sociedad”, opinó aunque prefirió no precisar a qué tipo de divergencias de menor importancia se refería.

El legislador rechazó que la ley sea inconstitucional como sostienen distintos opositores con base en el artículo 121 de la Constitución de Tucumán, que otorga a la Corte la superintendencia del Poder Judicial, institución que comprende al Ministerio Público. “La ley no es inconstitucional: lo que es inconstitucional es el artículo 121 de la Carta Magna, y la Corte así debería declararlo como hizo antes respecto del Consejo Asesor de la Magistratura y de otros institutos”, propuso. Y añadió que los reparos administrativos atinentes a la emancipación total de los ministerios públicos podían ser solucionados sin derribar la norma.

Caponio defendió la autonomía e independencia funcional de los órganos encargados de acusar (encabezado por Jiménez) y de defender (el gobernador Juan Manzur debe nombrar al titular). “No pueden depender de la Corte. A esta organización no la inventé yo: es la que hace falta para transformar el fuero penal”, acotó. Según su criterio, el cambio consiste en dejar atrás la Justicia inmóvil o estática del presente, que archiva ocho de cada 10 denuncias y celebra menos de 200 juicios por año, para pasar a otra dinámica. “Le pido a la Corte que tenga en cuenta esta situación antes de emitir una sentencia”, insistió el legislador.

La Corte quedó habilitada para analizar la cautelar

Tanto el peronista disidente Oscar López como los dirigentes radicales Silvia Elías de Pérez, José María Canelada y Juan Andrés Robles peticionaron a la Corte Suprema de Justicia de Tucumán que suspenda en forma provisoria la aplicación de la ley que dividió el Ministerio Público, y lo libró de los controles que ejercía el alto tribunal en cuanto al manejo de los recursos humanos y materiales. Los vocales Antonio Gandur (presidente), René Goane, Claudia Sbdar y Daniel Posse quedaron ayer habilitados para analizar la solicitud, cuestión que podrían resolver en forma conjunta con el pronunciamiento sobre la competencia. Ocurre que Carlos Sale, fiscal de Cámara, dictaminó que la Corte debía intervenir en los pleitos (la opinión no es vinculante).

Sale actuó en reemplazo de Edmundo Jiménez, ministro público fiscal. Fuentes de la cúpula judicial indicaron que el jefe de los fiscales había salido de licencia ayer y hoy, y no pudo ser ubicado este jueves. Los expedientes de López y de los radicales están en manos de Sbdar, quien salió sorteada para votar en primer lugar.

Los opositores dijeron que los “superpoderes” otorgados a Jiménez y a su homólogo de la Defensa (cargo vacante) son inconstitucionales. Entre los aspectos más criticados está la posibilidad de nombrar en forma discrecional fiscales y defensores generales y adjuntos, y la aparición de fiscales y defensores regionales sin estabilidad en el cargo. El oficialismo logró la aprobación de la ley hace dos semanas con el argumento de que la reorganización del Ministerio Público es imprescindible para implementar el nuevo régimen procesal penal, como recordó ayer el legislador justicialista Marcelo Caponio (se informa por separado).