Por LA GACETA
23 Febrero 2017
Un antiguo problema de Tucumán constituye la mendicidad ejercida por menores. Cuando se consulta la colección de nuestras más que centenarias columnas, el tema reaparece a cada rato, como materia de editoriales, de notas o de denuncias de lectores. Todo eso revela la permanencia de una realidad ciudadana que alguna vez debiera ser modificada.
El menor mendigo deambula constantemente por nuestras calles. Ingresa a los bares y a los negocios, detiene gente para pedirle y, salvo que su madre -que suele ejercer y promover la misma actividad- lo lleve a la casa, termina durmiendo tirado en algún zaguán. De más está decir que ese menor no conoce la escuela. Su entorno es la calle, con todos los riesgos que eso significa: desde adquirir -como ocurre con tanta frecuencia- la adicción a las drogas y al delito, hasta la posibilidad cierta de ser corrompido y hasta secuestrado por adultos.
Cualquier cosa puede ocurrirle en semejante desamparo, que transcurre sobre el telón de fondo de la indiferencia y del ruido urbanos. Ver, después de la medianoche, a los menores que en las platabandas de las avenidas, piden dinero junto a los semáforos, constituye una imagen indudablemente patética. El conductor que pasa no puede menos que meditar, siquiera por un momento, sobre la variedad de peligros a los que están expuestos, como algo que no parece importar a persona alguna y de lo que nadie se hace responsable.
Sucede que, en la realidad, la sociedad es la responsable de que esos casos registren tanta asiduidad, como el mejor caldo de cultivo, repetimos, para la adicción y para la delincuencia. Por lo tanto, los organismos oficiales que la sociedad posee, tienen la grave obligación de operar sobre el tema, en lugar de que se produzca como algo convertido ya en normal y aceptable. La cantidad de menores que vagabundean y mendigan, está indicando que el Estado directamente se desentiende, o si interviene, lo hace de una manera muy escasa y prácticamente imperceptible, en cuanto a sus resultados.
No es de nuestro resorte indicar concretamente las acciones que el poder público debiera acometer para, si no puede suprimir totalmente la mendicidad de menores, por lo menos lograr reducirla a su mínima expresión. Existen departamentos con competencia sobre el asunto dentro del organigrama de la administración pública, y parecería lógico exigirles una mayor preocupación y una mayor actividad.
Nos parece que, entre esos derechos humanos cuya defensa, justificadamente y con tanta fuerza, proclaman los gobiernos en estas últimas décadas, está el derecho que tienen esos menores de ser incluidos dentro de la comunidad. Ya que no lo hacen sus padres, el Estado tiene que orquestar los recaudos para sacarlos de una actividad que nada positivo, sino todo lo contrario, puede aportar a sus jóvenes vidas.
Pensamos que el poder público debiera asumir esta problemática, e incluirla en lugar destacado dentro de sus prioridades. Esto a fin de proporcionarle esas soluciones que en la actualidad brillan por su ausencia. No es posible que tan triste cuadro continúe incorporado a la realidad de Tucumán. Contrasta paradójicamente con muchos otros logros sociales que hemos obtenido no sin esfuerzo, gracias a la gestión de las autoridades. Uno no puede menos que preguntarse la razón por la cual esa carencia de acción efectiva se mantiene.
El menor mendigo deambula constantemente por nuestras calles. Ingresa a los bares y a los negocios, detiene gente para pedirle y, salvo que su madre -que suele ejercer y promover la misma actividad- lo lleve a la casa, termina durmiendo tirado en algún zaguán. De más está decir que ese menor no conoce la escuela. Su entorno es la calle, con todos los riesgos que eso significa: desde adquirir -como ocurre con tanta frecuencia- la adicción a las drogas y al delito, hasta la posibilidad cierta de ser corrompido y hasta secuestrado por adultos.
Cualquier cosa puede ocurrirle en semejante desamparo, que transcurre sobre el telón de fondo de la indiferencia y del ruido urbanos. Ver, después de la medianoche, a los menores que en las platabandas de las avenidas, piden dinero junto a los semáforos, constituye una imagen indudablemente patética. El conductor que pasa no puede menos que meditar, siquiera por un momento, sobre la variedad de peligros a los que están expuestos, como algo que no parece importar a persona alguna y de lo que nadie se hace responsable.
Sucede que, en la realidad, la sociedad es la responsable de que esos casos registren tanta asiduidad, como el mejor caldo de cultivo, repetimos, para la adicción y para la delincuencia. Por lo tanto, los organismos oficiales que la sociedad posee, tienen la grave obligación de operar sobre el tema, en lugar de que se produzca como algo convertido ya en normal y aceptable. La cantidad de menores que vagabundean y mendigan, está indicando que el Estado directamente se desentiende, o si interviene, lo hace de una manera muy escasa y prácticamente imperceptible, en cuanto a sus resultados.
No es de nuestro resorte indicar concretamente las acciones que el poder público debiera acometer para, si no puede suprimir totalmente la mendicidad de menores, por lo menos lograr reducirla a su mínima expresión. Existen departamentos con competencia sobre el asunto dentro del organigrama de la administración pública, y parecería lógico exigirles una mayor preocupación y una mayor actividad.
Nos parece que, entre esos derechos humanos cuya defensa, justificadamente y con tanta fuerza, proclaman los gobiernos en estas últimas décadas, está el derecho que tienen esos menores de ser incluidos dentro de la comunidad. Ya que no lo hacen sus padres, el Estado tiene que orquestar los recaudos para sacarlos de una actividad que nada positivo, sino todo lo contrario, puede aportar a sus jóvenes vidas.
Pensamos que el poder público debiera asumir esta problemática, e incluirla en lugar destacado dentro de sus prioridades. Esto a fin de proporcionarle esas soluciones que en la actualidad brillan por su ausencia. No es posible que tan triste cuadro continúe incorporado a la realidad de Tucumán. Contrasta paradójicamente con muchos otros logros sociales que hemos obtenido no sin esfuerzo, gracias a la gestión de las autoridades. Uno no puede menos que preguntarse la razón por la cual esa carencia de acción efectiva se mantiene.
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