Por Marcelo Aguaysol
11 Febrero 2017
No hay plata y eso se nota. Y, ojo, no solamente en aquellos asalariados que, el año pasado, han perdido el poder adquisitivo de sus ingresos entre un 7% y un 10%. También los políticos sienten este efecto. ¿Eso es bueno o malo? Pensando en gestión, indudablemente que una billetera más comprimida implica menos obras públicas. Por ende, menos puestos laborales y menos consumo. En términos electorales, tal vez otra sea la percepción. Si bien aún estamos en verano, hasta ahora en este año electoral no han asomado candidaturas. Por lo tanto, el bombardeo proselitista se demorará un buen tiempo, hasta fines de julio. Ahora bien, ¿por qué no hay postulantes definidos para la renovación parlamentaria que se avecina? Una parte de la explicación puede estar fundada en la austeridad que las principales fuerzas políticas han mostrado para la próxima campaña. Pero gran parte de la argumentación se sustenta en que no hay candidatos potables que tiendan a torcer las voluntades del electorado para uno u otro lado. Y, en ese proceso, la culpa es de la incertidumbre que reina en la Argentina. Nadie se arriesga a afirmar enfáticamente que éste será el año del despegue definitivo de la economía nacional. Más aún, el Gobierno nacional está dando claras muestras de que shock y gradualismo son parte de la misma historia: el reajuste que golpeó -y sigue golpeando- el bolsillo de los trabajadores y los costos de los empresarios. Claro que estos últimos tienen la posibilidad de trasladar a precios un aumento en las tarifas de los servicios públicos privatizados. Sin embargo, a los asalariados no les queda más remedio que la resignación. En otras palabras, el humor social es tal que nadie se anima a salir a la calle a pedir el voto. Es aquí donde la política debe asumir la cuenta y abonarla al contado, con medidas que tiendan a mejorar las expectativas socioeconómicas de todas las franjas sociales de una Argentina en la que uno de cada tres habitantes es pobre; en un país donde un tercio de su actividad económica sigue estando en la oscuridad, en la informalidad que sólo agranda la brecha entre ricos y pobres; en una nación que requiere de una real apertura al diálogo y no de chicanas políticas para saber quién ocupará la casilla del medio.
Esta semana fue de evaluaciones en la Casa Rosada. El presidente Mauricio Macri y parte de sus colaboradores analizaron la marcha de la gestión. Hubo quejas internas respecto de las idas y vueltas del plan Precios Transparentes, cuyos efectos no fueron los deseados. El jefe de Estado sigue mirando con desconfianza a cierto sector del empresariado nacional que prometió acompañamiento y que, según la creencia oficial, hoy le da la espalda. En esos encuentros también se evaluó el posible escenario electoral. El poder de turno sigue mirando a Buenos Aires como el eje de la campaña que se viene, sin perder de vista que la Ciudad Autónoma es el otro distrito con intención de votos favorables. Santa Fe y Córdoba completan el mosaico que el macrismo quiere reconstruir para ganar las próximas elecciones. Cambiemos debe reconstruir su alianza en tierras socialistas. En la provincia mediterránea, en tanto, depende de la postura que adopte el gobernador Juan Schiaretti. Además, el oficialismo también necesita seducir a la desencantada clase media que le dio su sufragio, pero que sufrió los embates de la actualización tarifaria.
En el norte, la situación política parece más clara. Cuentan que el macrismo sostiene que en Salta, por ejemplo, el gobernador Juan Manuel Urtubey es más afín que el hoy mediático diputado nacional Alfredo Olmedo. Que Jujuy es un distrito electoral propio. Y que en Santiago del Estero, Catamarca y el propio Tucumán pueden seguir en manos del PJ, aún con la fragmentación de la dirigencia nacional. Juan Manzur, para cierto sector del gabinete macrista, es pragmático; por lo tanto, su alianza institucional va más allá de las urnas.
Sin embargo, las elecciones pueden esperar. Hoy el problema se viste con guardapolvos: peligra el inicio de las clases. El techo que le puso la gestión de Mauricio Macri a las paritarias (acepta un reajuste anual de hasta el 18%) no resiste el embate de la tormenta sindical, que aspira a que los incrementos salariales cierren por encima del 25%, de acuerdo con la evolución inflacionaria. Y, entonces, la Casa Rosada ha decidido mirar al costado y, en suma, federalizar el problema, es decir, que sea cada una de las provincias la que dirima con los gremios cuánto será el aumento que se esté dispuesto a pagar. Claro está que las transferencias coparticipables no son para nada generosas. A cada distrito se distribuye lo pautado y un poco más que, curiosamente, proviene de una recaudación de impuestos nacionales beneficiada por la inflación.
Tucumán no es ni será la excepción a la regla. Si bien la administración del gobernador Juan Manzur tiene uno de los presupuestos más abultados de los últimos tiempos (unos $ 54.600 millones para este ejercicio), la carga salarial supera el 54% del total de ingresos. Las obligaciones salariales, incluyendo a los municipios, roza los $ 30.000 millones. Por lo tanto, el esfuerzo fiscal que debe hacer el Estado provincial será cercano a los $ 3.000 millones tratándose de un arreglo salarial que no supere el 20%. Si el porcentaje se eleva, el esfuerzo fiscal será mucho más visible, particularmente en la política impositiva, ya que la Provincia no recurrirá al financiamiento privado para cubrir gastos corrientes como tampoco puede apelar a una emisión monetaria, una herramienta de otros tiempos que, Dios quiera, siga guardada en el cofre de los tristes recuerdos de las provincias eternamente endeudadas.
Ese mismo endeudamiento le pasa factura a la Provincia. Si uno observa la deuda pública podrá apreciar que, sólo el año pasado, se incrementó en torno de $ 1.600 millones. Al cierre de noviembre, el pasivo total del sector público tucumano trepó a $ 5.328 millones, de acuerdo con el informe de la Contaduría General de la Provincia. En el último año, a esos compromisos se les adicionaron los acuerdos fiscales del año anterior y que, para este ejercicio, implicarán unos $ 40 millones mensuales menos, producto del cobro de los intereses. Si el monto de la deuda representa casi un 10% del Presupuesto, ¿por qué el Gobierno no lo cancela de una vez? La respuesta es tan sencilla como compleja. Sencilla porque le conviene seguir pagando el mínimo de la tarjeta y que la deuda se vaya licuando con el tiempo. Compleja, porque ninguna de las gestiones que se sucedieron en Tucumán, y que contaron con cierta liquidez financiera, estuvo y está dispuesta a salir de la emergencia económica, para no exponerse a una batería de juicios. Por eso hay un lema que en la Casa de Gobierno se recita constantemente: la demanda es infinita, pero los recursos siempre serán escasos.
Manzur se mantiene expectante. Los gobernadores acordaron una impasse hasta la última semana del mes. Hasta entonces esperan tener una respuesta de la Rosada. Si no la hay, es posible que la CGT se encargue de redimirlos. La amenaza de paro para marzo está latente. Mientras tanto, en el macrismo dicen que “lo peor parece haber pasado”. Y que la reactivación de la obra pública apuntalará la actividad económica. Mientras tanto, la señora incertidumbre se pasea por la Argentina.
Esta semana fue de evaluaciones en la Casa Rosada. El presidente Mauricio Macri y parte de sus colaboradores analizaron la marcha de la gestión. Hubo quejas internas respecto de las idas y vueltas del plan Precios Transparentes, cuyos efectos no fueron los deseados. El jefe de Estado sigue mirando con desconfianza a cierto sector del empresariado nacional que prometió acompañamiento y que, según la creencia oficial, hoy le da la espalda. En esos encuentros también se evaluó el posible escenario electoral. El poder de turno sigue mirando a Buenos Aires como el eje de la campaña que se viene, sin perder de vista que la Ciudad Autónoma es el otro distrito con intención de votos favorables. Santa Fe y Córdoba completan el mosaico que el macrismo quiere reconstruir para ganar las próximas elecciones. Cambiemos debe reconstruir su alianza en tierras socialistas. En la provincia mediterránea, en tanto, depende de la postura que adopte el gobernador Juan Schiaretti. Además, el oficialismo también necesita seducir a la desencantada clase media que le dio su sufragio, pero que sufrió los embates de la actualización tarifaria.
En el norte, la situación política parece más clara. Cuentan que el macrismo sostiene que en Salta, por ejemplo, el gobernador Juan Manuel Urtubey es más afín que el hoy mediático diputado nacional Alfredo Olmedo. Que Jujuy es un distrito electoral propio. Y que en Santiago del Estero, Catamarca y el propio Tucumán pueden seguir en manos del PJ, aún con la fragmentación de la dirigencia nacional. Juan Manzur, para cierto sector del gabinete macrista, es pragmático; por lo tanto, su alianza institucional va más allá de las urnas.
Sin embargo, las elecciones pueden esperar. Hoy el problema se viste con guardapolvos: peligra el inicio de las clases. El techo que le puso la gestión de Mauricio Macri a las paritarias (acepta un reajuste anual de hasta el 18%) no resiste el embate de la tormenta sindical, que aspira a que los incrementos salariales cierren por encima del 25%, de acuerdo con la evolución inflacionaria. Y, entonces, la Casa Rosada ha decidido mirar al costado y, en suma, federalizar el problema, es decir, que sea cada una de las provincias la que dirima con los gremios cuánto será el aumento que se esté dispuesto a pagar. Claro está que las transferencias coparticipables no son para nada generosas. A cada distrito se distribuye lo pautado y un poco más que, curiosamente, proviene de una recaudación de impuestos nacionales beneficiada por la inflación.
Tucumán no es ni será la excepción a la regla. Si bien la administración del gobernador Juan Manzur tiene uno de los presupuestos más abultados de los últimos tiempos (unos $ 54.600 millones para este ejercicio), la carga salarial supera el 54% del total de ingresos. Las obligaciones salariales, incluyendo a los municipios, roza los $ 30.000 millones. Por lo tanto, el esfuerzo fiscal que debe hacer el Estado provincial será cercano a los $ 3.000 millones tratándose de un arreglo salarial que no supere el 20%. Si el porcentaje se eleva, el esfuerzo fiscal será mucho más visible, particularmente en la política impositiva, ya que la Provincia no recurrirá al financiamiento privado para cubrir gastos corrientes como tampoco puede apelar a una emisión monetaria, una herramienta de otros tiempos que, Dios quiera, siga guardada en el cofre de los tristes recuerdos de las provincias eternamente endeudadas.
Ese mismo endeudamiento le pasa factura a la Provincia. Si uno observa la deuda pública podrá apreciar que, sólo el año pasado, se incrementó en torno de $ 1.600 millones. Al cierre de noviembre, el pasivo total del sector público tucumano trepó a $ 5.328 millones, de acuerdo con el informe de la Contaduría General de la Provincia. En el último año, a esos compromisos se les adicionaron los acuerdos fiscales del año anterior y que, para este ejercicio, implicarán unos $ 40 millones mensuales menos, producto del cobro de los intereses. Si el monto de la deuda representa casi un 10% del Presupuesto, ¿por qué el Gobierno no lo cancela de una vez? La respuesta es tan sencilla como compleja. Sencilla porque le conviene seguir pagando el mínimo de la tarjeta y que la deuda se vaya licuando con el tiempo. Compleja, porque ninguna de las gestiones que se sucedieron en Tucumán, y que contaron con cierta liquidez financiera, estuvo y está dispuesta a salir de la emergencia económica, para no exponerse a una batería de juicios. Por eso hay un lema que en la Casa de Gobierno se recita constantemente: la demanda es infinita, pero los recursos siempre serán escasos.
Manzur se mantiene expectante. Los gobernadores acordaron una impasse hasta la última semana del mes. Hasta entonces esperan tener una respuesta de la Rosada. Si no la hay, es posible que la CGT se encargue de redimirlos. La amenaza de paro para marzo está latente. Mientras tanto, en el macrismo dicen que “lo peor parece haber pasado”. Y que la reactivación de la obra pública apuntalará la actividad económica. Mientras tanto, la señora incertidumbre se pasea por la Argentina.
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