Por LA GACETA
11 Enero 2017
La violencia nunca es buen camino para expresar la disconformidad, porque se está avasallando el derecho de los otros. Son actitudes propias del patoterismo que tratan de impedir por la fuerza el funcionamiento de algo. En la noche del lunes, choferes de la Línea N° 11 denunciaron que seis colectivos fueron apedreados en el barrio 11 de Marzo. Dijeron que desconocidos los atacaron con palos y piedras mientras recorrían esa zona. Un directivo de la firma Inverbus dijo que iba a solicitar a funcionarios y a la Policía que garantizaran la seguridad para poder seguir brindando el servicio, que se restableció el lunes.
Apenas iniciado 2017, comenzó un conflicto entre la Municipalidad de San Miguel y la Línea N° 11. El Gobierno de la ciudad decidió revocarle la concesión a Inverbus y le otorgó el recorrido a Leagas SA. En el medio de la disputa quedaron los choferes que no habían cobrado el último sueldo y el bono de fin de año y los usuarios, que se quedaron sin el servicio. La intendencia le solicitó a las líneas 5, 7, 10 y 17 que cubrieran provisoriamente el recorrido de la 11 e informó que se le había quitado la concesión a Inverbus por reiterados incumplimientos legales en la prestación del servicio. Para evitar que este dejara de prestarse, autorizó a otra empresa de colectivos que se hiciera cargo del trayecto en forma precaria y transitoria, hasta tanto se llamara a licitación. Señaló que la compañía no había presentado la documentación necesaria para solicitar la renovación del plazo de la concesión: balance 2015, contrato de locación, detalle y documentación de los vehículos, incorporación de las unidades 0 kilometro, libre deuda nacional, provincial y municipal, y el pago del derecho de renovación de la concesión.
Inverbus negó algunas de las acusaciones y presentó un recurso de amparo en la Sala 1 de la Cámara en lo Contencioso Administrativo. La Justicia falló a favor de la compañía de colectivos, le ordenó que abonara los sueldos y a la Municipalidad que le devolviera las máquinas validadoras para que pudiese seguir brindando servicio. Entretanto, los choferes se movilizaron a la plaza Independencia para protestar y generaron un caos de grandes proporciones en el tránsito; luego trasladaron el reclamo a la sede municipal. Finalmente, el lunes, todo pareció volver a la normalidad con el regreso de la Línea 11 a la calle. Pero las agresiones que sufrieron los choferes por la noche en Barrio Sur echaron sombras en este asunto y sobre sus protagonistas.
Este ataque deleznable a los colectivos genera todo tipo de suspicacias y refleja que hay intereses creados en torno a este conflicto que no termina de cerrarse. Creemos que no se debe dejar pasar por alto este atentado. La Justicia debe investigar a fondo hasta detener a los atacantes y aplicar las sanciones correspondientes. Al mismo tiempo, el Estado debe garantizar la seguridad no sólo de los conductores, sino también de los usuarios, que vienen soportando los coletazos de esta disputa desde el inicio del año.
Estas intimidaciones buscan generar incertidumbre y miedo, lo cual no debe permitirse desde ningún punto de vista. Es necesario comenzar a combatir con decisión y firmeza estos hechos mafiosos, que son resabios de épocas oscuras que vivió nuestro país y que atentan contra los principios republicanos.
Apenas iniciado 2017, comenzó un conflicto entre la Municipalidad de San Miguel y la Línea N° 11. El Gobierno de la ciudad decidió revocarle la concesión a Inverbus y le otorgó el recorrido a Leagas SA. En el medio de la disputa quedaron los choferes que no habían cobrado el último sueldo y el bono de fin de año y los usuarios, que se quedaron sin el servicio. La intendencia le solicitó a las líneas 5, 7, 10 y 17 que cubrieran provisoriamente el recorrido de la 11 e informó que se le había quitado la concesión a Inverbus por reiterados incumplimientos legales en la prestación del servicio. Para evitar que este dejara de prestarse, autorizó a otra empresa de colectivos que se hiciera cargo del trayecto en forma precaria y transitoria, hasta tanto se llamara a licitación. Señaló que la compañía no había presentado la documentación necesaria para solicitar la renovación del plazo de la concesión: balance 2015, contrato de locación, detalle y documentación de los vehículos, incorporación de las unidades 0 kilometro, libre deuda nacional, provincial y municipal, y el pago del derecho de renovación de la concesión.
Inverbus negó algunas de las acusaciones y presentó un recurso de amparo en la Sala 1 de la Cámara en lo Contencioso Administrativo. La Justicia falló a favor de la compañía de colectivos, le ordenó que abonara los sueldos y a la Municipalidad que le devolviera las máquinas validadoras para que pudiese seguir brindando servicio. Entretanto, los choferes se movilizaron a la plaza Independencia para protestar y generaron un caos de grandes proporciones en el tránsito; luego trasladaron el reclamo a la sede municipal. Finalmente, el lunes, todo pareció volver a la normalidad con el regreso de la Línea 11 a la calle. Pero las agresiones que sufrieron los choferes por la noche en Barrio Sur echaron sombras en este asunto y sobre sus protagonistas.
Este ataque deleznable a los colectivos genera todo tipo de suspicacias y refleja que hay intereses creados en torno a este conflicto que no termina de cerrarse. Creemos que no se debe dejar pasar por alto este atentado. La Justicia debe investigar a fondo hasta detener a los atacantes y aplicar las sanciones correspondientes. Al mismo tiempo, el Estado debe garantizar la seguridad no sólo de los conductores, sino también de los usuarios, que vienen soportando los coletazos de esta disputa desde el inicio del año.
Estas intimidaciones buscan generar incertidumbre y miedo, lo cual no debe permitirse desde ningún punto de vista. Es necesario comenzar a combatir con decisión y firmeza estos hechos mafiosos, que son resabios de épocas oscuras que vivió nuestro país y que atentan contra los principios republicanos.
Lo más popular
