Por Juan Manuel Asis
08 Enero 2017
Política se hace con plata. Esa frase, de un pragmatismo extremista, adquirió relevancia cuando se la puso en boca de un ex presidente, porque desvaloriza la acción política y limita su influencia y éxito sólo al uso de los recursos. Los tenés, hacés; no tenés, no hacés. Fórmula reduccionista de esta línea de pensamiento dirigencial que, por otro lado, gobierna las conductas de las autoridades políticas en este siglo XXI, que heredó los problemas y las fiebres del veinte. La caja única es el efecto práctico de esta forma de ver la política desde el poder.
La centralización de los recursos coparticipables en manos de los ejecutivos derivó en un clientelismo institucionalizado, basado en las presiones y en el miedo a no ser correspondido si no había sometimiento de por medio. Ese esquema degenera en una necesidad compulsiva por contar con fondos o por lo menos de obtener garantías escritas de que se dispondrá de ellos; máxime si no se es del color político del que gobierna.
Así se entiende el silencio prudencial de la mayoría de los mandatarios peronistas respecto de los $ 25.000 millones que Macri prometió este año para la bonaerense Vidal. Es que todo lo que digan puede ser usado en su contra. Más vale esperar y analizar hasta dónde se puede decir y presionar para sacar una buena tajada en una eventual negociación económica. El silencio es salud, por ahora; máxime si se tiene en cuenta que en este año electoral todo centavo que se pueda conseguir adquiere relevancia. En el mercado político, esos valores se canjean por tranquilidad social.
Haciendo caja
Los que gobiernan están obligados a “hacer caja”, a tratar de contar con plata para afrontar los comicios porque muchos se juegan su existencia en la arena política. Más allá de la crisis y de los ajustes, hay que separar dinerillos para afrontar la campaña, disimularlos de la mejor manera posible en las planillas presupuestarias para una posterior redistribución subterránea; que luego se puede traducir en bolsones o en ayudas sociales a personas.
Por eso los peronistas locales, que saben de mezclar Estado y partido -baste mirar la integración de las estructuras del PJ, consejo y congreso, para descubrir que están cubiertas con apellidos de funcionarios del Ejecutivo, intendentes, concejales y comisionados rurales-, pusieron el grito en el cielo con los “25 palos” para Buenos Aires. Nadie duda, menos ellos, de que esa suma millonaria -casi la mitad del presupuesto de la provincia- tiene como meta la elección de medio término.
¿Es o no es?
Sobran las excusas sociales para justificar semejante gesto en favor de la “hermana mayor”, pero no sólo Buenos Aires tiene necesidades económicas, el resto de los distritos también. Por lo que si la sensibilidad nacional se agota en favorecer a la gestión macrista, la sospechas de privilegios políticos-electorales estarán más que fundadas. Este Macri no es ningún p.......; va a sacar guita de donde sea: préstamos, maquinita, quita para los comicios, va a haber; apuntó un dirigente del interior al analizar el auxilio económico a María Eugenia Vidal.
Pero lo que no es para algunos justicialistas, lo es para otros. Vaya un aporte de color. El viernes, la presidenta del PJ, Beatriz Rojkés (@betty_rojkes) retuiteó para sus 1.325 seguidores el siguiente mensaje: acá esta el significado del dibujo del p........ que está al frente del país!, que mostraba, precisamente, un dibujo del jefe de Estado. Visiones que dejan entrever el nivel de la pelea que se viene en materia de acciones políticas.
En ese marco, la discusión por los fondos será clave; justo en medio de problemas económicos que soportan todas las provincias. Todos los gobernadores van a exigir un trato equitativo por parte del poder central, de mínima, por temor a que un freno o una merma en el envío de los recursos le genere dificultades en el plano social. Los peronistas están “curados” al respecto, ya que conocen de los premios y los castigos disciplinadores cuando al frente de la caja se encuentra alguien con rasgos autoritarios; o que concibe el ejercicio del poder en base a dar o no dar dinero, ya sea en obras, en ayudas financieras o ATN.
Algunos están alertas por si se repite el mismo esquema aunque con otro presidente, y que finalmente ese sistema se mantenga; aunque se hayan prometido cambios. Algunos recuerdan que no bien asumió, Macri aumentó discrecionalmente del 1,4% al 3,75% (más del 160% de mejora) la coparticipación para la Capital Federal; y ahora anticipa $ 25.000 para Buenos Aires; justo los dos distritos que gobierna el PRO.
Pocas voces de disgusto se hicieron escuchar, tal vez porque haya gobernadores de vacaciones, porque el propio Presidente está descansando, o porque el debate en serio se dará a partir de febrero. Desde Tucumán, el vicegobernador Jaldo, en ejercicio del PE, le apuntó a la masa coparticipable. Entiende que la Nación debe agrandar esa torta para redistribuirla entre las provincias.
Hoy el reparto está establecido por la ley nacional 23.548; que fija la siguiente distribución primaria de la coparticipación federal de impuestos: 42,34% al Tesoro nacional, 56,66% a las provincias y 1% para ATN (Aportes del Tesoro Nacional). En la reforma constitucional de 1994 se estableció que debería concretarse una nueva ley de coparticipación. De eso hace 23 años. Nada hace pensar que hoy si se avanzará en esa línea.
Pero, además, hubo otra medida que “pellizcó” a la oposición de Cambiemos: la eliminación del reintegro del 5% del IVA para las compras con tarjeta de crédito. Se trata de $ 7.500 millones que el Estado no devolverá. La dirigencia peronista no tiene dudas: son aportes para la campaña. Para este sector, el adversario se está preparando para dar una dura batalla, porque si gana en Buenos Aires se “acomodará” mejor para 2019. Esto es política; deslizó un avezado referente peronista territorial.
En ese marco; el intendente capitalino, Alfaro, también le demanda a Manzur $ 85 millones de fondos coparticipables. Todas las demandas son para gestionar; para pagar sueldos, para hacer obras, porque eso se puede traducir en cierta calma social, que es una forma de hacer campaña política desde el Gobierno. Pero en 2017; toda ayuda o exigencia de auxilio económico estará absorbido por las sospechas de intencionalidad electoral.
Derogación llamativa
Justificaciones no faltarán para las demandas de aportes; la situación económica permite abrir esa puerta. Y toda medida gubernamental que en el medio contemple el manejo de recursos, puede ser mirada en el marco del año electoral. Por ejemplo, la derogación de una norma provincial que data del 11 de mayo de 1982. Se trata de la 5.391, firmada por el entonces gobernador de facto Antonio Merlo, que establecía que: “en todos los casos en que la provincia deba abonar haberes atrasados por razones no imputables al agente, los mismos se harán efectivos por los montos vigentes al momento de su efectivo pago”.
¿Por qué la sospecha? Antes de responder hay que detenerse en un par de decretos acuerdos firmados por José Domato durante su gestión, reglamentarios de la norma de la dictadura. El 3 de noviembre de 1989, suscribió el 239/3 por el que, “atendiendo a las difíciles situaciones en la evolución financiera y económica de la provincia”, se consideraba haberes atrasados a los que se abonen con posterioridad a los 15 días del mes siguiente.
Al año exacto, el 9 de noviembre de 1990, firmó el decreto acuerdo 282 por el que, “para sofrenar la profundización de la crisis económica-financiera que afronta la provincia”, determinaba que se consideraban haberes retrasados los que se abonen con posterioridad a “15 días hábiles del mes siguiente devengado”. En un año la crisis obligó a pasar de días corridos a días hábiles; la intervención no tardó en llegar: ocurrió el 19 de enero de 1991.
Esto lleva a preguntar: ¿alguno cree que puede generarse una crisis de tal magnitud como para hacer desaparecer el instrumento que se refiere a actualización de sueldos pagados fuera de término? Para nada, respondió un funcionario, acotando que si hace falta una medida similar se elabora un nuevo texto.
Desde la Legislatura se dijo que la norma de Merlo había perdido su sentido por objetivo cumplido, pero que por error se la incluyó nuevamente en el Digesto Jurídico; por lo que hubo que proceder a derogarla. No hay nada raro, se sostuvo, al tiempo que se recalcó que era una buena “cucarda” para llevar en el pecho en cuanto a que se volteó una norma del gobierno militar. (Dato colateral: si se ingresa a la página web de búsqueda de leyes y decretos se verá que aparecen 84 leyes, 135 decretos y tres decretos acuerdos del gobierno de facto en Tucumán).
Igualmente, no deja de ser llamativo el rápido trámite para derogar la 5.391: el 20 de diciembre ingresó a mesa de entradas de la Legislatura, ese día pasó a las comisiones de Hacienda y de Legislación Social; ese mismo día hubo dictamen; en la jornada siguiente se trató sobre tablas y se sancionó; el 26 de diciembre se comunicó al Poder Ejecutivo y dos días después, el 28 -el de los inocentes- se promulgó como ley 8.978. En el Boletín Oficial apareció el jueves pasado.
Un trámite de 16 días, rápido, para eliminar una ley que había perdido su objeto; como el de actualizar el pago de haberes que se retrasan. Se confía en que no habrá demoras -porque el Gobierno viene pagando en tiempo y forma desde hace años- o se sospecha que puede haber retrasos porque el año electoral influenciará para que la mano del poder central no se abra tan rápido y no sea tan generosa como la gestión anterior. Hipotéticamente, en ese caso, podría haber retrasos salariales. Con la norma derogada, no se pagaría con actualizaciones. Es especulación; pero el año electoral todo lo permite.
La centralización de los recursos coparticipables en manos de los ejecutivos derivó en un clientelismo institucionalizado, basado en las presiones y en el miedo a no ser correspondido si no había sometimiento de por medio. Ese esquema degenera en una necesidad compulsiva por contar con fondos o por lo menos de obtener garantías escritas de que se dispondrá de ellos; máxime si no se es del color político del que gobierna.
Así se entiende el silencio prudencial de la mayoría de los mandatarios peronistas respecto de los $ 25.000 millones que Macri prometió este año para la bonaerense Vidal. Es que todo lo que digan puede ser usado en su contra. Más vale esperar y analizar hasta dónde se puede decir y presionar para sacar una buena tajada en una eventual negociación económica. El silencio es salud, por ahora; máxime si se tiene en cuenta que en este año electoral todo centavo que se pueda conseguir adquiere relevancia. En el mercado político, esos valores se canjean por tranquilidad social.
Haciendo caja
Los que gobiernan están obligados a “hacer caja”, a tratar de contar con plata para afrontar los comicios porque muchos se juegan su existencia en la arena política. Más allá de la crisis y de los ajustes, hay que separar dinerillos para afrontar la campaña, disimularlos de la mejor manera posible en las planillas presupuestarias para una posterior redistribución subterránea; que luego se puede traducir en bolsones o en ayudas sociales a personas.
Por eso los peronistas locales, que saben de mezclar Estado y partido -baste mirar la integración de las estructuras del PJ, consejo y congreso, para descubrir que están cubiertas con apellidos de funcionarios del Ejecutivo, intendentes, concejales y comisionados rurales-, pusieron el grito en el cielo con los “25 palos” para Buenos Aires. Nadie duda, menos ellos, de que esa suma millonaria -casi la mitad del presupuesto de la provincia- tiene como meta la elección de medio término.
¿Es o no es?
Sobran las excusas sociales para justificar semejante gesto en favor de la “hermana mayor”, pero no sólo Buenos Aires tiene necesidades económicas, el resto de los distritos también. Por lo que si la sensibilidad nacional se agota en favorecer a la gestión macrista, la sospechas de privilegios políticos-electorales estarán más que fundadas. Este Macri no es ningún p.......; va a sacar guita de donde sea: préstamos, maquinita, quita para los comicios, va a haber; apuntó un dirigente del interior al analizar el auxilio económico a María Eugenia Vidal.
Pero lo que no es para algunos justicialistas, lo es para otros. Vaya un aporte de color. El viernes, la presidenta del PJ, Beatriz Rojkés (@betty_rojkes) retuiteó para sus 1.325 seguidores el siguiente mensaje: acá esta el significado del dibujo del p........ que está al frente del país!, que mostraba, precisamente, un dibujo del jefe de Estado. Visiones que dejan entrever el nivel de la pelea que se viene en materia de acciones políticas.
En ese marco, la discusión por los fondos será clave; justo en medio de problemas económicos que soportan todas las provincias. Todos los gobernadores van a exigir un trato equitativo por parte del poder central, de mínima, por temor a que un freno o una merma en el envío de los recursos le genere dificultades en el plano social. Los peronistas están “curados” al respecto, ya que conocen de los premios y los castigos disciplinadores cuando al frente de la caja se encuentra alguien con rasgos autoritarios; o que concibe el ejercicio del poder en base a dar o no dar dinero, ya sea en obras, en ayudas financieras o ATN.
Algunos están alertas por si se repite el mismo esquema aunque con otro presidente, y que finalmente ese sistema se mantenga; aunque se hayan prometido cambios. Algunos recuerdan que no bien asumió, Macri aumentó discrecionalmente del 1,4% al 3,75% (más del 160% de mejora) la coparticipación para la Capital Federal; y ahora anticipa $ 25.000 para Buenos Aires; justo los dos distritos que gobierna el PRO.
Pocas voces de disgusto se hicieron escuchar, tal vez porque haya gobernadores de vacaciones, porque el propio Presidente está descansando, o porque el debate en serio se dará a partir de febrero. Desde Tucumán, el vicegobernador Jaldo, en ejercicio del PE, le apuntó a la masa coparticipable. Entiende que la Nación debe agrandar esa torta para redistribuirla entre las provincias.
Hoy el reparto está establecido por la ley nacional 23.548; que fija la siguiente distribución primaria de la coparticipación federal de impuestos: 42,34% al Tesoro nacional, 56,66% a las provincias y 1% para ATN (Aportes del Tesoro Nacional). En la reforma constitucional de 1994 se estableció que debería concretarse una nueva ley de coparticipación. De eso hace 23 años. Nada hace pensar que hoy si se avanzará en esa línea.
Pero, además, hubo otra medida que “pellizcó” a la oposición de Cambiemos: la eliminación del reintegro del 5% del IVA para las compras con tarjeta de crédito. Se trata de $ 7.500 millones que el Estado no devolverá. La dirigencia peronista no tiene dudas: son aportes para la campaña. Para este sector, el adversario se está preparando para dar una dura batalla, porque si gana en Buenos Aires se “acomodará” mejor para 2019. Esto es política; deslizó un avezado referente peronista territorial.
En ese marco; el intendente capitalino, Alfaro, también le demanda a Manzur $ 85 millones de fondos coparticipables. Todas las demandas son para gestionar; para pagar sueldos, para hacer obras, porque eso se puede traducir en cierta calma social, que es una forma de hacer campaña política desde el Gobierno. Pero en 2017; toda ayuda o exigencia de auxilio económico estará absorbido por las sospechas de intencionalidad electoral.
Derogación llamativa
Justificaciones no faltarán para las demandas de aportes; la situación económica permite abrir esa puerta. Y toda medida gubernamental que en el medio contemple el manejo de recursos, puede ser mirada en el marco del año electoral. Por ejemplo, la derogación de una norma provincial que data del 11 de mayo de 1982. Se trata de la 5.391, firmada por el entonces gobernador de facto Antonio Merlo, que establecía que: “en todos los casos en que la provincia deba abonar haberes atrasados por razones no imputables al agente, los mismos se harán efectivos por los montos vigentes al momento de su efectivo pago”.
¿Por qué la sospecha? Antes de responder hay que detenerse en un par de decretos acuerdos firmados por José Domato durante su gestión, reglamentarios de la norma de la dictadura. El 3 de noviembre de 1989, suscribió el 239/3 por el que, “atendiendo a las difíciles situaciones en la evolución financiera y económica de la provincia”, se consideraba haberes atrasados a los que se abonen con posterioridad a los 15 días del mes siguiente.
Al año exacto, el 9 de noviembre de 1990, firmó el decreto acuerdo 282 por el que, “para sofrenar la profundización de la crisis económica-financiera que afronta la provincia”, determinaba que se consideraban haberes retrasados los que se abonen con posterioridad a “15 días hábiles del mes siguiente devengado”. En un año la crisis obligó a pasar de días corridos a días hábiles; la intervención no tardó en llegar: ocurrió el 19 de enero de 1991.
Esto lleva a preguntar: ¿alguno cree que puede generarse una crisis de tal magnitud como para hacer desaparecer el instrumento que se refiere a actualización de sueldos pagados fuera de término? Para nada, respondió un funcionario, acotando que si hace falta una medida similar se elabora un nuevo texto.
Desde la Legislatura se dijo que la norma de Merlo había perdido su sentido por objetivo cumplido, pero que por error se la incluyó nuevamente en el Digesto Jurídico; por lo que hubo que proceder a derogarla. No hay nada raro, se sostuvo, al tiempo que se recalcó que era una buena “cucarda” para llevar en el pecho en cuanto a que se volteó una norma del gobierno militar. (Dato colateral: si se ingresa a la página web de búsqueda de leyes y decretos se verá que aparecen 84 leyes, 135 decretos y tres decretos acuerdos del gobierno de facto en Tucumán).
Igualmente, no deja de ser llamativo el rápido trámite para derogar la 5.391: el 20 de diciembre ingresó a mesa de entradas de la Legislatura, ese día pasó a las comisiones de Hacienda y de Legislación Social; ese mismo día hubo dictamen; en la jornada siguiente se trató sobre tablas y se sancionó; el 26 de diciembre se comunicó al Poder Ejecutivo y dos días después, el 28 -el de los inocentes- se promulgó como ley 8.978. En el Boletín Oficial apareció el jueves pasado.
Un trámite de 16 días, rápido, para eliminar una ley que había perdido su objeto; como el de actualizar el pago de haberes que se retrasan. Se confía en que no habrá demoras -porque el Gobierno viene pagando en tiempo y forma desde hace años- o se sospecha que puede haber retrasos porque el año electoral influenciará para que la mano del poder central no se abra tan rápido y no sea tan generosa como la gestión anterior. Hipotéticamente, en ese caso, podría haber retrasos salariales. Con la norma derogada, no se pagaría con actualizaciones. Es especulación; pero el año electoral todo lo permite.
Lo más popular
