06 Enero 2017
La Corte Suprema de Justicia de Tucumán es la autoridad de aplicación del Código Procesal Penal sancionado en octubre, pero, según el propio alto tribunal, esta función debe ser precisada. Ocurre que la ley de implementación del nuevo digesto coloca la iniciativa sobre una serie de decisiones clave en manos de una comisión especial con representantes de distintas instituciones donde en principio sólo interviene el presidente de la Corte, Antonio Gandur. El 28 de diciembre pasado y al filo del inicio de la feria, los vocales Gandur, René Goane, Antonio Estofán, Claudia Sbdar y Daniel Posse dijeron que todas las actividades de la comisión debían recibir el visto bueno previo del alto tribunal.
La Acordada 1.685/16 dictada con tal motivo dispone agregar a la ley de implementación del nuevo Código un párrafo que da la primera palabra al máximo estrado provincial en lo que refiere a las tareas tendientes a la puesta en vigencia, que está prevista para el primero de septiembre. La decisión llamó la atención puesto que, dado que la Corte no tiene facultades para modificar leyes, sólo puede pedir el agregado a la Legislatura.
La comisión de implementación creada en octubre aún no se reunió. Sus funciones son asistir y asesorar a la Corte; monitorear la implementación del Código, y diseñar propuestas de readecuación edilicia, de recursos y de personal con criterios flexibles de asignación y distribución de las unidades judiciales. La ley establece que tales proposiciones han de ser elevadas a la autoridad de aplicación (Corte). Si prospera el cambio pedido por el alto tribunal, será este quien indique la hoja de ruta a la comisión. Ese comité está formado por cinco representantes del Poder Ejecutivo (tres titulares y dos suplentes); seis del Poder Judicial (tres titulares y tres suplentes); dos del Colegio de Abogados de Tucumán (un titular y un suplente); dos del Colegio de Abogados del Sur (un titular y un suplente) y siete del Poder Legislativo (cinco titulares y dos suplentes).
Los 22 miembros resultan insuficientes para la Corte, que requirió a la Legislatura que amplíe la integración en la misma acordada 1.685. Gandur, Goane, Estofán, Sbdar y Posse sostuvieron que había que incorporar a representantes de las fiscalías y de las defensorías oficiales. “Es de vital importancia la activa participación de quienes efectivamente implementarán la reforma; es decir, de magistrados, fiscales y defensores”, dijeron.
La Acordada 1.685/16 dictada con tal motivo dispone agregar a la ley de implementación del nuevo Código un párrafo que da la primera palabra al máximo estrado provincial en lo que refiere a las tareas tendientes a la puesta en vigencia, que está prevista para el primero de septiembre. La decisión llamó la atención puesto que, dado que la Corte no tiene facultades para modificar leyes, sólo puede pedir el agregado a la Legislatura.
La comisión de implementación creada en octubre aún no se reunió. Sus funciones son asistir y asesorar a la Corte; monitorear la implementación del Código, y diseñar propuestas de readecuación edilicia, de recursos y de personal con criterios flexibles de asignación y distribución de las unidades judiciales. La ley establece que tales proposiciones han de ser elevadas a la autoridad de aplicación (Corte). Si prospera el cambio pedido por el alto tribunal, será este quien indique la hoja de ruta a la comisión. Ese comité está formado por cinco representantes del Poder Ejecutivo (tres titulares y dos suplentes); seis del Poder Judicial (tres titulares y tres suplentes); dos del Colegio de Abogados de Tucumán (un titular y un suplente); dos del Colegio de Abogados del Sur (un titular y un suplente) y siete del Poder Legislativo (cinco titulares y dos suplentes).
Los 22 miembros resultan insuficientes para la Corte, que requirió a la Legislatura que amplíe la integración en la misma acordada 1.685. Gandur, Goane, Estofán, Sbdar y Posse sostuvieron que había que incorporar a representantes de las fiscalías y de las defensorías oficiales. “Es de vital importancia la activa participación de quienes efectivamente implementarán la reforma; es decir, de magistrados, fiscales y defensores”, dijeron.
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