Por Roberto Delgado
10 Diciembre 2016
“Busquen la verdad, a través de la ciencia, la lógica y la razón. Usen los cinco sentidos: señalen olores y ruidos cuando investiguen crímenes. No se dejen llevar por las presiones políticas o de los medios”. (Consejo de Eloy Torales, de la Dirección Nacional de Criminalística, a fiscales y policías en el curso de manejo y gestión en la escena del crimen, el 26/8)
La guerra entre el presidente de la Corte Suprema, Antonio Gandur, y el ministro fiscal, Edmundo Jiménez, tuvo una tensa secuencia el miércoles pasado, cuando se cortó abruptamente la reunión entre todos los fiscales y la Corte, convocada para analizar el problema de la seguridad en las fiscalías que explotó el 16/11, cuando intrusos robaron pruebas, armas y dinero de la oficina del fiscal V, Washington Navarro Dávila. “No hemos tenido acompañamiento institucional de la Corte”, reclamó Navarro Dávila. “Usted está mintiendo”, interrumpió Gandur, que se retiró, clausurando el encuentro. Antonio Estofán, vocal de la Corte, dice que a fines de la semana que viene se haría otra convocatoria, pero por ahora los lazos están cortados en una situación tensa, sin vencedores ni vencidos. Así viene ocurriendo desde que Jiménez, ex ministro de Gobierno de José Alperovich, asumió al frente del Ministerio Fiscal en Tribunales y comenzó a reclamar personal, edificios y presupuesto para la Justicia Penal que, dice, tiene “carencias tremendas” y “no puede dar respuestas”. Reclamo que es replicado por Gandur con la aseveración de que “Jiménez distorsiona la realidad judicial”.
Estructura casi igual
La verdad es que el asunto ya venía distorsionado desde hace mucho y las escaramuzas entre la Corte y el Ministerio Fiscal han sido puntas del iceberg de la crisis profunda de un Poder Judicial que mantiene prácticamente la misma estructura desde hace 25 años, pese a que en la Justicia Penal se instruyen unas 80.000 causas por año. Los cambios que han de venir con el nuevo Código Procesal Penal todavía son pura ilusión, en vista de que la Corte no sabe de dónde sacará dinero para ponerlo en funcionamiento: el pedido de duplicar el presupuesto para 2017 fue entregado fuera de término.
Pequeñas pulseadas
Jiménez y Gandur vienen pulseando desde hace un año por cargos para la creación de la Policía Judicial (se han hecho una decena de contratos en los últimos meses, entre ellos dos ingenieros en las últimas dos semanas) y para reforzar las tareas de las fiscalías (se han nombrado ayudantes fiscales). A fines de octubre hubo enojos por ascensos y promociones determinados por la Corte y rechazo a las impugnaciones de Jiménez.
También se pelean por la potestad de apercibir a los funcionarios de la Justicia penal (el fiscal Navarro Dávila fue sancionado en los días previos al robo en su oficina, y este año también fue sancionada la fiscala Mariana Rivadeneira). Hace un mes, la Cámara Penal cuestionó que la Corte tenga esa facultad.
Se espera que haya también autorización para contar con un inmueble para secuestros judiciales. Hoy los elementos secuestrados en causas bajo investigación están amontonados en armarios de lata cerrados con candados en las fiscalías, y también en sobres de papel y en bolsas tirados en los pisos de las oficinas fiscales. Así les resultó fácil a los ladrones entrar en la Fiscalía V el 16/11, después de que abrieran una puerta chapa que dividía el edificio de tribunales de avenida Sarmiento y Laprida de la obra en construcción (de un edificio de la Justicia) contigua sobre calle Laprida.
A poco que se escarbe en esa pugna, se descubrirá que cinchan por todo. Jiménez dice que quiere acceso a la base de datos derivada del sistema Lex Doctor para poder hacer estadísticas criminales; y el alto tribunal dice que no es su competencia. Con eso, Jiménez termina explicando por qué hay caos en el relevamiento de datos en las fiscalías. “Las estadísticas que tenemos se hacen sobre la base de los informes que hacen los secretarios, que -por supuesto- no van a poner las falencias en su propio trabajo”, explica. Y sigue la cincha: hasta los policías que hacen guardia en Tribunales dependen de la Superintendencia, que depende de la Corte, de modo que los pedidos o reclamos por informes o custodias deben hacerse al secretario de Superintendencia.
Ladrones con poca suerte
Hay más. Ante la crisis de custodia del material secuestrado, la Corte ha autorizado hace tiempo que cada fiscalía tenga una caja de seguridad en el Banco del Tucumán. Navarro Dávila dice que en marzo se secuestraron en un allanamiento en la avenida Sáenz Peña $ 368.700 en billetes de baja denominación (entraban en seis bolsas de consorcio); que pidió que le habiliten cinco cajas de seguridad y nunca le contestaron. El dinero estuvo custodiado por policías hasta que, al no haberse presentado ninguna víctima a reclamarlo, y al haber justificado la esposa del detenido la procedencia de esa plata de un préstamo y de un drugstore, fue restituida. Pero no se les dieron más cajas de seguridad a las fiscalías. Agrega el fiscal que en la incursión del 16/11 los ladrones tuvieron la mala suerte de que tres días antes habían sido entregados a una víctima $ 99.700 que estaban secuestrados y guardados en la pequeña caja fuerte que fue saqueada en la fiscalía. “Ahora se sabe que ahí había sólo $ 8.000”, dice.
Por otra parte, de la autorización de la Corte depende que se hagan las pericias sobre celulares secuestrados en las investigaciones. Por cada causa se incautan entre tres y cinco aparatos. En el robo del 16/11 los ladrones se llevaron unos 143 teléfonos (dejaron tirados en la obra los que no eran smartphones) que estaban en el armario porque aún no habían sido peritados. Según los fiscales, desde comienzo de año está vencida la licencia del software de la UFED, que es la valija para hacer pericias. Como no se renueva la licencia, en algunos pocos casos se piden estudios a Salta. El resto de causas queda con los celulares guardados en los armarios de lata.
Entendimiento nulo
Todo este cambalache tiene injerencia directa en la gente, que no sólo no tiene (tal y como reconocen los mismos funcionarios judiciales) respuestas de la Justicia, sino que en casos como este robo no tendrá ni esperanza. En esos celulares había pruebas de abusos (mensajes de texto y de Whatsapp, de Facebook y hasta videos) que se llevaron los ladrones. “En el encuentro del miércoles yo quise declarar como víctima de robo, con todo el derecho que tienen las víctimas de reclamar”, dice Navarro Dávila, que agrega que negarle el derecho a protestar “es un capricho”. Una fuente de la Corte replica que este fiscal, que no sólo ha sido ya sancionado (se rumorea que ahora podría ser apercibido) sino que ha sido el centro de varios infiernos mediatizados, como la demorada pesquisa de las valijas legislativas por los “gastos sociales”, es bastante indomable y genera dudas acerca de cómo podría desarrollarse una nueva reunión entre los jueces máximos y los fiscales. Encima, Gandur tiene que volver atrás de su enojo. Enfurecido el presidente de la Corte, no hay instancia superior para que zanje en este diálogo que parece calcado de las conversaciones en el “cono del silencio” de la serie televisiva del superagente 86, en el que no había ninguna posibilidad de entendimiento.
La pulseada entre la Corte y el Ministerio Fiscal, en este sentido, le deja a la sociedad la dura sensación de la Justicia distorsionada de su función. Si los ladrones desvalijan la oficina donde se investigan los delitos, ¿qué puede esperar la gente común? Muy poco. ¿Cómo van a usar la ciencia, la lógica y la razón en sus investigaciones, con semejante precariedad?
De hecho, a casi un mes del robo del 16/11, la causa, que es investigada por el fiscal Arnoldo Suasnábar, sigue bajo secreto de sumario y aún no se sabe qué registraron las cámaras de seguridad de Tribunales. En ese momento se dijo que los monitores de la sala de guardia no estaban funcionando (no había actividad porque era el día del empleado judicial), pero que las cámaras sí grababan.
Además, otra gran sorpresa de esto se dio el miércoles pasado. Al cabo de tanto escándalo, se encontró que en una puerta de chapa que comunica la Fiscalía IX con la obra en construcción alguien se había olvidado de poner el candado en el pasador. Todo sigue igual. Y más de lo mismo no es lo mismo, es peor.
La guerra entre el presidente de la Corte Suprema, Antonio Gandur, y el ministro fiscal, Edmundo Jiménez, tuvo una tensa secuencia el miércoles pasado, cuando se cortó abruptamente la reunión entre todos los fiscales y la Corte, convocada para analizar el problema de la seguridad en las fiscalías que explotó el 16/11, cuando intrusos robaron pruebas, armas y dinero de la oficina del fiscal V, Washington Navarro Dávila. “No hemos tenido acompañamiento institucional de la Corte”, reclamó Navarro Dávila. “Usted está mintiendo”, interrumpió Gandur, que se retiró, clausurando el encuentro. Antonio Estofán, vocal de la Corte, dice que a fines de la semana que viene se haría otra convocatoria, pero por ahora los lazos están cortados en una situación tensa, sin vencedores ni vencidos. Así viene ocurriendo desde que Jiménez, ex ministro de Gobierno de José Alperovich, asumió al frente del Ministerio Fiscal en Tribunales y comenzó a reclamar personal, edificios y presupuesto para la Justicia Penal que, dice, tiene “carencias tremendas” y “no puede dar respuestas”. Reclamo que es replicado por Gandur con la aseveración de que “Jiménez distorsiona la realidad judicial”.
Estructura casi igual
La verdad es que el asunto ya venía distorsionado desde hace mucho y las escaramuzas entre la Corte y el Ministerio Fiscal han sido puntas del iceberg de la crisis profunda de un Poder Judicial que mantiene prácticamente la misma estructura desde hace 25 años, pese a que en la Justicia Penal se instruyen unas 80.000 causas por año. Los cambios que han de venir con el nuevo Código Procesal Penal todavía son pura ilusión, en vista de que la Corte no sabe de dónde sacará dinero para ponerlo en funcionamiento: el pedido de duplicar el presupuesto para 2017 fue entregado fuera de término.
Pequeñas pulseadas
Jiménez y Gandur vienen pulseando desde hace un año por cargos para la creación de la Policía Judicial (se han hecho una decena de contratos en los últimos meses, entre ellos dos ingenieros en las últimas dos semanas) y para reforzar las tareas de las fiscalías (se han nombrado ayudantes fiscales). A fines de octubre hubo enojos por ascensos y promociones determinados por la Corte y rechazo a las impugnaciones de Jiménez.
También se pelean por la potestad de apercibir a los funcionarios de la Justicia penal (el fiscal Navarro Dávila fue sancionado en los días previos al robo en su oficina, y este año también fue sancionada la fiscala Mariana Rivadeneira). Hace un mes, la Cámara Penal cuestionó que la Corte tenga esa facultad.
Se espera que haya también autorización para contar con un inmueble para secuestros judiciales. Hoy los elementos secuestrados en causas bajo investigación están amontonados en armarios de lata cerrados con candados en las fiscalías, y también en sobres de papel y en bolsas tirados en los pisos de las oficinas fiscales. Así les resultó fácil a los ladrones entrar en la Fiscalía V el 16/11, después de que abrieran una puerta chapa que dividía el edificio de tribunales de avenida Sarmiento y Laprida de la obra en construcción (de un edificio de la Justicia) contigua sobre calle Laprida.
A poco que se escarbe en esa pugna, se descubrirá que cinchan por todo. Jiménez dice que quiere acceso a la base de datos derivada del sistema Lex Doctor para poder hacer estadísticas criminales; y el alto tribunal dice que no es su competencia. Con eso, Jiménez termina explicando por qué hay caos en el relevamiento de datos en las fiscalías. “Las estadísticas que tenemos se hacen sobre la base de los informes que hacen los secretarios, que -por supuesto- no van a poner las falencias en su propio trabajo”, explica. Y sigue la cincha: hasta los policías que hacen guardia en Tribunales dependen de la Superintendencia, que depende de la Corte, de modo que los pedidos o reclamos por informes o custodias deben hacerse al secretario de Superintendencia.
Ladrones con poca suerte
Hay más. Ante la crisis de custodia del material secuestrado, la Corte ha autorizado hace tiempo que cada fiscalía tenga una caja de seguridad en el Banco del Tucumán. Navarro Dávila dice que en marzo se secuestraron en un allanamiento en la avenida Sáenz Peña $ 368.700 en billetes de baja denominación (entraban en seis bolsas de consorcio); que pidió que le habiliten cinco cajas de seguridad y nunca le contestaron. El dinero estuvo custodiado por policías hasta que, al no haberse presentado ninguna víctima a reclamarlo, y al haber justificado la esposa del detenido la procedencia de esa plata de un préstamo y de un drugstore, fue restituida. Pero no se les dieron más cajas de seguridad a las fiscalías. Agrega el fiscal que en la incursión del 16/11 los ladrones tuvieron la mala suerte de que tres días antes habían sido entregados a una víctima $ 99.700 que estaban secuestrados y guardados en la pequeña caja fuerte que fue saqueada en la fiscalía. “Ahora se sabe que ahí había sólo $ 8.000”, dice.
Por otra parte, de la autorización de la Corte depende que se hagan las pericias sobre celulares secuestrados en las investigaciones. Por cada causa se incautan entre tres y cinco aparatos. En el robo del 16/11 los ladrones se llevaron unos 143 teléfonos (dejaron tirados en la obra los que no eran smartphones) que estaban en el armario porque aún no habían sido peritados. Según los fiscales, desde comienzo de año está vencida la licencia del software de la UFED, que es la valija para hacer pericias. Como no se renueva la licencia, en algunos pocos casos se piden estudios a Salta. El resto de causas queda con los celulares guardados en los armarios de lata.
Entendimiento nulo
Todo este cambalache tiene injerencia directa en la gente, que no sólo no tiene (tal y como reconocen los mismos funcionarios judiciales) respuestas de la Justicia, sino que en casos como este robo no tendrá ni esperanza. En esos celulares había pruebas de abusos (mensajes de texto y de Whatsapp, de Facebook y hasta videos) que se llevaron los ladrones. “En el encuentro del miércoles yo quise declarar como víctima de robo, con todo el derecho que tienen las víctimas de reclamar”, dice Navarro Dávila, que agrega que negarle el derecho a protestar “es un capricho”. Una fuente de la Corte replica que este fiscal, que no sólo ha sido ya sancionado (se rumorea que ahora podría ser apercibido) sino que ha sido el centro de varios infiernos mediatizados, como la demorada pesquisa de las valijas legislativas por los “gastos sociales”, es bastante indomable y genera dudas acerca de cómo podría desarrollarse una nueva reunión entre los jueces máximos y los fiscales. Encima, Gandur tiene que volver atrás de su enojo. Enfurecido el presidente de la Corte, no hay instancia superior para que zanje en este diálogo que parece calcado de las conversaciones en el “cono del silencio” de la serie televisiva del superagente 86, en el que no había ninguna posibilidad de entendimiento.
La pulseada entre la Corte y el Ministerio Fiscal, en este sentido, le deja a la sociedad la dura sensación de la Justicia distorsionada de su función. Si los ladrones desvalijan la oficina donde se investigan los delitos, ¿qué puede esperar la gente común? Muy poco. ¿Cómo van a usar la ciencia, la lógica y la razón en sus investigaciones, con semejante precariedad?
De hecho, a casi un mes del robo del 16/11, la causa, que es investigada por el fiscal Arnoldo Suasnábar, sigue bajo secreto de sumario y aún no se sabe qué registraron las cámaras de seguridad de Tribunales. En ese momento se dijo que los monitores de la sala de guardia no estaban funcionando (no había actividad porque era el día del empleado judicial), pero que las cámaras sí grababan.
Además, otra gran sorpresa de esto se dio el miércoles pasado. Al cabo de tanto escándalo, se encontró que en una puerta de chapa que comunica la Fiscalía IX con la obra en construcción alguien se había olvidado de poner el candado en el pasador. Todo sigue igual. Y más de lo mismo no es lo mismo, es peor.
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