06 Diciembre 2016
EN UN DEPÓSITO. El testigo Mitre aportó fotos de las cajas en su local.
La Legislatura ya no podrá mover de su sede de Muñecas 951 las cajas con documentación respaldatoria de los millonarios fondos ejecutados como subsidios (conocidos como “gastos sociales”), algo que había revelado el inesperado testigo Mario Hernán Mitre.
El vicegobernador, Osvaldo Jaldo, fue notificado formalmente sobre la medida cautelar dictada por la Sala II de la Cámara en lo Contencioso Administrativo, que lo designó depositario judicial de los recibos de las ya derogadas “ayudas sociales a personas”, en el marco de la acción declarativa de certeza iniciada por el legislador macrista Luis Brodersen (PRO-A).
Esos papeles, que deberán permanecer inmovilizados y bajo resguardo, son considerados fundamentales en diversas causas penales y civiles que indagan sobre el manejo de esos fondos públicos.
Los vocales Rodolfo Novillo y Carlos Giovanniello habían dictado la cautelar el 25 de noviembre. Pero antes de que fueran las notificaciones sobre la medida fueran giradas a la Legislatura y a la Provincia (ambas actúan como demandadas en este proceso), la defensa recusó a los magistrados por un supuesto “odio visceral” hacia el cuerpo legislativo.
Los vocales Ebe López Piossek y Sergio Gandur fueron designados por sorteo para dirimir las objeciones planteadas por el Estado provincial. La semana pasada, con esa novedad, se concretó la notificación sobre la vigencia de la medida cautelar a la Provincia, a través de la Fiscalía de Estado, y al Poder Legislativo. Ahora, el vicegobernador tiene hasta el miércoles para elevar un informe en el que deberá “individualizar el sitio preciso adonde será custodiada la documentación en cuestión”.
En noviembre de 2015, LA GACETA reveló que la plata para esas ayudas era trasladada en valijas, desde una sucursal céntrica hasta el edificio del cuerpo legislativo. En el año electoral -el último del actual gobernador, Juan Manzur, como presidente de la Cámara-, el 40% del presupuesto de ese poder fue destinado a subsidios. El 22 de agosto pasado, tras varios meses de tensión, Jaldo dictó un decreto que derogaba la entrega de dinero a personas (siguen los subsidios a entes de bien público) y dispuso la bancarización de todas las finanzas (la Tesorería ya no paga en efectivo, sino mediante cheques).
Diversas causas
Las sospechas en torno al manejo de los subsidios de la Legislatura derivaron en la apertura de varias causas judiciales. La Justicia Federal investiga la presunta evasión impositiva. Según la hipótesis del denunciante, Oscar López, la plata ejecutada como “ayudas sociales a personas” no tenía ese destino, sino el pago de sobresueldos para legisladores (sólo pueden percibir una dieta, equivalente al sueldo) y para funcionarios. El propio López además denunció ante el fuero provincial a toda la conformación anterior de la Cámara por el presunto manejo irregular de esa plata. Por su parte, el legislador Brodersen planteó una acción declarativa de certezas para que se determine la legalidad o constitucionalidad de la entrega de subsidios por parte de la Cámara. Además, el radical Eudoro Aráoz requirió -también en el fuero contencioso- el acceso a toda la documentación respaldatoria de esos subsidios, alegando que se trata de información de carácter público.
Así, el contenido de los comprobantes de los “gastos sociales” puede ser determinante para esas causas. Hasta ahora, en los diferentes procesos en que esos papeles han sido solicitados, la Legislatura y la Provincia han planteado diversas objeciones. Por ejemplo, en septiembre, en la causa federal por presunta evasión, el fiscal federal Carlos Brito solicitó al cuerpo legislativo pidió los comprobantes de los “gastos sociales” a la Cámara legislativa. Si bien en principio el vicegobernador solicitó una prórroga de 10 días -que le fue concedida-, luego el titular subrogante de la Cámara, el oficialista Julio Silman, llevó ante el juez federal Daniel Bejas un dictamen de la asesoría letrada requiriendo la nulidad de esa medida. La cuestión está bajo análisis de la Cámara Federal de Apelaciones.
En noviembre, el testigo Mitre se presentó ante Brito y reveló que el subtesorero de la Legislatura, Diego de Piero, le había alquilado desde agosto su local de calle Corrientes 45 como depósito. Certificó con fotos y una escribana la existencia de las cajas que decían “subsidios Legislatura 2015”. Los papeles, que habrían sido retirados antes de su declaración, ahora no podrán salir de la Cámara.
El vicegobernador, Osvaldo Jaldo, fue notificado formalmente sobre la medida cautelar dictada por la Sala II de la Cámara en lo Contencioso Administrativo, que lo designó depositario judicial de los recibos de las ya derogadas “ayudas sociales a personas”, en el marco de la acción declarativa de certeza iniciada por el legislador macrista Luis Brodersen (PRO-A).
Esos papeles, que deberán permanecer inmovilizados y bajo resguardo, son considerados fundamentales en diversas causas penales y civiles que indagan sobre el manejo de esos fondos públicos.
Los vocales Rodolfo Novillo y Carlos Giovanniello habían dictado la cautelar el 25 de noviembre. Pero antes de que fueran las notificaciones sobre la medida fueran giradas a la Legislatura y a la Provincia (ambas actúan como demandadas en este proceso), la defensa recusó a los magistrados por un supuesto “odio visceral” hacia el cuerpo legislativo.
Los vocales Ebe López Piossek y Sergio Gandur fueron designados por sorteo para dirimir las objeciones planteadas por el Estado provincial. La semana pasada, con esa novedad, se concretó la notificación sobre la vigencia de la medida cautelar a la Provincia, a través de la Fiscalía de Estado, y al Poder Legislativo. Ahora, el vicegobernador tiene hasta el miércoles para elevar un informe en el que deberá “individualizar el sitio preciso adonde será custodiada la documentación en cuestión”.
En noviembre de 2015, LA GACETA reveló que la plata para esas ayudas era trasladada en valijas, desde una sucursal céntrica hasta el edificio del cuerpo legislativo. En el año electoral -el último del actual gobernador, Juan Manzur, como presidente de la Cámara-, el 40% del presupuesto de ese poder fue destinado a subsidios. El 22 de agosto pasado, tras varios meses de tensión, Jaldo dictó un decreto que derogaba la entrega de dinero a personas (siguen los subsidios a entes de bien público) y dispuso la bancarización de todas las finanzas (la Tesorería ya no paga en efectivo, sino mediante cheques).
Diversas causas
Las sospechas en torno al manejo de los subsidios de la Legislatura derivaron en la apertura de varias causas judiciales. La Justicia Federal investiga la presunta evasión impositiva. Según la hipótesis del denunciante, Oscar López, la plata ejecutada como “ayudas sociales a personas” no tenía ese destino, sino el pago de sobresueldos para legisladores (sólo pueden percibir una dieta, equivalente al sueldo) y para funcionarios. El propio López además denunció ante el fuero provincial a toda la conformación anterior de la Cámara por el presunto manejo irregular de esa plata. Por su parte, el legislador Brodersen planteó una acción declarativa de certezas para que se determine la legalidad o constitucionalidad de la entrega de subsidios por parte de la Cámara. Además, el radical Eudoro Aráoz requirió -también en el fuero contencioso- el acceso a toda la documentación respaldatoria de esos subsidios, alegando que se trata de información de carácter público.
Así, el contenido de los comprobantes de los “gastos sociales” puede ser determinante para esas causas. Hasta ahora, en los diferentes procesos en que esos papeles han sido solicitados, la Legislatura y la Provincia han planteado diversas objeciones. Por ejemplo, en septiembre, en la causa federal por presunta evasión, el fiscal federal Carlos Brito solicitó al cuerpo legislativo pidió los comprobantes de los “gastos sociales” a la Cámara legislativa. Si bien en principio el vicegobernador solicitó una prórroga de 10 días -que le fue concedida-, luego el titular subrogante de la Cámara, el oficialista Julio Silman, llevó ante el juez federal Daniel Bejas un dictamen de la asesoría letrada requiriendo la nulidad de esa medida. La cuestión está bajo análisis de la Cámara Federal de Apelaciones.
En noviembre, el testigo Mitre se presentó ante Brito y reveló que el subtesorero de la Legislatura, Diego de Piero, le había alquilado desde agosto su local de calle Corrientes 45 como depósito. Certificó con fotos y una escribana la existencia de las cajas que decían “subsidios Legislatura 2015”. Los papeles, que habrían sido retirados antes de su declaración, ahora no podrán salir de la Cámara.
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