30 Noviembre 2016
La Justicia ordenó que se resguarden los recibos de los gastos sociales
Una cautelar, pedida por un parlamentario, dispone que el vicegobernador es responsable por la documentación Brodersen (PRO-A) había solicitado una medida de protección de la prueba, luego de que un testigo clave revelara su traslado
CORRIENTES 45. El testigo Hernán Mitre tomó fotos de las cajas en su local, preocupado por la posible comisión de un delito, y las entregó a la Justicia.
Son cajas repletas de papeles. Se trata de la supuesta documentación respaldatoria de los millonarios subsidios legislativos -conocidos como gastos sociales- entregados en el 2015 electoral y hasta agosto de 2016, cuando esas “ayudas sociales a personas” fueron derogadas por el vicegobernador, Osvaldo Jaldo.
Aquellos recibos, que son considerados elementos de prueba clave en distintas causas judiciales, ahora deberán estar bajo estricto resguardo y no podrán ser movidos de la sede parlamentaria. Así lo dispuso la Sala II de la Cámara en lo Contencioso Administrativa, integrada por los vocales Rodolfo Novillo y Carlos Giovanniello, mediante una cautelar dictada a favor del legislador Luis Brodersen (PRO). El tribunal designó además depositario judicial de esas cajas al vicegobernador, y le ordenó que individualice el sitio preciso donde serán custodiadas, dentro de la sede de calle Muñecas 951.
Brodersen, que tramita una acción declarativa de certeza sobre la legalidad o constitucionalidad del reparto de gastos sociales y otros subsidios a través del Poder Legislativo, había solicitado una medida de protección de esa documentación luego de que LA GACETA diera a conocer la declaración de un sorpresivo testigo ante la Justicia Federal.
Semanas atrás, el comerciante Hernán Mitre reveló ante el fiscal federal Carlos Brito (investiga la posible evasión tributaria por parte de miembros de la anterior conformación legislativa) que las cajas con documentación respaldatoria de las ayudas sociales habían sido llevadas de modo presuntamente irregular por empleados de la Cámara a un local de su propiedad, en Corrientes 45. El testigo aportó fotos certificadas por una escribana y un recibo por el alquiler mensual “de palabra”, en el que constaría la firma del subtesorero de la Legislatura, Diego de Piero, hombre de confianza del secretario legislativo, Claudio Antonio Pérez.
En 2015, que inició con la gestión del actual gobernador, Juan Luis Manzur, la Legislatura entregó $ 615,6 millones en “ayudas sociales a personas” y otros subsidios similares. Esos fondos, según reveló LA GACETA mediante fotos, eran llevados en valijas (en cada una cabían $ 6 millones en billetes de $ 100) desde un banco céntrico hasta la sede parlamentaria. El presunto manejo irregular de ese dinero derivó en la apertura de causas en la Justicia provincial y en la Federal.
Pedidos del macrista
En octubre, el legislador Brodersen -a través de su abogado y secretario de bloque, Carlos Correa- requirió que la documentación respaldatoria de las ayudas sociales fuera incorporada a la causa. La Provincia y la Legislatura, mediante sus asesores letrados, plantearon el rechazo de esa medida. Pero el tribunal le dio la razón al macrista, según la resolución interlocutoria dictada el 18 de noviembre pasado.
Cuando tomó conocimiento de la declaración del testigo Mitre, a través de este diario, Brodersen requirió la protección de las cajas donde se leía “Subsidios 2015 - Poder Legislativo” y otras leyendas similares. Afirmó que esos papeles corren “peligro cierto” y que fueron blanco de objeciones procesales por parte de los abogados estatales.
El viernes pasado, la Sala II firmó una cautelar para el resguardo de esa eventual prueba judicial. Remarcó que esos procesos de conservación están previstos en el Código Procesal Administrativo y en el Código Procesal Civil y Comercial. Y, tras citar la declaración del testigo Mitre ante el fuero federal y la constancia notarial, consideró que aparecen suficientemente acreditados por el demandante los requisitos para el dictado de la disposición judicial. “(Existen) motivos que le llevan a temer que pudiera ser impedida en alguna medida su debida producción (de la prueba), que está aún pendiente, por mediar una reiterada y coincidente oposición tanto de la Legislatura como del Gobierno de la Provincia a admitir que la documentación administrativa sea traída a este juicio”, remarcaron los vocales. Agregaron que la efectiva incorporación de esos papeles a la causa no fue dirimida todavía, y que no puede establecerse con certeza su contenido pormenorizado.
“En definitiva, se trata aquí de proveer de una tutela cautelar simétrica a la necesidad de aseguramiento de pruebas”, advirtieron los vocales.
Los magistrados recordaron luego que, por disposición constitucional, el Estado tiene la obligación jurídica de perseguir el interés público y respetar el orden jurídico con efectividad real y efectos útiles concretos. Y resolvieron que correspondía dictar la cautelar. “La medida de seguridad se centrará concretamente en asegurar la inmovilización física y el resguardo de la documentación en un archivo público de la Legislatura, en condiciones tales que se garantice la conservación intacta e inalterabilidad plena de su contenido”, indicaron los vocales. Y designaron al vicegobernador como responsable de la conservación intangible de la prueba.
Aquellos recibos, que son considerados elementos de prueba clave en distintas causas judiciales, ahora deberán estar bajo estricto resguardo y no podrán ser movidos de la sede parlamentaria. Así lo dispuso la Sala II de la Cámara en lo Contencioso Administrativa, integrada por los vocales Rodolfo Novillo y Carlos Giovanniello, mediante una cautelar dictada a favor del legislador Luis Brodersen (PRO). El tribunal designó además depositario judicial de esas cajas al vicegobernador, y le ordenó que individualice el sitio preciso donde serán custodiadas, dentro de la sede de calle Muñecas 951.
Brodersen, que tramita una acción declarativa de certeza sobre la legalidad o constitucionalidad del reparto de gastos sociales y otros subsidios a través del Poder Legislativo, había solicitado una medida de protección de esa documentación luego de que LA GACETA diera a conocer la declaración de un sorpresivo testigo ante la Justicia Federal.
Semanas atrás, el comerciante Hernán Mitre reveló ante el fiscal federal Carlos Brito (investiga la posible evasión tributaria por parte de miembros de la anterior conformación legislativa) que las cajas con documentación respaldatoria de las ayudas sociales habían sido llevadas de modo presuntamente irregular por empleados de la Cámara a un local de su propiedad, en Corrientes 45. El testigo aportó fotos certificadas por una escribana y un recibo por el alquiler mensual “de palabra”, en el que constaría la firma del subtesorero de la Legislatura, Diego de Piero, hombre de confianza del secretario legislativo, Claudio Antonio Pérez.
En 2015, que inició con la gestión del actual gobernador, Juan Luis Manzur, la Legislatura entregó $ 615,6 millones en “ayudas sociales a personas” y otros subsidios similares. Esos fondos, según reveló LA GACETA mediante fotos, eran llevados en valijas (en cada una cabían $ 6 millones en billetes de $ 100) desde un banco céntrico hasta la sede parlamentaria. El presunto manejo irregular de ese dinero derivó en la apertura de causas en la Justicia provincial y en la Federal.
Pedidos del macrista
En octubre, el legislador Brodersen -a través de su abogado y secretario de bloque, Carlos Correa- requirió que la documentación respaldatoria de las ayudas sociales fuera incorporada a la causa. La Provincia y la Legislatura, mediante sus asesores letrados, plantearon el rechazo de esa medida. Pero el tribunal le dio la razón al macrista, según la resolución interlocutoria dictada el 18 de noviembre pasado.
Cuando tomó conocimiento de la declaración del testigo Mitre, a través de este diario, Brodersen requirió la protección de las cajas donde se leía “Subsidios 2015 - Poder Legislativo” y otras leyendas similares. Afirmó que esos papeles corren “peligro cierto” y que fueron blanco de objeciones procesales por parte de los abogados estatales.
El viernes pasado, la Sala II firmó una cautelar para el resguardo de esa eventual prueba judicial. Remarcó que esos procesos de conservación están previstos en el Código Procesal Administrativo y en el Código Procesal Civil y Comercial. Y, tras citar la declaración del testigo Mitre ante el fuero federal y la constancia notarial, consideró que aparecen suficientemente acreditados por el demandante los requisitos para el dictado de la disposición judicial. “(Existen) motivos que le llevan a temer que pudiera ser impedida en alguna medida su debida producción (de la prueba), que está aún pendiente, por mediar una reiterada y coincidente oposición tanto de la Legislatura como del Gobierno de la Provincia a admitir que la documentación administrativa sea traída a este juicio”, remarcaron los vocales. Agregaron que la efectiva incorporación de esos papeles a la causa no fue dirimida todavía, y que no puede establecerse con certeza su contenido pormenorizado.
“En definitiva, se trata aquí de proveer de una tutela cautelar simétrica a la necesidad de aseguramiento de pruebas”, advirtieron los vocales.
Los magistrados recordaron luego que, por disposición constitucional, el Estado tiene la obligación jurídica de perseguir el interés público y respetar el orden jurídico con efectividad real y efectos útiles concretos. Y resolvieron que correspondía dictar la cautelar. “La medida de seguridad se centrará concretamente en asegurar la inmovilización física y el resguardo de la documentación en un archivo público de la Legislatura, en condiciones tales que se garantice la conservación intacta e inalterabilidad plena de su contenido”, indicaron los vocales. Y designaron al vicegobernador como responsable de la conservación intangible de la prueba.
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