25 Octubre 2016
PERICÁS. El empresario tucumano, el día de su detención. FOTO TOMADA DE ELIBERAL.COM
La fiscal Olga Gay de Castellano solicitó ampliar las imputaciones contra tres ex jueces santiagueños, un empresario periodístico y un empleado judicial acusados de cometer una millonaria defraudación por más de $ 10 millones al Estado de Tucumán.
Fuentes judiciales informaron que la representante del Ministerio Público Fiscal consideró que los ex jueces Ramón Tarchini Saavedra, Lucrecia Martínez Llanos y Miguel Ángel Moreno deben ser imputados por los presuntos delitos de "defraudación en concurso real con prevaricato y retardo de Justicia".
En tanto, para el empresario tucumano Luis Manuel Pericás y el empleado judicial Eduardo Antuz, reclamó que, además, sean imputados por presunto "tráfico de influencias y cohecho".
En diálogo con periodistas, la fiscal penal denunció que se perdieron varios expedientes relacionados con medidas cautelares dictadas por los tres ex jueces. De todos modos, consideró que las pruebas contra los acusados resultan contundentes.
Con anterioridad, el juez Darío Alarcón, a cargo de las investigaciones, había rechazado los pedidos de excarcelaciones formulados por la defensa de los tres ex jueces, del empresario periodístico y de un empleado judicial acusados de cometer una millonaria defraudación al gobierno de Tucumán mediante medidas cautelares.
En consecuencia, los ex magistrados Moreno y Martínez Llanos permanecen detenidos en la Escuela de Policía "Coronel Lorenzo Lugones", mientras que Tarchioni Saavedra sigue internado en una clínica de la capital santiagueña.
En tanto, Pericás sigue alojado en una dependencia policial de la ex Fandet y Antuz, en la Alcaidía de Tribunales de Santiago del Estero.
El escándalo judicial, que derivó en las renuncias de los tres jueces santiagueños, estalló cuando la Fiscalía de Tucumán denunció una defraudación cometida mediante irregulares medidas judiciales en una causa caratulada "Pericás, en contra de Marcelo Dittinis y gobierno de la provincia de Tucumán, por delito a establecer".
Según la investigación, los ex magistrados hicieron lugar a medidas cautelares presentadas por Pericás y ordenaron embargos por 10 millones de pesos, para luego librar oficios que permitieron el cobro de más de 9 millones, provenientes de los fondos de coparticipación federal de la provincia de Tucumán.
Además de la denuncia de las irregularidades, la Fiscalía de Tucumán presentó un escrito "para la inmediata remisión del dinero que quedó embargado en los bancos, y los más de 9 millones obrados, librándose intimaciones contra los denunciados para que los devuelvan".
Asimismo, ordenó la inhibición total de los bienes de los detenidos en la causa, que incluyen viviendas, vehículos y terrenos. (Télam)
Fuentes judiciales informaron que la representante del Ministerio Público Fiscal consideró que los ex jueces Ramón Tarchini Saavedra, Lucrecia Martínez Llanos y Miguel Ángel Moreno deben ser imputados por los presuntos delitos de "defraudación en concurso real con prevaricato y retardo de Justicia".
En tanto, para el empresario tucumano Luis Manuel Pericás y el empleado judicial Eduardo Antuz, reclamó que, además, sean imputados por presunto "tráfico de influencias y cohecho".
En diálogo con periodistas, la fiscal penal denunció que se perdieron varios expedientes relacionados con medidas cautelares dictadas por los tres ex jueces. De todos modos, consideró que las pruebas contra los acusados resultan contundentes.
Con anterioridad, el juez Darío Alarcón, a cargo de las investigaciones, había rechazado los pedidos de excarcelaciones formulados por la defensa de los tres ex jueces, del empresario periodístico y de un empleado judicial acusados de cometer una millonaria defraudación al gobierno de Tucumán mediante medidas cautelares.
En consecuencia, los ex magistrados Moreno y Martínez Llanos permanecen detenidos en la Escuela de Policía "Coronel Lorenzo Lugones", mientras que Tarchioni Saavedra sigue internado en una clínica de la capital santiagueña.
En tanto, Pericás sigue alojado en una dependencia policial de la ex Fandet y Antuz, en la Alcaidía de Tribunales de Santiago del Estero.
El escándalo judicial, que derivó en las renuncias de los tres jueces santiagueños, estalló cuando la Fiscalía de Tucumán denunció una defraudación cometida mediante irregulares medidas judiciales en una causa caratulada "Pericás, en contra de Marcelo Dittinis y gobierno de la provincia de Tucumán, por delito a establecer".
Según la investigación, los ex magistrados hicieron lugar a medidas cautelares presentadas por Pericás y ordenaron embargos por 10 millones de pesos, para luego librar oficios que permitieron el cobro de más de 9 millones, provenientes de los fondos de coparticipación federal de la provincia de Tucumán.
Además de la denuncia de las irregularidades, la Fiscalía de Tucumán presentó un escrito "para la inmediata remisión del dinero que quedó embargado en los bancos, y los más de 9 millones obrados, librándose intimaciones contra los denunciados para que los devuelvan".
Asimismo, ordenó la inhibición total de los bienes de los detenidos en la causa, que incluyen viviendas, vehículos y terrenos. (Télam)
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