18 Octubre 2016
Un nuevo proyecto referido al acceso a la información pública llegó a mesa de entradas de la Legislatura. En esta ocasión, cuatro radicales solicitaron la adhesión a la norma nacional, que establece la obligatoriedad por parte de organismos públicos a entregar la documentación que requieran los ciudadanos, a partir de 2017.
“Después de 15 años de espera, es ley (nacional) el proyecto que regula el acceso a la información pública, una herramienta clave para promover la participación ciudadana en la transparencia y el control en la administración pública”, indican los fundamentos de la iniciativa, elevada por Luis González (bloque Arturo Illia), Eudoro Aráoz, Adela Estofán y Fernando Valdez (bloque UCR).
La iniciativa se suma a otras referidas a la temática, incluso aportadas por legisladores afines a la Casa de Gobierno. Días atrás, los referentes del bloque oficialista Tucumán Crece, Nancy Bulacio (secretaria) y Ramón Santiago Cano (presidente) también instaron a la adhesión a la ley nacional, promulgada el mes pasado. Por su parte, el macrista Luis Brodersen (bloque PRO-A) había formulado un proyecto similar el 30 de septiembre. “La información no le pertenece al Estado, y que éste brinde el acceso (a los documentos oficiales) no es una gracia o un favor del Gobierno, sino al contrario, un deber para con la población”, indicó en esa iniciativa Brodersen.
Por su parte, el vicepresidente 1° de la Cámara, el oficialista Guillermo Gassenbauer, propuso un régimen paralelo al aprobado a nivel nacional. “La ley sancionada por el Congreso de la Nación establece un plazo de un año para la puesta en vigencia, a partir de su publicación. Teniendo en cuenta que la decisión política es la de abrir las puertas de los poderes del Estado hacia la sociedad, considero que este punto dilata el funcionamiento de una herramienta indispensable. Por eso, en este proyecto se prevé un plazo de 90 días para que el PE reglamente la norma”, indicó Gassenbauer en la iniciativa.
Otros opositores habían firmado en junio pasado un proyecto de “Política Transparente en el Bicentenario”, que incluye el acceso a la información.
“Después de 15 años de espera, es ley (nacional) el proyecto que regula el acceso a la información pública, una herramienta clave para promover la participación ciudadana en la transparencia y el control en la administración pública”, indican los fundamentos de la iniciativa, elevada por Luis González (bloque Arturo Illia), Eudoro Aráoz, Adela Estofán y Fernando Valdez (bloque UCR).
La iniciativa se suma a otras referidas a la temática, incluso aportadas por legisladores afines a la Casa de Gobierno. Días atrás, los referentes del bloque oficialista Tucumán Crece, Nancy Bulacio (secretaria) y Ramón Santiago Cano (presidente) también instaron a la adhesión a la ley nacional, promulgada el mes pasado. Por su parte, el macrista Luis Brodersen (bloque PRO-A) había formulado un proyecto similar el 30 de septiembre. “La información no le pertenece al Estado, y que éste brinde el acceso (a los documentos oficiales) no es una gracia o un favor del Gobierno, sino al contrario, un deber para con la población”, indicó en esa iniciativa Brodersen.
Por su parte, el vicepresidente 1° de la Cámara, el oficialista Guillermo Gassenbauer, propuso un régimen paralelo al aprobado a nivel nacional. “La ley sancionada por el Congreso de la Nación establece un plazo de un año para la puesta en vigencia, a partir de su publicación. Teniendo en cuenta que la decisión política es la de abrir las puertas de los poderes del Estado hacia la sociedad, considero que este punto dilata el funcionamiento de una herramienta indispensable. Por eso, en este proyecto se prevé un plazo de 90 días para que el PE reglamente la norma”, indicó Gassenbauer en la iniciativa.
Otros opositores habían firmado en junio pasado un proyecto de “Política Transparente en el Bicentenario”, que incluye el acceso a la información.
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