25 Septiembre 2016
DANIEL BEJAS
El juez federal N°1 de Tucumán, Daniel Bejas, recibió en las últimas semanas una serie de planteos judiciales en el marco de la causa sobre presunta evasión mediante el sistema de subsidios aplicado por la Legislatura en 2015. El viernes, el magistrado corrió vista al fiscal federal N° 1 de este distrito, Carlos Alberto Brito, para que conteste a las objeciones que surgieron desde que solicitó la documentación respaldatoria por todas las “ayudas sociales a personas” otorgadas entre junio y agosto del año electoral.
Los primeros cuestionamientos aparecieron cuando el ex legislador oficialista Iván Llorens Dip (período 2011-2015), mediante su abogado, Nicolás Pedro Brito, se dirigió al juez federal para poder tener acceso al expediente, basándose en la normativa procesal penal referida a la asunción del rol defensivo. Además, el representante de Llorens Dip remarcó que los oficios girados por el fiscal federal a la Legislatura para solicitar los comprobantes de los “gastos sociales” eran inconstitucionales, ya que pretendían “la autoincriminación”. El letrado destacó luego el principio ne bis in idem, dada la existencia de una causa abierta en la Justicia provincial por presunta malversación de esos fondos. Y añadió: “todo lo relacionado a las ayudas sociales (...) es incompetencia de la Justicia Federal”. La aparición de Llorens Dip en la causa le costó severas críticas del legislador macrista Luis Brodersen, quien lo denunció este año por presunta evasión y otros delitos, también ante el fuero federal. “(Su presentación) constituye sólo una excusa para entorpecer la investigación”, objetó el dirigente del PRO.
El miércoles pasado, en la oficina judicial a cargo de Bejas recibieron nuevos planteos, esta vez desde la Legislatura. El presidente subrogante de la Cámara, Julio Silman, hizo suyo el dictamen del asesor letrado del cuerpo legislativo, Juan José Francisco Gómez, y cuestionó la actuación del representante del Ministerio Público.
Ese día el juez federal incorporó al expediente las diversas actuaciones. Redactó luego un escrito para expresar que su participación en la causa se daba “como director del proceso y custodio de las garantías”. “Cuando existen solicitudes y/o presentaciones que exceden la simple designación de la defensa y/o vista de actuaciones, como ocurre (en este) caso, (...), quien debe resolver los planteos es el magistrado”, insistió Bejas.
El juez federal corrió vista al fiscal federal de las presentaciones efectuadas por la defensa de Llorens Dip (reserva de competencia, eventual abuso funcional, solicitud de suspensión de plazos y de oficios, pretensión de autoincriminación y afectación del principio ne bis in idem, entre otros) y por el legislador Silman (cuestiones referidas a la competencia federal, vulneración de la autonomía provincial, facultades privativas del Poder Legislativo, ausencia de delimitación del objeto de investigación por parte del fiscal federal, afectación del debido proceso, entre otras). Por último, el juez federal Bejas resolvió “la suspensión de los plazos en el presente proceso”, por lo que los tiempos para responder el oficio quedaron freezados por el momento para la Legislatura. Y agregó: “dicha suspensión se extenderá hasta tanto el fiscal federal interviniente proceda a contestar la vista”.
El juez federal N°1 de Tucumán, Daniel Bejas, recibió en las últimas semanas una serie de planteos judiciales en el marco de la causa sobre presunta evasión mediante el sistema de subsidios aplicado por la Legislatura en 2015. El viernes, el magistrado corrió vista al fiscal federal N° 1 de este distrito, Carlos Alberto Brito, para que conteste a las objeciones que surgieron desde que solicitó la documentación respaldatoria por todas las “ayudas sociales a personas” otorgadas entre junio y agosto del año electoral.
Los primeros cuestionamientos aparecieron cuando el ex legislador oficialista Iván Llorens Dip (período 2011-2015), mediante su abogado, Nicolás Pedro Brito, se dirigió al juez federal para poder tener acceso al expediente, basándose en la normativa procesal penal referida a la asunción del rol defensivo. Además, el representante de Llorens Dip remarcó que los oficios girados por el fiscal federal a la Legislatura para solicitar los comprobantes de los “gastos sociales” eran inconstitucionales, ya que pretendían “la autoincriminación”.
El letrado destacó luego el principio ne bis in idem, dada la existencia de una causa abierta en la Justicia provincial por presunta malversación de esos fondos. Y añadió: “todo lo relacionado a las ayudas sociales (...) es incompetencia de la Justicia Federal”. La aparición de Llorens Dip en la causa le costó severas críticas del legislador macrista Luis Brodersen, quien lo denunció este año por presunta evasión y otros delitos, también ante el fuero federal. “(Su presentación) constituye sólo una excusa para entorpecer la investigación”, objetó el dirigente del PRO.
El miércoles pasado, en la oficina judicial a cargo de Bejas recibieron nuevos planteos, esta vez desde la Legislatura. El presidente subrogante de la Cámara, Julio Silman, hizo suyo el dictamen del asesor letrado del cuerpo legislativo, Juan José Francisco Gómez, y cuestionó la actuación del representante del Ministerio Público.
Ese día el juez federal incorporó al expediente las diversas actuaciones. Redactó luego un escrito para expresar que su participación en la causa se daba “como director del proceso y custodio de las garantías”. “Cuando existen solicitudes y/o presentaciones que exceden la simple designación de la defensa y/o vista de actuaciones, como ocurre (en este) caso, (...), quien debe resolver los planteos es el magistrado”, insistió Bejas.
El juez federal corrió vista al fiscal federal de las presentaciones efectuadas por la defensa de Llorens Dip (reserva de competencia, eventual abuso funcional, solicitud de suspensión de plazos y de oficios, pretensión de autoincriminación y afectación del principio ne bis in idem, entre otros) y por el legislador Silman (cuestiones referidas a la competencia federal, vulneración de la autonomía provincial, facultades privativas del Poder Legislativo, ausencia de delimitación del objeto de investigación por parte del fiscal federal, afectación del debido proceso, entre otras).
Por último, el juez federal Bejas resolvió “la suspensión de los plazos en el presente proceso”, por lo que los tiempos para responder el oficio quedaron freezados por el momento para la Legislatura. Y agregó: “dicha suspensión se extenderá hasta tanto el fiscal federal interviniente proceda a contestar la vista”.
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