Impulsaron sus proyectos y rechazaron el DNU

Escucharon a funcionarios del Poder Ejecutivo (PE), a magistrados de la Justicia provincial y a jueces del fuero federal. Analizaron los cinco proyectos de ley, impulsados por oficialistas y opositores por separado. Y consideraron también un decreto de necesidad y urgencia (DNU), firmado por el gobernador, Juan Manzur, y por su gabinete. Ayer, tras esas y otras actividades, tres comisiones del Poder Legislativo emitieron un dictamen unánime para una “triple” declaración de emergencia en la provincia: en seguridad, en el ámbito carcelario y en materia de adicciones. La iniciativa, además de expresar el rechazo al DNU del PE, prevé la adhesión al decreto firmado en enero por el presidente, Mauricio Macri, mediante el cual determinó el estado de excepción en toda la nación por el avance del delito.

También se creará una comisión especial, con representantes de los tres poderes, para realizar un seguimiento de las políticas aplicadas por la nueva normativa.

El dictamen será tratado en la sesión de mañana. En el orden del día también figurará un proyecto de resolución -también emitido ayer por unianimidad-, mediante el cual se exhorta al gobernador a gestionar ante autoridades nacionales el envío de más efectivos de fuerzas federales.

La declaración de la emergencia en seguridad será discutida luego de varios días de tensión en el oficialismo, en torno al impulso de esa normativa. La semana pasada, magistrados federales habían requerido la sanción de esa ley; ante esto, el viernes a primera hora el vicegobernador, Osvaldo Jaldo, convocó a una reunión de Labor Parlamentaria -de la que participan autoridades legislativas y los jefes de bloque) para esa misma tarde, con el objetivo de discutir ese asunto. Cerca del mediodía, Manzur anunció que había rubricado, junto a sus ministros, un DNU en sentido similar (preveía la declaración de emergencia, pero no la adhesión a la normativa nacional). Ayer, con el rechazo del decreto de la Casa de Gobierno, el cuerpo colegiado al parecer sumó un nuevo “round” en la disputa política por este tema.

El dictamen fue rubricado por los oficialistas y los opositores de las comisiones de Asuntos Constitucionales (a cargo del peronista Marcelo Caponio), de Seguridad y Justicia (la preside el oficialista Javier Pucharras) y de Prevención y Lucha contra las Adicciones (el titular es el bussista Claudio Viña).

“Hemos tratado de hacer una norma lo más amplia posible, que abarque las situaciones de todos los delitos complejos, como narcotráfico, tráfico de armas y delitos contra la propiedad”, destacó Caponio, tras la reunión de comisión que se extendió por más de dos horas. Agregó que será “muy importante” la labor del comité especial, que deberá realizar “un seguimiento y monitoreo” de los efectos de la declaración de emergencia. Destacó que ese comité también supervisará las medidas que adopte el Ministerio de Gobierno, Justicia y Seguridad, a cargo de Regino Amado. “No sólo le estamos otorgando facultades (al PE), sino que también está previsto un control sobre las medidas que vaya adoptando, en el marco de esta normativa, el Ministerio. Queremos ver las decisiones políticas y las contrataciones que va a llevar a cabo el Poder Ejecutivo”, advirtió Caponio.

Agregó que también se le dio dictamen a otra iniciativa. “Es un proyecto de resolución que exhorta al gobernador a que haga gestiones ante la Nación a los efectos de garantizar en la provincia una mayor presencia de fuerzas de seguridad nacionales”, indicó. LA GACETA le consultó por último sobre el DNU del PE, finalmente descartado. “La decisión ha sido política. Hemos observado que el DNU no adhería al decreto nacional, cosa que en el dictamen está establecido; a su vez, también se omitían los hechos que se querían atender bajo el estado de emergencia. Hemos privilegiado la prevención de los delitos complejos, del crimen organizado y de los delitos contra la propiedad. Tucumán vive una situación que debe ser erradicada lo antes posible”, finalizó el oficialista.