Ordenan la suspensión del juicio por la megacausa III

La sala IV de la Cámara Federal de Casación Penal hizo lugar a una serie de planteos de imputados del juicio por la Megacausa III con efecto suspensivo. Los defensores de los acusados habían presentado una batería de recusaciones por la integración del Tribunal Oral Federal de Santiago del Estero.

Los abogados dudan de la imparcialidad de los jueces federales José Pérez Villalobos (Córdoba), Juan Ramos Padilla (Capital Federal) y Alicia Noli (Tucumán). Argumentaron que algunos fueron querellantes en otras causas por delitos de lesa humanidad y que otros habrían pertenecido al ERP.

La medida debería hacerse efectiva hoy, que se reanudarán las audiencias, que se concretan los lunes y martes desde hace casi un mes. La semana pasada ya se conocían resoluciones que abrían las quejas contra los jueces, pero se había continuado con el proceso. Sucede que hasta ese momento los fallos de Casación no expresaban el efecto suspensivo. Otro Tribunal deberá definir ahora si aparta a los jueces o si se designa a otros.

“La suspensión era la única alternativa posible para llegar a un juicio justo. Si los jueces recusados hubieran tramitado los planteos en tiempo y forma, hoy no estaríamos en esta situación, era un desgaste evitable”, consideró el abogado Facundo Maggio, defensor del ex juez Santiago Olmedo y del ex militar Cayetano Fiorini. “Los jueces deben velar por el correcto juzgamiento de estos hechos. La imparcialidad es esencial en el proceso penal que se encontraba afectada”, consignó. Maggio describió que la situación de Fiorini es delicada. “Está ciego, sin un riñón, esperando una operación del corazón y con metástasis. El Tribunal lo tiene con prisión preventiva ¿Adónde podría escaparse? Es evidente que al no estar condenado en ninguna causa del país, sólo se lo está mortificando y anticipando una condena”, lamentó.

El proceso oral determinará las posibles responsabilidades de 14 acusados- entre los que se encuentran ex miembros de las fuerzas de seguridad y ex jueces -por delitos de lesa humanidad contra 34 víctimas antes y durante la Dictadura.

Repudian el parate del proceso oral a un mes de su inicio

“Recusar de manera sistemática a los jueces es una práctica habitual de las defensas. Nos llama la atención porque la Cámara abrió la queja por la composición del Tribunal pero no hizo mención específica a la suspensión en un primer momento y ahora sí”. El abogadoPedro Orieta, uno de los querellantes en la megacausa III de Santiago del Estero, repudió que el proceso oral por delitos de lesa humanidad quede en suspenso hasta que se resuelva si los jueces José Pérez Villalobos, Juan Ramos Padilla y Alicia Noli son ratificados o apartados. 

Precisó que las defensas de los ex militares, ex policías y ex jueces acusados van presentando 55 planteos, entre ellos recusaciones, contra los magistrados, los fiscales y empleados judiciales. 

“La situación genera suspicacias. Hay otros intereses por detrás, porque la Cámara no suele hacer menciones de suspensión. Hubo una clara intención de paralizar el juicio. Es una reacción de la corporación judicial. Durante la Dictadura se depusieron a las autoridades de los Poderes Legislativo y Ejecutivo. Los jueces siguieron en general”, advirtió el letrado que representa a la Asociación por la Memoria, la Verdad y la Justicia, un colectivo de ex presos políticos. 

Explicó que la tramitación de la causa, desde la presentación de las denuncias hasta el juicio, llevó 13 años. “Es la causa más compleja que se lleva adelante en Santiago porque se juzgan a ex miembros de las fuerzas y a civiles”, detalló.

Consideró que hay un retroceso en el país relacionado con los juicios de derechos humanos. Consignó que las resoluciones de la Cámara están en consonancia con declaraciones de funcionarios nacionales y con el incremento en la concesión de domiciliarias a imputados y condenados, según ejemplificó. 

“Esta decisión es un nuevo intento de obstaculizar la marcha de la Justicia y de lograr la impunidad. Estamos convencidos de que sus intenciones no son ni la búsqueda de imparcialidad ni de legalidad como declaman. Lo que pretenden es eludir - a través de argucias y chicanas- el peso de la Justicia”, manifestó la Asociación en un comunicado que contó con la adhesión de organizaciones de derechos humanos, políticas y sociales de Santiago y de Tucumán.