El laberinto hecho de un presente perpetuo

Algún atardecer he pisado la calle; si antes de la noche volví, lo hice por el temor que me infundieron las caras de la plebe, caras desconocidas y aplanadas, como la mano abierta. (La casa de Asterión, de Jorge Luis Borges, en El Aleph).

La idea de que un laberinto es la reiteración incesante de instancias, plasmada por Borges en el cuento publicado en 1947, resulta deslumbrante. Esa es la morada que él último de los escritores exquisitos imaginó para Asterión, que no es sino el Minotauro. “Todas las partes de la casa están muchas veces, cualquier lugar es otro lugar. No hay un aljibe, un patio, un abrevadero, un pesebre; son catorce (son infinitos) los pesebres, abrevaderos, aljibes. La casa es del tamaño del mundo; mejor dicho, es el mundo”. 
Gabriel García Márquez homenajea semejante creación en Cien años de soledad, para referir a la muerte de José Arcadio Buendía. El patriarca fundador de Macondo, ya decrépito, “se consolaba con el sueño de los cuartos infinitos. Soñaba que se levantaba de la cama, abría la puerta y pasaba a otro cuarto igual ... hasta el infinito”. Hasta que un día le tocaron el hombro en el cuarto equivocado, “y él se quedó allí para siempre, creyendo que era el cuarto real”. 

Tucumán vive esa encerrona. La Democracia Pavimentadora construyó aquí un escenario de presente perpetuo en el cual el mañana siempre es igual al ayer. La fisonomía de la provincia y de sus poblados no cambiado durante los 12 años del Gobierno que manejó $ 140.000 millones en Presupuestos públicos. A lo sumo, hay más asfalto que antes. Asterión también usaba los cuerpos de quienes entraban para ser sacrificados como marcadores para diferenciar unos corredores de otros. El cordón cuneta cumple esa función, como representación de los restos de las instituciones canjeadas por hormigón durante el alperovichismo.

Peor aún: socialmente, el futuro fue igual al pasado. La pobreza no fue combatida, sino subsidiada. La clase política, a la par, devino casta de nuevos ricos.
Luego, la plutocracia depravó la política: el que pone más dinero en los comicios tiene más chances de ganar. Finalmente, y como en la Inglaterra del siglo XIX o en la Década Infame del siglo XX argentino, en el Tucumán del siglo XXI sólo gobiernan los millonarios. 
Por esto es que al oficialismo le cuesta salir de los Gastos Sociales. Los subsidios millonarios y discrecionales del Poder Legislativo, sujetos a cualquier cosa de rendición de cuentas, cimentaron su régimen. Las votaciones fueron, cada una de ellas, una exhibición de delitos electorales. Desde el acarreo de votantes hasta el bolsoneo, pasando por la compra de votos con dinero, el uso electoral de planes sociales y el manoseo de urnas. Cualquier elección era otra elección.

Los Gastos Sociales fueron indispensables para ello. Tanto fue el descontrol que fueron retirados del banco oficial, y en valijas, $ 200 millones entre junio y agosto de 2015. ¿Qué hicieron con ello? La indocumentada respuesta oficial nunca varió: “lo gastamos en pobres”. Pobres los pobres de Tucumán...
Pero ahora le están tocando el hombro al oficialismo, y la instancia en que se encuentran no es la de la realidad…

El oro de los tigres

De las dos reuniones más reveladoras que acontecieron en las cumbres del poder durante esta semana, la más cercana es la cena que el ex mandatario José Alperovich convidó a unos pocos, muy influyentes y bastante más millonarios empresarios tucumanos, a la que también asistieron el gobernador Juan Manzur y el vicegobernador, Osvaldo Jaldo. A los efectos políticos, las preocupaciones centrales del dueño de casa pasaron por los resultados de una encuesta. 

Es curioso, pero la oposición que integró el Acuerdo por el Bicentenario por estas horas también se entusiasma con un sondeo encargado a una encuestadora nacional y pagada (U$S 10.000) por empresarios tucumanos. El estudio de mercado diría que, más o menos, la mitad de los tucumanos aprueba la gestión provincial. La otra es que tres de cada cuatro de los que avalan el rumbo de este Gobierno también tienen una alta percepción de la corrupción en el poder. 

Si en la cena en lo de Alperovich hablaron de esa misma encuesta o de otra es baladí. Lo cierto es que oficialistas y opositores coincidieron en reparar que la consideración pública de la gestión se mueve entre el pesebre de un nivel de aceptación alto y el aljibe de una imagen negativa profundísima.
Seguramente, lo que Manzur oye es que el nivel de aprobación de su gobernación es considerable.

Probablemente, lo que Alperovich oye es que se encuentra en una pendiente resbaladiza. No lo admite abiertamente, pero sí concede que está “saliendo un poco menos” al interior y a los barrios de la capital. El caso de José López, declarado por el ex gobernador como magno benefactor de Tucumán, no le ha sentado bien al ahora senador, quien compartió boleta con el olímpico revoleador de bolsos y saltador de muros de conventos en octubre. Las peores noticias de los sondeos, aparentemente, serían para él.

Posiblemente, lo que Jaldo oye es que o él termina con los Gastos Sociales, o ellos lo acabarán con él. Su decisión -como se avisó aquí la semana pasada- sería la de que ese sistema está agotado. 

Claro está, no todo se reduce a un caso de percepción. La investigación del fiscal federal Carlos Brito (indaga si los legisladores se quedaban con dineros de los subsidios, que en ese caso los convertiría en sobresueldos que no tributaban aportes ni impuestos, lo cual configuraría el delito de evasión) es toda una cuenta regresiva. O los Gastos Sociales se acaban, o los acabará la Justicia.

Ahora bien, una cosa es lo que eventualmente haya decidido Jaldo y otra es lo que los legisladores resuelvan. O, en términos políticos, ni los legisladores pueden pedirle a él que se suicide manteniendo el sistema; ni puede él proceder unilateralmente sin poner en riesgo la gobernabilidad de la Legislatura.
Esa gobernabilidad mostró esta semana uno de sus costados más expuestos, en la segunda de las reuniones reveladores celebradas en el poder. 

La moneda de hierro

La comisión de Asuntos Municipales de la Legislatura mantuvo un encuentro cuando la semana comenzaba, para tratar como tema central aquello que, minutos antes, se pidió expresamente no tratar: qué va a hacer el Ejecutivo con las deudas de los municipios del interior. 

Aun así, la reunión de comisión sirvió para que hubiera un cruce de verdades. Los que proponen que Manzur brinde a todos los intendentes facilidades para afrontar la deuda pública anticiparon que quieren ir más allá: buscan una condonación de las deudas. Les contestaron que no todas las administraciones municipales eran iguales: unas habían sido prolijas; y otras, desastrosamente sospechosas. Así que convino solicitar informes sobre cada una de las 18 municipalidades de tierra adentro para saber la exacta situación de cada una. Esto puede infartar a un buen número de ex intendentes, pero es un argumento sólido.
Sin embargo, los que reclaman el fin de las deudas municipales también esgrimieron un argumento incontestable. Plantearon que los 15 intendentes peronistas del interior trabajaron para que Manzur esté donde está; mientras que el capitalino Germán Alfaro lo hizo para que gobernaran José Cano y Domingo Amaya. Entonces, preguntaron, ¿por qué para Alfaro sí; y para los fieles, no?

Si no hubo respuesta legislativa a esa cuestión fue porque, en rigor, Manzur tomó la decisión por sí solo. Aún no está claro si el gobernador actuó de ese modo como gesto para la Nación, o si la Nación le pidió proceder así. Eso sí: dos cuestiones se escuchan con nitidez. Una es la creciente indignación de los “leales”, que ya amenazan con no mover un músculo en los comicios de 2017. La otra es la larga carcajada de Alfaro.

Claro que no sólo se oyen reclamos en la Legislatura. También se oyen lamentos. Es que la confesión del legislador Reneé Ramírez de que disponía de $ 150.000 para dárselos a quien quisiera (no se puede hablar de ayuda social cuando, con el dinero de todos, unos pocos asisten a los pocos que ellos eligen de entre todos los necesitados) no sólo blanqueó las cifras para la sociedad en general en torno de los Gastos Sociales, sino también a esposas y esposos en particular. Y por estas horas, la comidilla de Muñecas y Sarmiento consiste en que habría por lo menos una media docena de cónyuges que en sus matrimonios habrían manifestado que manejaban subsidios “sólo” por $ 100.000. 

El otro, el mismo

Mayoritariamente, los legisladores no conciben la eliminación del financiamiento público para su “hacer política”. Es decir, barajan que los Gastos Sociales desaparezcan, pero sólo si se canalizan esos recursos por otras vías que se encuentren disponibles para ellos. 
Por un lado están los que quieren crear una oficina que se encargue de canalizar las “ayudas”. Es decir, mantener los Gastos Sociales, en nombre de que ahora son “mejores”.
Por el otro se encuentran los que proponen eliminar los subsidios y destinar los $ 150.000 mensuales a contratos de personal. Entre estos hay un segundo grupo que, además, quiere que se actualice la dieta legislativa (hoy de $ 30.000) y se la equipare con la de los vocales de la Corte Suprema de Justicia, que alcanza las seis cifras. Ello implicaría duplicar las erogaciones de los parlamentarios, por un lado. Y, más grave aún, darles la razón a quienes sospechaban que esos subsidios no eran para ayudar a los pobres sino para pagar a los punteros (por eso piden contratos) y para pagar gastos privados de los legisladores (por eso piden quintuplicar las dietas).

Resulta evidente que estas alternativas proponen más de lo mismo. Es decir, una puerta de salida a una habitación idéntica a la actual. Pero los legisladores oficialistas blanden un argumento que, si bien no los exculpa, resulta atendible. Plantean que el gobernador prometió una reforma política que nunca cumplió; y que los jueces y los fiscales del Poder Judicial tucumano siguen exentos del impuesto a las ganancias; pero que los únicos compelidos a realizar un cambio de sistema son los legisladores.

El martes se cumple un año de la peor jornada electoral de la historia de Tucumán. Un año de una elección tan bastardeada por el fraude que la Cámara en lo Contencioso Administrativo declaró nula. Un año de que, 72 horas después, una Corte Suprema ad-hoc, sitiada por manifestantes y autoridades provinciales, declarara que la elección era válida. 
Un año de que, como ocurre durante todos los años, todas las puertas sigan dando al mismo Estado de Excepción. 

No hay un laberinto en la provincia. Esta provincia es el laberinto.